La demolición del Muelle de Puerto y los efectos del reemplazo patrimonial

El museo Mapuka fue el escenario para que se debatiera sobre la coyuntura del Muelle de Puerto Colombia. Más de un siglo de patrimonio han sido intervenidos y están en proceso de ser derrumbados para construir en su lugar una nueva estructura de 200 metros. ¿Se trata de la destrucción de un bien cultural y patrimonial o del reemplazo de un muelle corroído por el tiempo para hacer de Puerto Colombia un municipio que le apunte al turismo? Esta fue la pregunta que diversos expertos respondieron el 30 de julio en Uninorte.

El evento, organizado en conjunto con la emisora Puerto Estéreo, contó con la participación del arquitecto porteño Robert Levi, el ingeniero de costas y docente del departamento de Ingeniería Civil, Germán Rivillas; Juan Guillermo Martín, experto en patrimonio y director del Mapuka; Carlos Javier Velásquez, docente del departamento de Derecho, y la administradora hotelera Nena Botero de Giha. Cada uno se involucró en la temática desde las diferentes aristas que la componen para brindar una mirada holística de lo que implica la demolición del Muelle de Puerto Colombia para el municipio. 

Las voces en contra del proceso que se lleva a cabo, como la de Levi, se sustentan en la idea de que se está perdiendo el valor histórico con la demolición de una estructura que alguna vez fue el segundo muelle más grande del mundo. “Es nuestra historia lo que se está tumbando”, señaló el arquitecto, que reclamó por más participación de la comunidad en la toma de decisiones, especialmente sobre bienes patrimoniales. 

Actualmente las obras en el muelle se encuentran suspendidas debido a que no se adelantó el monitoreo arqueológico exigido por ley para los bienes culturales de orden nacional. Martín, integrante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de la Unesco, leyó un comunicado de parte de esta rama de la oficina internacional que se opone a los trabajos que se han adelantado en el sitio. 

Desde su punto de vista, este bien de interés cultural del orden nacional duró más de 80 años abandonado, pero se le debe el reconocimiento histórico, “la aplicación de modernos métodos de reconstrucción para lograr la presencia de una estructura que representa una época pretérita y rescatar la apropiación ciudadana del lugar que contribuye a una mejoría en la calidad de vida de sus habitantes”.

Para Botero de Giha, no se puede visionar un Puerto Colombia como un destino turístico, pues aún faltan solventar muchas situaciones de necesidades básicas, como el servicio del agua o la contaminación en las playas. En ese sentido, pidió que, antes de invertir dinero en obras de infraestructura, se plantee un plan estratégico de turismo que contemple la solución a problemáticas que mejorarían no solo el flujo turístico del municipio sino también la calidad de vida de sus habitantes. 

El profesor Rivillas comentó que en el país hemos caído en un patrón de intentar solucionar las inconveniencias causadas por el cambio climático desde la intervención invasiva de ecosistemas, estrategia que no ha funcionado. En ese sentido, propuso que lo primero que se debe analizar es cómo se interviene la zona costera para de esta forma proyectar a Puerto Colombia con los servicios que ofrece. 

“El muelle solo, sin la infraestructura, servicios públicos y condiciones necesarias, no va a lograr el desarrollo turístico del municipio”, argumentó el profesor Velázquez. Citó como ejemplo el hecho que actualmente, en días de mucha afluencia de turismo al municipio, no hay una oferta de transporte suficiente para llevar de vuelta a los visitantes. 

El abogado, especialista en derecho ambiental, comentó que en 2013, en conjunto con el grupo académico Urbanum, realizó un documento llamado Un Norte para Puerto, que era una hoja de ruta para el desarrollo de los próximos 50 años del municipio. No obstante, el esfuerzo realizado no ha rendido aún sus frutos pues los datos de esta investigación todavía no han sido utilizados como fuente para la toma de decisiones por parte del sector público. 

Por Leonardo Carvajalino