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En Colombia suele ser redundante hablar de crisis. Una rápida revisión a los titulares de prensa de cualquier mes, de cualquier año, revelará que todo, siempre, está sumido en algún tipo de crisis de la que nunca se sale. Al contrario, con el paso del tiempo se van agregando cosas a la lista. La salud, la educación y el orden público están graves desde el día uno; la confianza, la justicia y el medio ambiente son adiciones más o menos recientes. El lector puede sumar a esa limitada relación cualquier tema que le parezca, con seguridad acertará.

El transporte público, tan mencionado últimamente en Barranquilla, pertenece al grupo de las crisis eternas: empezó mal, está mal y probablemente continuará mal. Con la excepción de Medellín, de lejos la única ciudad que tiene una oferta de transporte relativamente decente, no hemos podido encontrar las claves que nos permitan movernos con dignidad. Por alguna razón los sistema de transporte público BRT (los «Transmilenios»), no han podido consolidarse, de tal forma que cuando tienen suficiente demanda no alcanza la oferta, o cuando hay una oferta razonable no se cumple la demanda. Mientras tanto, seguimos sometidos al martirio diario que supone desplazarse por nuestras ciudades, plagados de incomodidades e informalidad.

Lo que sucede con los buses urbanos es cuando menos curioso. Mientras a los BRT no les cuadran las cuentas, los transportadores tradicionales llevan toda la vida lucrándose significativamente del negocio. Eso no está mal, los negocios son para lucrarse y es una maravilla que las personas puedan recoger los frutos de su esfuerzo. Lo que no se entiende es por qué a unos les funciona y a otros no. Sabemos que los BRT deben cumplir con una serie de condiciones de servicio y atienden un sinfín de regulaciones y normas, además de estar bajo la constante vigilancia de los entes de control. En principio así debería ser, puesto que todo lo que se le exige a esos sistemas está pensado para el bienestar del usuario, que idealmente puede contar con que los buses estén en buenas condiciones, respeten horarios y ofrezcan algún estándar de confort. Es así con los conductores, quienes tienen contratos de trabajo cuya remuneración no depende directamente del número de pasajeros que movilizan y son protegidos por todo nuestro esquema de leyes laborales. En suma, los BRT son una evolución necesaria y un paso más en el camino correcto, siguiendo el ejemplo de otras sociedades que han logrado consolidar la movilidad de sus ciudades.

Entonces, ¿qué pasa? Puede especularse que quizá el obstáculo más grave que enfrentan los BRT sea la histórica falta de apoyo por parte de sus respectivas administraciones municipales. Ese apoyo no debe limitarse a constantes rescates financieros, como pasa aquí, sino fundarse en un serio compromiso a largo plazo, cuyo principal componente debe ser la unificación de los sistemas. Mientras los BRT compitan contra el transporte tradicional y las ofertas ilegales, no será posible su subsistencia. Lo asombroso es que nada de eso parece hacer parte de la agenda de una ciudad que quiere venderse con agresividad y ser atractiva para la inversión.

Fotografía tomada de https://www.unsplash.com

Publicado en El Heraldo el jueves 9 de septiembre de 2021