Cuando se reformó el proceso de distribución de la regalías en el país, se respondía a un clamor ciudadano frente a la conocida malversación de los recursos en piscinas con olas, coliseos inútiles y estudios innecesarios, especialmente en los municipios petroleros. El problema se extendió a municipios de La Guajira y Cesar, donde el voto en cualquier elección de concejal llegó a costar $300.000, seis veces lo que costaba en Barranquilla.

Ello era apenas un indicador de la depredación generalizada de estos recursos. Cuando el ministro Echeverry argumentó que había que untar la “mermelada” en toda la tostada, refiriéndose a distribuir las regalías por todo el territorio nacional, nunca pensó que había rebautizado uno de los elementos cruciales del sistema clientelista político colombiano: el nexo entre contratistas, gobierno nacional, departamental y local, y grupos políticos, en el que, lamentablemente, la “mermelada” se unta a todos los niveles. En un seminario para jóvenes líderes en el Departamento del Atlántico en 2015, uno de los asistentes me decía que él había hecho contratos con entidades nacionales, en los que muchas veces salía “raspado”, pues le tocaba comisionar a funcionarios centrales, al senador, al alcalde, etc., quedándole muy poco a él para su proyecto. Pero el último balance hecho por la Contraloría General de República, ‘Resultados del sistema general de regalías a diciembre de 2015”, le indica a uno que se cambian la Constitución, las leyes  y el diseño institucional para el manejo de regalías, pero poco se avanza, pues el sistema político es el mismo. Además del agravante que la ejecución de los recursos es baja, pues hay $5.4 billones en bancos por problemas de ejecución en inversión. A finales de 2015 se deberían haber terminado proyectos por $17.3 billones, pero solo se habían terminado proyectos por $4.9 billones. Había recursos para capacitación en proyectos por $370.000 millones, pero en caja hay $243,6 millones. 

Muchas regalías de Ciencia y Tecnología se han usado bien en proyectos importantes, becas de postgrado, etc., pero en otros casos lo sucedido lo llena a uno de dudas, como el del asesinato del ingeniero Zapa en Córdoba, departamento que, asombrosamente, había canalizado ingentes recursos para este rubro. La explicación tuvo un desenlace sangriento.

De diez mil proyectos aprobados, unos 6.600, dice el contralor Maya, son de menos de $1.000 millones, trayendo dispersión y poco impacto regional. Uno no ve una campaña para erradicar el analfabetismo, y el grueso de los recursos se va a la dialéctica de las varillas y el concreto, la cual alimenta bien el proceso de las comisiones de la cadena. Las NBI no son privilegiadas. Por otro lado, aunque se ha avanzado en la organización del proceso de aprobación de los proyectos, y la transparencia del sistema ha ido mejorando, la mala noticia es que el 72% de la contratación por licitación, concurso de méritos y otras modalidades se hizo con un solo oferente. Nuestro Distrito es experto en eso.