Cuatro años del Acuerdo de Paz: balance positivo y esperanzador

En noviembre de este año se cumple el cuarto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, coyuntura que invita a la reflexión nacional sobre los resultados que este ha tenido en el país. Entre el 10 y 11 de noviembre Uninorte realiza el encuentro denominado 4 años de la firma del Acuerdo Final de Paz: retos del modelo de justicia transicional en Colombia, que en su primera jornada tuvo como invitado al expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos.

¿Cuáles son los puntos de referencia internacionales para evaluar el cumplimiento de lo acordado? ¿Qué visión tienen sobre los alcances de esa implementación los expertos globales en justicia transicional? Son algunos de los cuestionamientos que los invitados discuten en el evento organizado por la división de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y el Centro de Derechos Humanos de Harvard Kennedy School, Carr Center, a través del canal del YouTube Uninorte Colombia.

“Qué importante para el país es hacer este balance. Hoy sabemos que la historia avanza por el cambio tecnológico, los avances en la productividad, los descubrimientos científicos, pero, sobre todo, por la voluntad de los seres humanos de hacer las cosas mejor, de vivir en paz, de unirse en torno a propósitos superiores. Ojalá todos los colombianos sigamos por esta senda de mantener la paz en el país con nuestra voluntad, que hagamos que la partera de nuestra historia sea la creatividad, la innovación, el trabajo, el humanismo, la buena voluntad, la democracia, la solidaridad. Que aprendamos del terrible costo del pasado”, manifestó el rector Adolfo Meisel Roca, durante su discurso de apertura.

Mathias Risse, director del Centro Carr para política de derechos humanos, explicó que la noción de justicia transicional se aplica a sociedades que necesitan reconstruirse y hacer la paz, con el objetivo de volver a ser funcionales. Que Colombia está haciendo un "experimento de nociones históricas", cuyo éxito es importante para toda la humanidad por los beneficios que trae, pero también para aumentar la comprensión de la sociedad en torno a la justicia transicional.

Recientemente, el Centro de Derechos Humanos de la Harvard Kennedy School convocó a algunos de los investigadores más distinguidos en esta materia para producir un marco de evaluación de las ambiciones y los resultados de la implementación del acuerdo con las FARC, utilizando puntos de referencia internacionales. El resultado de lo propuesto fue concluyente: el sistema de justicia transicional de Colombia es el más ambicioso y holístico que ha habido en el mundo hasta la fecha. Los investigadores concordaron que es el caso más exitoso de justicia transicional centrada en las víctimas y que esto se debe, por un lado, al papel que los representantes de las víctimas jugaron en la negociación, y por el otro, al compromiso que manifiesta el acuerdo con los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición.

Jornada de la mañana - 10 de noviembre

Cuatro años de los acuerdos

De acuerdo con la profesora de la New York Law School, Ruti Teitel, uno de los grandes nombres de la literatura académica sobre justicia transicional, lo realmente excepcional del proceso de paz en Colombia es “la conexión robusta entre paz y justicia”. Un ejemplo importante, con el apoyo de la comunidad internacional y la Corte Penal Internacional, que significó tener una innovación con respecto a la justicia penal, en donde no solo priman las sanciones sino también la verdad y la protección de las víctimas.

“Lo más cercano fue el proceso de paz de Irlanda del Norte; ahí no tuvieron tanta justicia como la contemplada acá. El reto es la ambición misma del sistema”, puntualizó Teitel durante un conversatorio con el exmandatario colombiano, moderado por la analista política Laura Gil, directora del portal La línea del medio.

Para el expresidente Juan Manuel Santos, la justicia especial para la paz (JEP) en Colombia ha tenido todas las dificultades normales de este tipo de procesos en su implementación y contexto político interno. Señaló que es un concepto difícil de entender para muchos, mientras que otros, con intenciones políticas, se basan en la diferencia entre justicia transicional y ordinaria para socavar y debilitar el proceso.

“Es fácil decir que hay impunidad, porque los responsables de crímenes atroces no van 40 años a la cárcel, pero eso niega la naturaleza misma y el propósito de una justicia transicional que se creó precisamente para resolver los conflictos armados, para facilitar su solución”, argumentó el expresidente.

