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Ojalá que aquellos que tienen acceso a las grandes tribunas públicas demuestren mayor compromiso con el bien común y no solo con sus propios intereses.

Durante la semana pasada algunas ciudades de España fueron escenario de violentos disturbios callejeros. Los altercados sucedieron en medio de las manifestaciones convocadas en apoyo a Pablo Hasél, un cantante que fue encarcelado los días previos, condenado por diversas causas. Según han registrado los medios de ese país, los manifestantes se congregaron porque, en principio, consideraron el arresto como un ataque a la libertad de expresión. Hasél respondió ante la justicia por enaltecimiento y justificación del delito del terrorismo, y por injurias y calumnias contra la Corona y utilización de la imagen del Rey; consumando tales ofensas a través de las letras de sus canciones y de sus mensajes en Twitter.

Como ya ha sucedido en varios lugares —Chile y Colombia, por ejemplo— lo que inició como una reunión espontánea que aparentemente veía justificadas sus intenciones al defender alguna libertad o derecho vulnerado, terminó convertida en una seguidilla de desmanes y ataques a los bienes públicos y a la propiedad privada. La desproporción resulta evidente. Ese señor, Hasél, ostenta un prontuario colmado de bajezas y comportamientos deleznables, cuya defensa no merecería mover un solo dedo, mucho menos lanzar una piedra o agredir a nadie. Sin embargo, apoyados en esa base extremadamente frágil, miles de personas encontraron la motivación para salir a quemarlo todo y defender lo indefendible.O eso parecía.

En unas declaraciones consignadas en el diario El País, algunos de los manifestantes, fundamentalmente jóvenes profesionales, dieron explicaciones. Leyéndolas queda claro que el caso del cantante se convirtió en una excusa para expresar con rabia una serie de frustraciones personales, que al final poco tenían que ver con lo que encendió la chispa. Falta de empleo de calidad y de oportunidades de crecimiento para independizarse de sus familias fue una queja reiterada, pero también alusiones a una represión y a una supuesta ausencia de democracia que en realidad no se entienden muy bien. España es un país democrático que no reprime a sus ciudadanos (por eso se pueden manifestar en la calle), y de hecho es un país con buenos indicadores de desarrollo, una sólida seguridad social y una educación pública de calidad. Ya quisiéramos nosotros llegar a esos niveles.

Los políticos y comunicadores tienen una enorme responsabilidad en toda esta distorsión. La táctica que busca enfurecer a la gente, avivando la inconformidad con odios viscerales para que voten casi siempre en contra de alguien, o de algún partido, se está saliendo de control. De manera irresponsable están jugando con fuego encima de una bodega llena de explosivos y así no se va a poder. Ojalá que aquellos que tienen acceso a las grandes tribunas públicas demuestren mayor compromiso con el bien común y no solo con sus propios intereses, de tal forma que apacigüen los ánimos en lugar de incendiarlos. Lamentablemente esa pretensión parece muy alejada de la realidad que se va imponiendo.

Fotografía tomada de https://www.unsplash.com

Publicado en El Heraldo el jueves 25 de febrero de 2021