Blog Informativo OCSA

En esta nueva sección de publicaciones del Observatorio podrán encontrar análisis inéditos que buscan aportar a la generación de conocimiento en torno a temas económicos enfocados en la región Caribe.

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Desaceleración de la inflación: Un avance nacional, rezago en la Región Caribe

Blog Informativo OCSA #13 - Abril 2024

Por: José David Mendoza Pérez

La inflación se entiende como el aumento generalizado en los precios en un momento y lugar determinados; y se considera un problema económico, dados sus efectos en el bienestar, en la asignación de recursos y en el crecimiento económico. Se puede medir por una serie de indicadores, entre ellos, el más importante es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es una medida crucial que refleja la variación en los precios de una cesta de bienes y servicios consumidos habitualmente por los hogares.

En Colombia, la inflación es un tema de mayor preocupación, tanto así que para el Banco de la República es el fundamento de su actividad; ahora, el IPC se utiliza como indicador económico clave y como guía esencial para comprender cómo los cambios en los precios influyen en los patrones de consumo. En este blog, nos adentraremos en los detalles de cómo las fluctuaciones en el IPC impactan directamente en el bolsillo de los colombianos y qué acciones pueden tomarse para mitigar estos efectos.

El cálculo del IPC implica comparar los precios de esta cesta de productos en diferentes períodos de tiempo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es el encargado de recopilar y calcular el IPC en Colombia. Según las cifras más recientes, la tasa de variación anual del IPC desde marzo de 2023 hasta marzo de 2024 fue del 7,36 %, lo que representa una diferencia de 5,98 puntos porcentuales en comparación con marzo de 2023 (13,34%) (usted puede navegar en el tablero de visualización). En otras palabras, el país ha experimentado 12 meses consecutivos de disminución en la tasa de inflación, reflejando una menor presión inflacionaria en la economía en comparación con el año anterior. Es importante resaltar que los precios no han bajado; su aumento ha sido menor, lo cual es, de por sí, una buena noticia.

Haciendo click en las distintas pestañas, usted puede revisar la situación de las ciudades de su interés

Entre los factores que más contribuyeron a la disminución de la inflación durante el último año (7,36 %), destacan los Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (1,73%) y el sector de Información y Comunicación (0,16%). Por otro lado, entre los componentes que más han aumentado durante el último año resaltan el Transporte (11,72%), las Bebidas Alcohólicas y el Tabaco (10,81%) y los Restaurantes y Hoteles (10,62%). Este resultado es ambivalente, ya que, aunque es una buena noticia que los alimentos hayan tenido una disminución más marcada de la escalada de precios respecto al año anterior, el aumento de las tarifas de transporte impacta directamente a todos, especialmente a la clase trabajadora.

Región Caribe

Aunque a nivel nacional la escalada de precios parece estar desacelerándose, la Región Caribe presenta una situación un tanto desalentadora: De acuerdo con el diario La República, Valledupar (10,69%); Santa Marta (10,50%); Montería (10,48%) y Barranquilla (10,35%), fueron las cuatro ciudades con la mayor inflación en 2023. Además, todas las cabeceras municipales de la región presentaron una mayor inflación anual que el promedio nacional. En particular, Valledupar (9,49%), Riohacha (8,94%) y Montería (8,62%) presentan las tasas de inflación más elevadas, pero Sincelejo (8,58%), Barranquilla (8,06%), Cartagena (8,05%) y Santa Marta (7,74%) tuvieron un aumento de precios mayor al resto del país (7,36%).

