Blog Informativo OCSA

Por: Mateo Jaramillo del Colegio Marymount y Enrique Reyes

La organización internacional del trabajo define la informalidad laboral como “una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social y carece de prestaciones relacionadas con el empleo”. En Colombia, esta situación es particularmente grave y en la Región Caribe, las cifras muestran que una gran parte de la población activa trabaja bajo condiciones informales. La importancia de abordar este problema radica en que la informalidad no solo limita el acceso a derechos laborales fundamentales, sino que también perpetúa la pobreza y la exclusión social.

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) es la herramienta principal del DANE para medir el empleo y la informalidad en el país. Sin embargo, presenta ciertas limitaciones que afectan la precisión de sus datos. En primer lugar, el enfoque de autodeclaración en la GEIH puede llevar a una subestimación de la informalidad, ya que muchos trabajadores informales no se identifican como tales o temen repercusiones al declarar su condición laboral. Además, el diseño de la GEIH, que se basa en encuestas en áreas urbanas y rurales, puede no captar a las poblaciones más aisladas, como los campesinos que viven en zonas de difícil acceso. Esta limitación geográfica implica que el fenómeno de la informalidad en el campo podría estar subrepresentado, lo cual es crítico para formular políticas eficaces.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, según las cifras del DANE, para el total nacional, en el trimestre julio - septiembre 2024 la proporción de personas ocupadas informales fue 55,9%, siendo un 0,2% menos que el mismo periodo del año pasado. Tomando únicamente las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, la informalidad para este periodo fue 43,3%, siendo 0,3% más que el mismo periodo del año pasado, sin embargo, esta cifra que ha venido disminuyendo el periodo postpandemia, ya que desde 2021, la informalidad para las 23 ciudades y A.M. se encontraba en 48%, representando una disminución de 4.7%. En comparación con otras regiones del país, La Región Caribe presenta, en promedio, los índices más altos de informalidad laboral, lo que refleja la grave situación laboral de la región. De las 5 ciudades más informales del país, cuatro son de la región caribe, Sincelejo de primera con el 66,7%, Riohacha de segunda con 63,3%, Valledupar por detrás de Cúcuta A.M. de cuarta con 62,2% y Montería de quinta con 61,2%.

Ciudades como, por ejemplo, Sincelejo, en donde aproximadamente 7 de cada 10 trabajadores son informales, evidencian una fuerte dependencia de este tipo de trabajos no regulados, especialmente en sectores como el comercio, la construcción y el turismo. Al mismo tiempo, esta ciudad, al igual que Riohacha y Valledupar, como vimos en el blog informativo #15, tienen los mayores desafíos en cuento a pobreza del país.

En el sector rural, la informalidad laboral es particularmente elevada y afecta a una proporción significativa de campesinos. Según los datos recolectados del DANE, cerca del 90% de los trabajadores rurales en Colombia se encuentran en condiciones informales. En la Región Caribe, esta tendencia es aún más pronunciada debido a la dependencia de la agricultura de subsistencia, caracterizada por bajos ingresos y la falta de contratos laborales formales. La informalidad en el trabajo campesino se relaciona, entre otros factores, con el difícil acceso a programas de seguridad social y a la baja cobertura de subsidios por parte del gobierno, lo cual perpetúa la vulnerabilidad económica de estas poblaciones. La falta de contratos formales implica, además, la ausencia de derechos laborales básicos, como los días de descanso o las prestaciones por enfermedad.

Otro sector especialmente afectado por la informalidad es el trabajo doméstico, donde las cifras de informalidad superan el 73.8% a nivel nacional, y en la Región Caribe, alcanzan hasta el 80%. La precarización de este tipo de empleo se vincula tanto a la falta de regulación efectiva como a las prácticas de contratación directa, que suelen eludir la formalización. El trabajo doméstico, predominantemente ocupado por mujeres, enfrenta desafíos particulares, tales como el limitado acceso a seguridad social, pensión, y protección en salud. Las trabajadoras domésticas, al igual que los campesinos, se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, dado que su salario depende de la estabilidad y voluntad de sus empleadores. En Colombia, aunque se han aprobado leyes para proteger a esta población, la realidad es que la aplicación y supervisión de estos derechos resulta insuficiente, especialmente en áreas con altas tasas de informalidad.

En conclusión, La Región Caribe enfrenta altos índices de informalidad laboral, con sectores como la agricultura y el trabajo doméstico particularmente afectados. La situación de los campesinos y trabajadoras domésticas evidencia una vulnerabilidad estructural en el mercado laboral de la región, en la cual la falta de acceso a la formalización y a los derechos laborales limita su capacidad para superar condiciones de pobreza y exclusión social. Aunque el DANE y su herramienta GEIH brindan datos valiosos sobre la informalidad en Colombia, es crucial considerar sus limitaciones metodológicas para entender en profundidad la complejidad de este fenómeno y diseñar estrategias de intervención específicas para sectores particularmente afectados en la Región Caribe.

REFERENCIAS

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