La Administración y sus contratistas deben estar felices con los resultados del último sondeo del Centro Nacional de Consultoría en el cual se destacaba al alcalde Char como el mejor alcalde del país, al contar con una imagen positiva del 89% entre sus coterráneos. Nadie puede negar que desde el 2008, las sucesivas administraciones distritales han resultado exitosas al mejorar la eficiencia en el manejo del gasto y mostrar resultados ‘concretos’ como ahora, con la canalización de arroyos, los parques y muchas obras en la ciudad. El entusiasmo en el gasto parece irrefrenable, y cada vez se anuncian proyectos como el Tren ligero, el cual, aunque es una APP mixta, compromete peligrosamente los recursos del Distrito con unos inversionistas privados, en un proyecto que no es una solución al problema del transporte masivo si no llega a Malambo ni integra a Soledad. No tiene cierre financiero. Igual pasa el proyecto del Superpuerto que deben adelantarlo los privados, sin comprometer al Distrito o a la Gobernación. 

Debemos tener en cuenta que la situación de la economía nacional es crítica, con prácticamente un receso industrial, y un crecimiento que Juana Téllez, del BCV, estima ya del 1,5% para el 2017. La ANDI ya ha reclamado políticas anticíclicas urgentes, y la aftosa le acaba de dar duro al sector ganadero. Además, el ambiente se enrarece ante una Fiscalía que no genera resultados, a diferencia de la del Perú, debido a los escándalos de financiación de las campañas electorales. Acá es simplemente algo inapropiado que ya venció en el famoso e inútil Consejo Nacional Electoral con sus pomposos y costosos magistrados. El Gobierno nacional cada vez más se queda sin recursos y el factor de apoyo a los gobiernos territoriales se irá debilitando. En otras palabras, ante un TLC enredado con Estados Unidos, una desaceleración profunda de la economía y un gobierno fiscal limitado se impone la prudencia en el gasto territorial de Barranquilla.

Por ello, la acción de los ciudadanos debe estar alerta ante la contratación pública y saber pedir la información respectiva. Aquí, la política determina los contratos, y en estos permea la corrupción. Las ONG locales y Pro-Transparencia deben examinar la contratación del Distrito, donde nada pasa a pesar de que se sabe lo cerrada que es dicha contratación (Los megacontratistas de Barranquilla en la era Char, La Silla vacía). 

El pasado miércoles recibimos en Uninorte un entrenamiento en cómo pedir la información al Estado, por parte de la Corporación DeJusticia, con una asistencia nutrida de veedores. Asistí porque me interesa la eficacia del gasto público, algo que poco se discute en la ciudad. Se ven las obras pero no se examina si sus presupuestos son los más adecuados. En esta ciudad, estamos sobreendeudados hacia el futuro y el debate no se aclara. El 6 de junio, se anunció el programa ‘Siembra Barranquilla’, donde 250.000 árboles serán sembrados por $110.000 millones de pesos. Cada árbol me sale a $440.000, y aunque se habla del mantenimiento, no sabemos mucho del contrato. Ya pedí la información al Distrito para ver de qué se trata, a pesar que no soy veedor. Solo un ciudadano preocupado por sus impuestos. No sea que sembremos más deudas en lugar de árboles.