"Proponemos que los recursos vayan a proyectos de alta rentabilidad social y económica", rector Meisel
La propuesta de Casa Grande Caribe para superar los rezagos en infraestructura de la región tiene un valor de USD 5166 millones de dólares, en un plazo de ocho años. Investigadores presentaron proyectos priorizados por departamento.
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Con los USD 3600 millones que costaría construir el Tren Regional del Caribe, se podría financiar el 70 % de los proyectos de infraestructura de toda la región que propone la iniciativa Casa Grande Caribe para superar los rezagos de desarrollo y bienestar de la región. Fue el cálculo que presentó el rector de Uninorte, Adolfo Meisel, al inicio del Encuentro por la Infraestructura para el Desarrollo y la Transformación Social de Casa Grande Caribe, desarrollado este lunes, 4 de septiembre, en el Coliseo Los Fundadores de la universidad.
“Lo que proponemos es claro: se necesita que los recursos vayan a proyectos de alta rentabilidad social y económica. Esto se logra con voluntad y con una dirigencia comprometida”, señaló Meisel y puntualizó que las obras que sugieren tendrían un valor global de USD 5166 millones de dólares.
El proyecto para conectar a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta por vía férrea, tanto en materia de carga como de pasajeros, fue objeto de estudio por parte de los académicos de Casa Grande Caribe y fueron presentados por Julián Arellana, decano de Ingenierías de Uninorte, quien dirigió el análisis del estudio de prefactibilidad financiado por Findeter.
Como conclusiones principales, Arellana mencionó tres: existen altas incertidumbres respecto a la demanda, costos y beneficios del proyecto; los recaudos no alcanzan a cubrir los costos operacionales, por lo que se requeriría subsidio; y los costos de predios urbanos y suburbanos pueden ser mayores.
“Este proyecto va a costar tres mil seiscientos millones de dólares; es decir cinco millones de dólares, aproximadamente, por kilómetro, y el tiempo de construcción sería de unos ocho años. Lo que se plantea inicialmente es que tendría una capacidad de 400 pasajeros. En una región con tantas necesidades apremiantes, ¿vale la pena seguir invirtiendo en este proyecto?", indicó Arellana.
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En términos financieros, el experto enfatizó en el déficit de cuatro billones de pesos que presenta el proyecto, los que deberían ser cubiertos a través de subsidios. Si bien el tren busca contribuir a la intermodalidad, al aumento de la red férrea a nivel nacional y, por supuesto, a integrar territorios, no se puede desestimar que el país le está apostando a otros proyectos que también buscan beneficiar la intermodalidad, como el aprovechamiento del río Magdalena, que es una estrategia de alcance nacional.
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Las asimetrías entre los grandes departamentos ricos y los departamentos pobres son increíbles, y al final esto lo que lleva es a un problema de ejecución de proyectos, un problema de planificación"
Ángel Cárdenas, gerente de Desarrollo Urbano, Agua y Economías Creativas del Banco de Desarrollo de América Latina.
Posterior a la presentación de Arellana, el exministro y actual director de la RAP Caribe, Amylkar Acosta, hizo algunos comentarios sobre el proyecto del tren ligero. “Se sobrestima el movimiento de carga, que en nuestra región es más radial que transversal. Del centro a los puertos y de los puertos a los centros, pero poca movilización de carga regional”, indicó Acosta.
Infraestructura para la vida digna de los bolivarense costaría cuatro billones de pesos
Comparativamente, con el promedio de la región, Bolívar es de los departamentos que presentan mejores indicadores en términos económicos, con un PIB per cápita 33 % superior al promedio de la región. Sin embargo, entre 2012 y 2021, cerca de 85 mil bolivarenses pasaron a sufrir pobreza monetaria; 13 mil de estas personas son pobres extremos, es decir, pasan hambre.
Estos indicadores ponen en evidencia la desigualdad que caracteriza al departamento, por eso en la propuesta presentada por Casa Grande Caribe, cuyo estudio lideró Aaron Espinosa, director del programa de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar, enfatiza en que la inversión en infraestructura debe aplicarse con criterios de equidad para reducir de manera acelerada la brecha dentro del departamento.