Aunque en un rubro tan importante como los alimentos el Caribe no sale tan mal parado (Sincelejo y Montería fueron los únicos municipios donde la inflación fue mayor al promedio nacional, con 4,11% y 2,18% respectivamente), segmentos como el transporte, salud o servicios públicos como el agua y la electricidad dejan en evidencia que la desaceleración experimentada en el resto del país presenta obstáculos en nuestra región. Aunque sólo tenemos datos a nivel nacional en cuanto al cambio en el precio de los servicios públicos, el panorama es preocupante: Las tarifas de servicios como la electricidad (19,51%), el alcantarillado (11,93%) y el suministro de agua (11,01%) han sido los componentes con un incremento más elevado de todo el apartado de Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas Y Otros Combustibles. Así, se calcula que el rubro más importante, el de la electricidad, reporta incrementos que para marzo de 2024, alcanzaron el 30% anual en el promedio nacional.

Valga la pena aclarar que el componente más importante en la tarifa eléctrica en la Costa Caribe es el denominado “pérdidas técnicas” que corresponde a los robos de electricidad que deben pagar los usuarios que pagan su factura y que corresponde al 41% de la tarifa en el caso de Aire y el 31% para Afinia, empresas de la región. Este cobro además de ser oneroso para los consumidores estaría desestimulando la inversión en procesos que busquen evitar los robos, pues al recibir el pago, las empresas pueden mantener la situación sin que se vea reflejado en sus utilidades.

En el transporte, toda la región tuvo una inflación mayor al promedio nacional, destacando el caso de Riohacha, donde el cambio al alza fue del 28,3% en este componente durante el último año. En salud, exceptuando Montería (5,12%), toda la región tuvo un aumento en el IPC mayor al resto de la nación. En los servicios públicos, excluyendo a Sincelejo (8,89%), todos los municipios tuvieron un mayor aumento del costo de vida en este aspecto, siendo Valledupar (12,49%) y Montería (11,79%) los casos más acuciantes. Esto último, con el hecho de que la electricidad, el alcantarillado y el suministro de agua fueron los componentes de servicios públicos que más aumentaron a nivel nacional, deja de manifiesto que la situación es aún más crítica en el caribe colombiano.

La situación actual refleja un panorama desafiante para los hogares de la región. El aumento constante en los precios, especialmente en aspectos fundamentales como el transporte y los servicios públicos, se suma a las preocupaciones económicas de una población ya golpeada por altos índices de pobreza e informalidad. Esta realidad plantea serias preocupaciones sobre la capacidad de las familias para llegar a fin de mes y mantener un nivel de vida digno. Además, la región enfrenta amenazas adicionales, como el estrés hídrico causado por El Niño, que ha reducido drásticamente el suministro de agua y la generación de electricidad, y junto a la resolución de la CREG con sobre costos a quienes no ahorran en luz (lo que se dificulta en la región por su tipo de clima), complican la situación. Este escenario se agrava aún más con los ajustes en las tarifas de combustibles, lo que aumenta la presión sobre los bolsillos ya estirados de los ciudadanos.

La solución: Instituciones eficientes en las políticas públicas

Es evidente que se necesita una acción decisiva por parte de las autoridades locales y nacionales para abordar esta crisis inminente. No solo se requieren medidas inmediatas para enfrentar desafíos coyunturales, como la escasez de agua y la generación de electricidad, y también es crucial abordar los problemas estructurales de la región. El tema de la electricidad, por ejemplo, es un problema arraigado que demanda soluciones a largo plazo para garantizar un suministro confiable y asequible para todos los habitantes del Caribe.

En definitiva, aunque la situación parece estar mejorando respecto al año anterior, no nos llamemos a engaños: la disminución en la tasa de inflación a nivel nacional contrasta con los aumentos en rubros críticos como el transporte y los servicios públicos en el Caribe, lo que agudiza las preocupaciones sobre la capacidad de las familias para mantener un nivel de vida digno. Además, la región enfrenta desafíos adicionales como el estrés hídrico y el pago de servicios como la electricidad, lo que requiere acciones urgentes y a largo plazo por parte de las autoridades para garantizar la estabilidad económica y el bienestar de todos los ciudadanos. En este contexto, la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil se vuelve fundamental para encontrar soluciones sostenibles y equitativas que impulsen el desarrollo económico y social en todo el país.

Referencias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2024.