Aunque la justicia transicional en Colombia, por su carácter ambicioso e innovador, ha generado apoyo internacional, también ha despertado dudas que deben ser resueltas en la medida que el proceso avanza. El Instituto Kroc, en su último informe, recalcó que la justicia transicional en cada país donde se ha aplicado tiene al principio poca credibilidad, pero se acrecienta en la medida en que avanza y produce resultados.

De acuerdo con Santos, en tres años nuestro sistema de justicia transicional ha avanzado muchísimo más que cualquier otro sistema, pero insistió en que es imposible que a todas las víctimas se les repare y que toda la verdad de 50 años de conflicto salga a relucir o que a todos los responsables se les pueda juzgar y sancionar.

“Es un imposible categórico por la naturaleza misma del sistema, y por eso el concepto de ‘máximos responsables’. Creo que en esa medida el proceso va marchando relativamente bien”, afirmó Santos, e invitó a apoyar la justicia transicional con eventos como estos, porque “el éxito de Colombia es el éxito para el mundo en futuros procesos de paz”.

Ambos invitados, Santos y Teitel, coincidieron en decir que un elemento esencial para la comprensión del concepto de justicia transicional y la verdadera crítica es la pedagogía. Las personas deben saber qué se está haciendo, entender la importancia de los acuerdos, además de la despolitización de un proyecto de Estado y no de Gobierno, en donde se cultiva el bienestar de las futuras generaciones y un país más justo.

Jornada de la tarde - 10 de noviembre

Balance en el Gobierno Duque

El Alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, entregó un balance de la implementación de los acuerdos, recordando que, por la manera como legalmente se incorporaron en la Constitución, deben ejecutarse durante tres administraciones presidenciales seguidas, es decir, 15 años. Una oportunidad histórica como país de finalmente “hacer las cosas durante el tiempo que se necesita”.

Señaló que en los dos años del Gobierno de Iván Duque se ha reiterado la decisión política del presidente de cumplir, por lo que al final del periodo tendrán avances significativos. “El presidente ha pedido que hagamos unas planeaciones a largo plazo, aprovechando esta condición jurídica e histórica. Por último, necesitamos un volumen de logros que impliquen que a diciembre de 2021 el proceso sea irreversible”, expresó Archila.

En materia de reparaciones individuales, comentó que se tiene una ambición mayor en, al menos, el 10 % del ritmo al que se venían obteniendo. En el caso de las colectivas, las cuales piden las comunidades en su condición de etnias y género, se habían hecho 12 durante toda la historia de la ley. Durante estos dos años se han finalizado 16, en materia de excombatientes.

“En cuatro años, en materia de garantías políticas, cambiamos la Constitución del país, tuvimos las elecciones nacionales más pacíficas en la historia y los excombatientes, con un número bajo de votos, están siendo representados en el Congreso, exponiendo sus ideas. Tuvimos las elecciones locales más pacíficas, el partido político FARC participó. No tuvimos ningún muerto ni secuestrado. Todo eso en el proceso irlandés, que era el más ‘chic’ antes que nosotros, se demoraron 10 años en entender que había que hacerlo”, agregó.

Por su parte Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, señaló que se requiere una profunda transformación cultural y de actitudes sociales, en el que la política y el derecho están llamados a generar ese cambio. ¿Colombia está dispuesta, culturalmente, a aportar verdad, asumiendo responsabilidad y las consecuencias correspondientes? Para Cifuentes, si se hace eso, sería una transformación única en pocos años, que requiere preparar a las víctimas y al país para que entiendan qué significa el decir veraz, “que supone coraje”.

“No es fácil dejar una vieja subjetividad anclada en el delito, para asumir una nueva personalidad, reinsertarse en la sociedad y que esta lo acepte. Es un cambio cultural enorme en un país. Que las mismas víctimas en un diálogo con el juez y el autor del crimen lleguen a plasmar su sanción y reparación es revolucionario. Este es un nuevo derecho, el de la reconstrucción del tejido social roto. Es la hora de tomar en serio el estado social de derecho y su cláusula de luchar contra la exclusión. Los colegios y universidades deben ponerse a disposición de la JEP y el sistema”, concluyó.

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Por José Luis Rodríguez R.