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“A manera de reflexión, debemos empezar por donde están las mayores brechas, que es en cultura y deportes; hay que hacer unos esfuerzos mayúsculos por formulación de proyectos, porque no hay. Así que hay que aterrizar esas necesidades y satisfacerlas con criterio de inclusión”, sostuvo Espinoza durante su presentación en el Encuentro por la Infraestructura para el Desarrollo y la Transformación Social de Casa Grande Caribe.
La inversión en deporte en Bolívar es la segunda más baja en la región Caribe. En 2022, la brecha de desempeño ascendió a 2000 millones de pesos, tan solo el 0,15 % del presupuesto total de inversión del departamento (de 1,3 billones de pesos). En Bolívar, la situación de estas infraestructuras culturales es precaria: solo el 26 % de los municipios (12 de los 46) cuenta con otros espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales.
En el caso de transporte, la propuesta busca avanzar notoriamente en vías terciarias, que se encuentran en muy mal estado, pero hay pocos proyectos formulados en este propósito. En acueducto y alcantarillado, el gran reto es cubrir, si se quiere el acceso universal, una cantidad importantísima de hogares en acueducto. “Hay un gran compromiso de cerrar la brecha urbano rural, y por eso hemos priorizado esos proyectos que contribuyen, en un proceso a largo plazo, en esa dirección”, agregó Espinosa.
Se requieren acciones estratégicas para cerrar las brechas en la zona rural del Atlántico
En el Atlántico, la pobreza multidimensional en 2022 alcanzó el 9,4 % en la cabecera departamental y el 25,0% en los centros poblados y rural disperso; y la brecha en la cobertura de los servicios públicos entre áreas es de 17,9 p.p. en acueducto y de 21,5 p.p. en alcantarillado. Cifras analizadas en el encuentro por Oriana Álvarez, directora de Fundaserrollo, que demuestran que las condiciones de las áreas rurales son significativamente inferiores en los principales indicadores del departamento.
“El departamento también tiene un reto importante en ejecución presupuestal, para el periodo 2018 a 2021, y el promedio del presupuesto ejecutado fue del 72 %. Quiere decir que hay dificultades en materia de planeación y ejecución de los proyectos durante la vigencia. El llamado es cómo lograr inversiones en infraestructura más eficientes, que se cumplan dentro de los tiempos acordados y, sobre todo, que impulsen la competitividad del departamento”, argumentó Álvarez.
De acuerdo con el estudio presentado por la directora de Fundesarrollo, el Atlántico requieriría inversiones de aproximadamente 3,2 billones de pesos (749 millones de dólares) en infraestructura para realizar los proyectos priorizados en los cuatro frentes mencionados, en un plazo de 8 años. Lo que representa una inversión anual de 94 millones de dólares / 399 mil millones de peso
En ese sentido, para reducir las brechas de coberturas en acueducto, 168 mil hogares adicionales deberían ser cubiertos en los próximos 10 años, si se quiere garantizar el acceso universal. “Para que el 100 % de los hogares del departamento tengan acceso al servicio de acueducto y de alcantarillado, se necesitaría una inversión total de 3,9 billones de pesos”, señaló Álvarez.
Uno de los proyectos priorizados en el estudio es el de la navegabilidad del río Magdalena y su canal de acceso, con un valor aproximado de 2,8 millones de pesos, recordando que el comercio a través del afluente en el Atlántico representó el 84 % de las exportaciones a 2022, lo que genera un dinamismo clave en la economía local, siendo estas realizadas por empresas ubicadas en Barranquilla (92%), y en otros municipios como Puerto Colombia, Galapa, y Malambo.
Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, destacó en sus comentarios finales la necesidad de rescatar el Parque Cultural del Caribe, y los buenos resultados del distrito de riego construido en Repelón y la estructuración de dos más: el de la banda oriental y el Súan, Santa Lucía.
“En el Atlántico hay alrededor de 375 mil familias que viven arrendadas o gratis. Es decir, el 47.8 % de los hogares en Atlántico no tiene casa propia. Según el Dane, el principal reto es hacinamiento. El tema de la vivienda es fundamental para el desarrollo social, genera mejores condiciones”, apuntó Fernández.
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