“Reintegrar desmovilizados es menos costoso que ingresarlos en cárceles”: ACR

Durante siglos, a lo largo y ancho del planeta, se han empuñado las armas para reclamar justicia, alcanzar la democracia o acabar tiranías. También han habido motivaciones menos nobles, e incluso interesadas o perversas: el paramilitarismo, los ejércitos nacionales que se tornan en contra de su propio pueblo o los despliegues militares llevados a cabo con el fin de ejercer influencia sobre otras naciones.

Pero sea cual sea el caso, la dejación de las armas siempre se ha celebrado como una oportunidad para el reencuentro, la reconciliación y una cura para las heridas de la guerra.

En Colombia, donde el conflicto armado se acerca a su sexta década, tomando matices más complejos con el paso de los años, los procesos de dejación de armas y reinserción a la sociedad han resultado igualmente complicados.

En el marco del ciclo de conferencias ‘Miradas de Paz’ de la Universidad del Norte, Andrés Echeverría, coordinador de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en el Atlántico, explicó cómo han evolucionado los programas del Gobierno Nacional para la reinserción de miembros de grupos al margen de la ley a la sociedad y, por medio de cifras, cuán beneficiosos han sido en el contexto de la construcción de paz.

Echeverría explica que procesos de desmovilización fallidos, como el realizado en 1984 entre el Gobierno colombiano y las Farc con los acuerdos de Uribia —que acabó en la masacre de 3500 miembros del partido político Unión Patriótica, en su mayoría excombatientes de las Farc— y el afán de garantizar que grupos armados no regresaran a la ilegalidad, propiciaron la creación del Programa Presidencial para la Reinserción (PPR).

Este se implementó en 1991, año en el que culminó el proceso de paz que significó la reintegración de 8000 personas alzadas en armas de los grupos M-19, Quintín Lame, PRT y EPL.

Echeverría considera que el PPR y su sucesor, el Programa de Reincorporación a la Vida Civil, instaurado en 2003, cayeron en un error similar al confundir los conceptos de reinserción con reintegración. “Reinserción es una respuesta inmediata, un mecanismo de corto plazo, enfocado a garantizar la estabilización de la persona en sus primeros meses después del desarme porque muy probablemente la persona no tiene su red de apoyo o perdió su vivienda. La reinserción, entonces, por ser inmediata se volvía asistencialista”.

Se encontró que a los dos años muchos de los reinsertados no habían superado dificultades y seguían en la misma situación que cuando entregaron las armas. El proceso viró entonces hacia una reintegración, que generara habilidades y competencias, para que los desmovilizados pudieran desenvolver en la civilidad y no la ilegalidad y generar su propio sustento.

Así se dio paso a la Alta Consejería para la Reintegración, precursora de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que planteó que el proceso de reintegración podría durar alrededor de 7 años (los plazos en previas experiencias habían oscilado entre 18 meses y la indefinición), partiendo de la hipótesis que la persona deja el grupo armado siendo analfabeta y termina el proceso siendo bachiller.

“La actual ACR, desde 2011 trabaja con un fundamento teórico y académico fuerte, para determinar las condiciones de vulnerabilidad de los excombatientes, que tradicionalmente fueron asociadas con la pobreza, provocando respuestas asistencialistas. Se ha aprendido a lo largo de 13 años que la respuesta adecuada es brindarles activos tangibles e intangibles, para que las personas aprendan a soltarse de la mano del Estado; brindarles las mismas oportunidades de un ciudadano común”, manifestó Echeverría.

Cifras de la reintegración

48 878 personas ingresaron al proceso de reintegración a enero de 2016 y 13 013 lo han culminado satisfactoriamente. El 49% corresponde a excombatientes de las AUC, 42% de las Farc y 8% del ELN. En el Atlántico, de los 1368 desmovilizados, el 90% es de las AUC, el 6% de las Farc y el 3% del ELN. En total, el 67% de los desmovilizados tiene entre 26 y 39 años

El 90% de las personas que dejan un grupo armado presenta una afectación mental. La mayoría lo supera pero necesita un acompañamiento desde el punto de vista psicosocial. “Es importante trabajar con el núcleo familiar para que se vuelva un entorno protector”, añadió Echeverría.

El coordinador de la ACR en el Atlántico admitió que una persona que ha dejado las armas corre mayor riesgo; lección aprendida con el genocidio de la Unión Patriótica. Desde el 2003 han fallecido aproximadamente 4000 reintegrados, 3800 por muertes violentas.

En el aspecto laboral, el 76% de las personas que ingresaron al programa se encuentran ocupadas. Echeverría considera que la reintegración es más económica y más efectiva que la cárcel. “Nadie se va a desmovilizar si le dicen que lo van a meter 40 años en una cárcel. El tema está en poder aceptar eso”.

Respecto a reportes de que desmovilizados de las Farc en el actual proceso de paz recibirán 1 800 000 pesos, Echeverría corrige que el máximo apoyo económico que recibe un integrado es de hasta 480 000 pesos, ligado a la permanencia de la persona en programas académicos y de capacitación laboral.

Según Echeverría, tener a una persona en proceso de reintegración “cuesta 6 millones de pesos al año, mientras tener a una persona en la cárcel cuesta 14 millones”. Además, la tasa de rehabilitación social en reintegrados es mucho más alta a la de aquellos combatientes en centros penitenciarios. “El 76% de los reintegrados no vuelve a cometer un delito, a diferencia de un 30% en personas que ingresan a la cárcel”.

Historias de reintegrados

Como parte del mismo evento, desmovilizados de las Farc, AUC y ELN compartieron sus historias de éxito tras hacer parte de los programas de la Agencia para la Reintegración.

Robinson Pérez ex miembro de los frentes 33 y 38 de las Farc, en la región del Catatumbo, hizo parte del grupo armado entre los 14 y 17 años. Ahora labora como promotor de la ACR y aspira por un grado profesional en derecho.

“Fue una experiencia bastante fuerte en el conflicto armado, prácticamente toda mi vida la he pasado en el conflicto. Pero gracias a este proceso con la Agencia me he vinculado a nuevas alternativas para seguir adelante. Con esmero conseguí graduarme de técnico ambiental y aspiro a ser abogado. Siento la necesidad de colaborar en una búsqueda de la paz, más allá de lo individual. Buscarla para todas las personas que de verdad lo necesitamos”, relató Pérez.

Por su parte, Leonardo Vidal, ex miembro del Bloque Central Bolívar AUC, en el departamento de Santander, calificó su estancia en el paramilitarismo como “un desliz que marcó mi vida. Perdí mucho tiempo haciendo parte de ese grupo”.

Vidal desmovilizó en el marco del Acuerdo de Santa Fe de Ralito y gracias a la ACR terminó sus estudios de bachillerato e inició cursos de panadería en el Sena. “Soy un pandero de tiempo completo, hoy en día tengo mi empresa y en mi voluntad de reparar, he realizado trabajo social y trabajo con niños”. La ACR le proporcionó enseres para la panadería que instaló en Soledad, labor que alterna con la dirección de la escuelita de fútbol Nueva Esperanza, de la que es fundador.

“He perdonado porque uno de los puntos que me hizo entrar a las AUC fue el secuestro de un tío por la guerrilla. Pero he aprendido la reconciliación y el perdón. Eso es algo que debemos llevar en el corazón“.

Por Andrés Martínez Zalamea