Observatorio registra resultados preliminares sobre la gobernabilidad local en el Caribe

Los territorios del sur del Caribe presentan un desafío adicional en sus procesos de gobernabilidad local, producto del accionar de grupos armados. Además, a pesar de que en algunos territorios se muestra una participación electoral alta, esta se hace bajo unos riesgos de delitos electorales y todavía padecen grandes problemas de gestión pública. Estas son algunas de las conclusiones preliminares del Observatorio de Gobernabilidad Local, creado por el Centro de Pensamiento UnCaribe de la Universidad del Norte, que genera desde mediados de 2018 insumos e información para la deliberación y el fortalecimiento de los procesos de gobernabilidad democrática en la región Caribe y el país.

En cabeza de Ángel Tuirán Sarmiento, director del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, el observatorio aplica el Índice de Gobernabilidad Local -IGL- en los departamentos del Caribe colombiano. Se trata de un instrumento analítico que busca realizar seguimiento a las condiciones de gobernabilidad local, entendida como la capacidad de los gobiernos y las administraciones locales para implementar políticas públicas en sus territorios, dando respuesta a las demandas sociales y entendiendo la forma en que la ciudadanía elige y legitima a sus autoridades.

Para la medición se creó un índice simple, que tiene cuatro variables: Medición de Desempeño Municipal, Índice de Justicia Local, Estabilidad Gubernamental y Participación Electoral, que luego son contrastadas con el contexto territorial. Entidades como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Justicia y Registraduría Nacional, al igual que medios de comunicación locales y nacionales, son sus fuentes principales, enmarcadas en la vigencia 2016 – 2017 ante la disponibilidad de la información y el desarrollo del período de gobierno de los mandatarios locales elegidos en 2015.

“Nuestro objetivo es generar también reflexión no solo para un público conocedor del tema, sino además para la ciudadanía y las administraciones locales. Permitir que la ciudadanía asista a las elecciones de octubre con un conocimiento sobre lo que está pasando en su municipio, hacia dónde va, cuáles son sus problemáticas centrales. Que tanto administración como ciudadanía presenten propuestas para mejorar la gobernabilidad de sus territorios”, afirmó el profesor Tuirán.

Resultados preliminares

Hasta el momento se han divulgado los informes correspondientes a los departamentos de Atlántico, La Guajira, Córdoba, Cesar y Sucre. Magdalena, Bolívar y San Andrés serán publicados en los próximos meses, así como el balance regional. No obstante, el director de departamento destaca, de forma general, algunas tendencias, análisis y sugerencias elaboradas a partir de los resultados preliminares.

Al comparar los promedios departamentales de los resultados del IGL, La Guajira y Córdoba con 2,18 y 2,34, respectivamente, son las entidades que registran hasta el momento los resultados más bajos en materia de gobernabilidad local, ubicándose en categoría Medio Baja del índice. Por el contrario, Atlántico y Cesar logran ubicarse en categoría Media Alta al obtener 2,5 como resultado promedio. Asimismo, Sucre se ubica en categoría Media con un promedio del IGL igual a 2,45.

Al analizar de forma desagregada los datos, la variable donde se observa mayores desafíos por parte de las entidades territoriales es la de Medición de Desempeño Municipal. Los casos de mayor atención son Atlántico, La Guajira y Sucre con 65,2%, 66,6% y 73%, respectivamente, del total de sus municipios en categoría baja de Medición de Desempeño Municipal, para 2016. Estos resultados indican que gran parte de los territorios tienen “mínimas condiciones en materia de gestión y logro de resultados”, lo que afecta el bienestar de sus habitantes.

“Evidencia las debilidades que, en materia de capacidades administrativas, caracterizan a la gran mayoría de municipios del Caribe. Las problemáticas más recurrentes son deficiencias en el uso de instrumentos de ordenamiento territorial, baja tasa efectiva de recaudo predial, dificultad para ejecutar recursos propios y de otras fuentes, poco uso de estrategias de gobierno abierto y bajas coberturas en servicios públicos como acueducto, alcantarillado, salud y educación”, explicó el docente.

En general, el informe demuestra que los departamentos estudiados presentan serias dificultades para consolidar sus finanzas públicas, situación que se evidencia en altos niveles de desactualización catastral, debilidad en el recaudo de impuestos, elevada dependencia de las transferencias nacionales y condiciones económicas adversas. Por eso, en aras de contribuir al debate, el observatorio propone avanzar en la actualización de la base catastral, fortalecer la capacidad institucional para la formulación de proyectos, promover iniciativas participativas que generen espacios de veeduría y diálogo, entre otras recomendaciones.

Por José Luis Rodríguez R.