¿Dónde queda el medio ambiente en el posconflicto?

La organización británica Global Witness colocó a Colombia como uno de los países más peligrosos para un activista ambiental, luego de que revelara la cifra de 25 personas asesinadas por defender estos temas en el 2014 en el país, superado únicamente por Brasil y Honduras.

La cifra anunciada durante la Semana del Derecho, que se llevó a cabo en Uninorte del 20 al 23 de abril, demuestra que en el tema ambiental Colombia también libra una batalla en su defensa, que de acuerdo con los expertos debe ser incluida en las discusiones de paz y en el posconflicto. Según Luz Elena Agudelo, docente del programa de Derecho de Uninorte y experta en temas de derecho ambiental, "si no se incluyen los conflictos ambientales no habrá paz por completo".

Para la docente, a partir del Decreto 2041 del 2014, donde se institucionalizan las licencias ambientales, se inicia además el decrecimiento del presupuesto para el sector ambiental y se disminuyen los gastos de inversión en esta cartera; a pesar de que en el 2012 Colombia participó de la Conferencia Río + 20, donde los países se comprometen a mantener los avances en materia ambiental que hasta ese entonces las naciones habían logrado.

En Colombia la violencia ha estado muy ligada al conflicto ambiental, tal como lo señala la ley 1448 del 2011 de reparación integral de víctimas, en donde se indica que el conflicto armado en Colombia no se reduce simplemente a un conflicto bélico, sino que este tiene una envergadura mucho más amplia y de carácter histórico, muy relacionada con la disputa por la tierra y los bienes y servicios ambientales en general.

De acuerdo con Agudelo, en materia de preocupación por el ambiente existen dos teorías: posmaterialista y ecología política. La primera teoría explica que la preocupación por el ambiente surge cuando las poblaciones ya tienen satisfechas sus necesidades vitales, entendiéndose esa preocupación como un lujo.

Mientras que por otra parte está la ecología política, tildada por el economista español Joan Martínez Alier, como el ecologismo de los pobres, pues son luchas que si bien no se denominan ambientalistas, responden a las disputas por esas injusticias en la distribución de los bienes y servicios ambientales, una lucha hecha por campesinos e indígenas, algo parecido a lo que sucede en nuestro país desde hace más de 50 años.

"Las experiencias de otros estados, en donde se han vivido conflictos armados y estos llegan al momento del postconflicto, normalmente resultan más devastadores para el ambiente que la misma situación de conflicto", puntualizó Agudelo, quien aseguró que es imperativo la inclusión del ambiente en la mesa de La Habana.

Lo mismo piensa Gregorio Meza, docente de la Universidad Nacional, quien afirmó que "Colombia no vive un conflicto armado. Vive un conflicto ambiental". Para el experto, el derecho ambiental será el derecho del siglo XXI, razón por la que desde la academia se deben empezar a generar teorías que ayuden a solucionar los problemas de hoy y de mañana, pues todo lo que se conceptualice como ambiente afectará a las futuras generaciones.

Por su parte, Andrés Briceño de la Universidad Externado, indicó que el problema es que en nuestro país la protección al ambiente nunca ha sido una política de estado, sino de gobierno. "El derecho del ambiente se entiende como la protección de todo un sistema, y su daño me afecta a mí como ciudadano", dijo.

"Solo unos pocos se apropian de la naturaleza, la explotan y no mitigan sus daños, haciendo que su actuar pase como legal", expresó Meza y agregó que "hasta que esto no deje de suceder en Colombia, será muy difícil que exista un postconflicto.

Por: Daniel Cueto