¿Qué futuro le depara a nuestras costas?

Colombia tiene dos mares, 47 municipios costeros, 300 playas, 990 especies de peces y unos 3.000 kilómetros de costa, pero pese a todo esto, y poseer hábitats marinos que proveen gran biodiversidad y servicios ambientales a las comunidades que los habitan, aún no tiene una ley de costas que proteja y maneje de forma integral los ecosistemas marinos y costeros.

Mientras estos entornos cada día enfrentan presiones por procesos antrópicos y naturales que causan la pérdida de sus recursos, las normas al respecto son escasas e insuficientes, y dos proyectos que cursan en Senado y Cámara pretenden mejorar el marco jurídico. Ante este escenario un grupo de profesores de los departamentos de Física y Geociencias, Derecho e Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte desarrolló, en noviembre del año pasado, una intervención en el Congreso, donde presentaron una serie de propuestas sobre lo que a su criterio debería tener una ley de costas en Colombia.

Luis Otero, profesor del Departamento de Física y Geociencias y coordinador del Grupo de Investigación en Geociencias, GEO4; Ana Lucía Maya, profesora del Departamento de Derecho y coordinadora de la clínica de derecho ambiental del grupo de litigio de interés público; Germán Rivillas, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y director del Instituto de Desarrollo Sostenible (IDS) y Oscar Álvarez, profesor del Departamento de Física y Geociencias y coordinador del Área de Geociencias, combinaron sus investigaciones y enfoques en el tema costero con el objetivo de generar un impacto directo en la comunidad.

“Logramos juntar investigación e incidencia, y hacer seguimiento a los proyectos de ley de costas. La intervención es un documento que se envió a los senadores que están tramitando el proyecto. Lo analizamos e hicimos una serie de propuestas sobre lo que a nuestro criterio debería tener una ley de costas”, explicó la profesora Maya.

Los dos proyectos en curso son el 097 de 2016C de la Cámara, “por medio de la cual se dictan normas sobre la ordenación integrada de las zonas marinas, costeras e insulares del territorio colombiano, se promueve su preservación y uso sustentable”, y el 013 de 2017 del Senado, “por el cual se establecen medidas de protección y uso de las playas marinas y terrenos de bajamar y se dictan otras disposiciones, ley de costas”.

Pero pese a las medidas de educación ambiental propuestas, ninguno de los dos proyectos “asegura la necesaria coordinación entre los sectores involucrados (ambiental, seguridad nacional y gestión de desastres) en la protección de las zonas marino-costeras”, advirtieron los docentes.

“Existen problemas como la colisión de competencias, diferentes instituciones (la CRA, la DIMAR, el municipio, el Ministerio de Medio Ambiente, de Transporte, entre otros) tienen responsabilidades en temas relacionadas con las costas y mares, pero cuando se va a resolver una actividad determinada puede haber conflicto de competencias y se torna difuso el dirimir de conflictos”, indicó Otero.

Desde el punto de vista de las ingenierías se hace una serie de desarrollos de infraestructura en las costas, y por la falta de ley y de una entidad que aglutine los procesos en materia legal y ambiental –señaló Rivillas– “tenemos un desorden en nuestras costas” que conlleva a una pérdida de la integración entre el ecosistema y la obra que se esté implementando, degradando al primero. 

Los profesores fueron tajantes al afirmar que Colombia necesita una entidad nacional, como una Dirección Nacional para el Manejo Integrado de Zonas Costeras, que oriente a todas las instituciones involucradas, supervise y controle las intervenciones en los ecosistemas marinos y costeros, pues cada municipio afronta sus propios retos, en mayor o menor medida, y la historia ha demostrado que los problemas costeros no responden a las divisiones político-administrativas.

Por eso a pesar de que el proyecto de ley del Senado dispone crear un Fondo para la Recuperación y Mantenimiento de las Playas Marinas y Terrenos de Bajamar, no ven con buenos ojos que sus recursos quieran ser distribuidos entre los municipios y distritos.

Agregaron que se requiere también de un sistema de información ambiental marino costero que permita el acceso a la información y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, e hicieron un llamado para que el conocimiento generado desde los institutos de investigación especializados del Estado y de las universidades sea considerado en el proceso legislativo y la toma de decisiones de la administración pública.

“A través de esta dinámica vamos a seguir trabajando en la misma línea, seguir evaluando, tocando las puertas, hablando con algunos de los equipos de los legisladores. Vamos a tratar de llevar a cabo otros proyectos conjuntos entre Geociencias, el IDS y la clínica de derecho ambiental”, puntualizó Otero.

Por José Luis Rodríguez R.