El aumento de un 3,5% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, no pudo llevar el salario mínimo al millón de pesos mensuales, enmascarando tal decisión con el auxilio de transporte, para justificar su lamentable decisión. Un aumento del 5% hubiese sido mas aconsejable, pues mejoraba en mas de tres puntos el salario real de los trabajadores y lanzaba una buena señal al resto del país en materia salarial, pues lo que se necesita en estos tiempos de crisis, es fortalecer el gasto de los hogares y aumentar la inversión pública que tenga efectos multiplicadores en el empleo.  El salario mínimo no se debe mirar con ojos microeconómicos sino también con una visión macroeconómica, la cual se necesita en estos tiempos.

            Un punto central en las recomendaciones que se le han hecho al gobierno en estos tiempos es el del establecimiento de una “Renta Básica Transitoria”, el cual hubiese beneficiado a 9 millones de hogares afectados por la crisis, con un costo fiscal de $23,7 billones, lo cual hubiese representado apenas un 2,3% del PIB, financiándose con créditos del Banco de la República mediante la compra de bonos de tesorería TES  si se quiere evitar el formalismo de las emisiones.  El gobierno y el Congreso prefirieron las políticas mínimas de Familias en Acción, devoluciones de IVA y el Ingreso solidario, que no pasan de $12 billones al año, lo cual refleja su visión minimalista de la crisis que vivimos.

            Los economistas del régimen, la mayoría de ellos neoclásicos, ortodoxos pegados al cliché de las finanzas públicas equilibradas, saltaron en contra de esta política.  Daron Acemoglu, economista del MIT bien conocido por sus trabajos sobre el desarrollo, sentenció que era un “debate inútil” (Portafolio, Dic. 15 del 2020), pues no se tenían los recursos para ello, sepultando así el debate.

            Sin embargo, se hace necesario colocar el debate en su verdadera dimensión pues la propuesta de Renta Básica como política social permanente se formuló en Europa, dirigida a crear un ingreso básico a todos los ciudadanos, de carácter universal. Se trata de países que tienen hasta tres o cuatro veces nuestro ingreso per-cápita y lógicamente no podemos pensar en implementarlas en Colombia. La propuesta tiene sus problemas pues exige abundantes recursos fiscales y se cuestiona, pues puede reducir los incentivos para trabajar.  Es una política que se recomienda sólo para trabajadores en fragilidad, jóvenes en situación de desempleo o trabajadores en situación de discapacidad. 

Una política mas correcta es una política pública de empleo, la que hoy se llama de Trabajo Garantizado (TG), donde el estado le garantiza un trabajo a todo aquel que tenga deseos de trabajar, genera valor, añade producción, genera cohesión social y reciprocidad en la ciudadanía.  Implica un esfuerzo de gasto público en un programa público de empleo, donde se definen las prioridades a nivel de territorios, haciendo vías terciarias, obras públicas de pequeña escala, recuperando regiones agropecuarias, financiando gasto social en las ciudades en lo que se llama la economía del cuidado, apoyando actividades de empleo en las ciudades recuperando espacios públicos, con contratistas pequeños locales, apoyando inversiones comunitarias, con veedurías ciudadanas encima, para evitar la corrupción.  Una propuesta parecida la presentaron Sergio Fajardo, Jose Antonio Ocamo y otros, referida a empleos de emergencia (Ver https://compromisociudadano.com/empleo-de-emergencia-ya-sergio-fajardo/), sin que el Gobierno Nacional escuchara.

            En síntesis, no tenemos condiciones de desarrollo económico para una Renta Básica Universal permanente, pero sí hubiese sido posible una Renta Básica de Emergencia Transitoria, mientras dure la pandemia, por 6 o 9 meses, para mantener la demanda y el consumo de los hogares.  Lo anterior, combinado con una política de Trabajo Garantizado, nos sacaba de la crisis sin tener que esperar los tres largos años que la simple reactivación oficial predica. Otro camino era posible, pero no se pudo, por la coalición de fuerzas políticas que sostienen al actual régimen, el cual prefiere un gobierno limitado en el gasto en medio de semejante crisis, amenazándonos ahora con una reforma tributaria que ya sabemos en que va a terminar. No será la que Piketty ha sugerido para Colombia.