Hay que defender la institucionalidad” es el argumento más frecuente que se escucha frente al debate que el país ha vivido en torno al decreto presidencial que removió al alcalde Petro del segundo cargo de Colombia. Lo curioso de la afirmación es que la noción de institucionalidad se reduce a una interpretación bien estrecha de nuestra Constitución y las leyes, a las cual se les rinde una filistea pleitesía.  A mi juicio, el problema de la Constitución del 91 es que fue muy ecléctica, pues por un lado estableció un estado social de derecho, algo que nuestros economistas neoliberales no terminan de aceptar, y por el otro, introdujo muchísimos criterios de la ortodoxia económica neoliberal. Lo mismo pasó en el plano político, atribuyéndole exageradas funciones al procurador, sin pensar en lo que pudiese pasar en el futuro cuando ciertos fanáticos llegasen a esos cargos.

La verdad es que la noción de institucionalidad de un país es más profunda. Se refiere a la matriz de instituciones formales e informales que permean y cristalizan la sustancia de una sociedad. Colombia tiene instituciones formales muy progresivas en la letra, pero cuando se examina la estructura de poder de nuestro país, las instituciones de la captura de rentas del Estado (concesiones y privilegios), el clientelismo y los afanes pecuniarios,  se entiende que estas son las reglas de juego que priman. Lo bueno de lo formal queda en el papel, lo real es la depredación a todos los niveles, desde las humildes calles de nuestros barrios hasta las encumbradas esferas del poder. Al ciudadano común le queda claro que esa institucionalidad no se puede defender. Más bien nos tenemos que defender de ella, con todas nuestras fuerzas.

Lo otro que llama la atención es que Colombia parece irse ubicando por fuera de la legalidad internacional. No se concibe cómo los tratados internacionales con sus efectos en Colombia “no se aplican”, “no rigen”, como lo vimos en los casos de La Haya y ahora con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Los legos en Derecho no lo entendemos pues se supone que forman parte del bloque de constitucionalidad de un país. Da la impresión que se acoge lo que conviene, y se desecha lo que no. Por ello, Santos se alejó de las simpatías que podía despertar en sectores independientes o de centro-izquierda, con su decisión sobre Petro. Ha polarizado más las cosas, y las dudas ya llegaron a La Habana. Se mostró como un buen representante del bloque hegemónico en el poder.

Por lo anterior, en medio de tantas noticias negativas, resultan refrescantes las decisiones recientes del Consejo de Estado sobre el exalcalde Alonso Salazar, al reducir la exagerada decisión sobre sus derechos políticos. La otra decisión, la cual ojalá se mantenga, es la de suspender la venta de Isagén. Aunque el ministro de Hacienda no parece darse por enterado, es un absurdo seguir liquidando las empresas estatales que le generan beneficios al país. Ya el capital financiero especulador se frota las manos, con sus comisionistas en Bogotá, ante tan pingüe negocio. Con unas reservas netas del país en más de $47.500 millones de dólares, sería fácil conseguir endeudamiento externo para los desarrollos viales que se piensan financiar con lo de Isagén. El problema no es de recursos sino de una concepción ortodoxa que considera que el Estado debe desprenderse de sus empresas rentables, para seguirlo debilitando y encumbrar más al capital financiero. Ojalá nuestras desprestigiadas Cortes nos sigan dando este tipo de noticias a nosotros, los escépticos ciudadanos colombianos.