Luego de cuatro años de negociaciones, el 26 de septiembre de 2016, el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP firmaron en la ciudad de Cartagena en Colombia un acuerdo para poner fin al conflicto armado en el país. Dicho acuerdo contiene seis puntos fundamentales:

1. Reforma rural integral;
2. Participación política;
3. Fin del conflicto;
4. Drogas ilícitas;
5. Víctimas y reparación y;
6. Implementación y verificación y refrendación de los acuerdos.

Aunque la participación de las mujeres en el proceso de paz no fue particularmente notoria, a finales de 2014 se instauró la Subcomisión de Género, encaminada a incluir la voz de las mujeres y la perspectiva de género en los acuerdos parciales adoptados y en los puntos que se pactarían posteriormente. Asimismo, tres mujeres hicieron parte del equipo negociador: Nigeria Rentería y María Paulina Riveros, fungieron como representantes plenipotenciarias del gobierno colombiano y, Victoria Sandino Palmera actuó como delegada de las FARC-EP. Fruto del trabajo de la Subcomisión, se logró la inclusión del enfoque de género en los puntos uno, dos, cuatro y cinco. Posteriormente, el 2 de octubre de 2016, el documento titulado “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, fue sometido por el entonces presidente Juan Manuel Santos a un plebiscito. En una reñida votación, el 50.21% de los participantes votó en contra de la refrendación los acuerdos mientras el 49.78% se manifestó a favor de estos.

Ante los resultados obtenidos, Santos convocó a un gran diálogo nacional, tanto a los defensores como a los detractores de los acuerdos, con la finalidad de encontrar una alternativa que permitiera salvar el camino a la paz. Este diálogo generó ajustes y cambios en varios ejes temáticos, pero permitió la firma definitiva el 24 de noviembre de 2016, en el teatro Colón de Bogotá.

Ya han pasado más de cinco años y el balance de la implementación presenta diferentes matices. Según el último informe del Instituto Kroc (2021), solo se ha completado el 30% de las 578 disposiciones de los acuerdos. El 18% ha alcanzado un nivel intermedio de implementación, mientras el 37% ha avanzado de manera incipiente y el 15% no ha comenzado a implementarse. Los porcentajes son aún más preocupantes cuando se hace el análisis sobre los compromisos con enfoque de género, puesto que solo se ha completado el 12% de las disposiciones y el 15% ha logrado un alcance intermedio, dejando el 73% restante por fuera del cumplimiento.

Los puntos relativos al fin del conflicto y la implementación son los que presentan mayor avance. El primero de ellos con un 49% de las disposiciones completas y 21% en el nivel intermedio. El segundo, con un 58% de disposiciones completas y 13% en el nivel intermedio. Los puntos relacionados con las drogas ilícitas y víctimas presentan un menor avance. Sobre las drogas se ha completado el 21% de las disposiciones y el 27% está en nivel intermedio, mientras que el punto de las víctimas del conflicto alcanza un 27% de disposiciones completas y 23% en estado intermedio. Los puntos de la reforma rural integral y la participación política son los de peor desempeño, puesto que un porcentaje significativo de las disposiciones no ha comenzado a implementarse, 14% y 29% respectivamente, o se encuentra en estado mínimo: 69% y 43% cada uno.

El limitado avance, el asesinato de cientos de líderes sociales y la pervivencia al interior de Colombia de al menos cinco conflictos armados no internacionales, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, ponen sobre la mesa una vez más la necesidad de avanzar en la implementación de los acuerdos de paz. Así mismo, resulta urgente consolidar el enfoque de género, con miras a reducir las desigualdades y avanzar en la garantía de los derechos, principalmente de las mujeres rurales de Colombia.
*Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia) y Red de Politólogas - #NoSinMujeres.

Verlo en la página original aquí.