Con un nutrida asistencia de dirigentes comunales, activistas, estudiantes y académicos, se recibió la semana pasada el lanzamiento del libro Diseños Institucionales para la gestión territorial de la paz (disponible en http://www.kas.de/wf/doc/18659-1442-4-30.pdf), evento organizado por Foro Costa Atlántica, la fundación Konrad Adenauer y la red Rinde. Uno hubiese querido ver funcionarios de alcaldías y gobernaciones, pero estas discusiones de fondo no le llaman la atención a nuestros gobernantes.

Es sabido que ante la dinámica que lleva el proceso de paz, la pregunta clave que surge es la de ¿qué cambios institucionales se deben impulsar para el proceso de paz en los territorios? Pues está claro que la clave de la paz está en la descentralización territorial, e igualmente, la misma descentralización se tiene que replantear en clave de paz. Ello significa que con el actual régimen de estado débil, cooptado, capturado, o compartido con la corrupción que campea en nuestros territorios no será exitoso este proceso, como ocurre en más de la tercera parte del país. La paz deberá concretarse en ejes locales y territoriales, y deberá ser acompañada por buenos gobiernos que trabajen por el bien público y no por los bolsillos de contratistas y advenedizos al poder.  Ello obligará a una profunda reforma al actual sistema electoral, pues con el actual no podremos destronar esta democracia comprada por avales y contratistas. Augusto Trujillo explicó que muy poco han ayudado las cortes con sus fallos centralistas en materia de descentralización y territorialidad.

No se puede esperar mucho de cortes dominadas por gente a veces muy defensoras del status quo, con honrosas excepciones, a pesar de algunos fallos progresivos en materia de derechos individuales recientes. Las reformas también deben extenderse al funcionamiento del Sistema General de Participación (SGP), pues la práctica ha demostrado que beneficia a los territorios más desarrollados con más población atendida. Los procedimientos burocráticos excesivos para el desarrollo de los proyectos, tanto allí como en las regalías, hace todo muy lento y difícil para los actores territoriales. De ahí que se proponga un sistema integral de desarrollo territorial que incluya víctimas y desplazados. Pero ello no será posible si el país se sigue centralizando a través de programas presidenciales, sin que los territorios sean fuertes ejecutores. Ya veremos qué se hace con la reforma al SGP el año entrante, al cual el nivel central le ha dado dentelladas contra los territorios a nombre del déficit fiscal, la lucha anticorrupción y ahora la paz. El nivel central no da buena muestra de eficiencia y celeridad en la gestión, como lo observamos con el Fondo de Adaptación casi seis años después de la oleada invernal.  Pero, por otro lado, los territorios no pueden reclamar más recursos si no dan muestras de elegir gobernantes transparentes y ejemplares en el  manejo de recursos públicos que son sagrados. Lo que pasa en La Guajira es precisamente lo contrario a esta necesidad. Pero se replica en el resto del Caribe y el país desafortunadamente.