Para el desarrollo exitoso de un territorio se sabe hoy que es una condición sine qua non, la existencia de una administración pública territorial eficiente, que haga el mejor uso de los recursos públicos, que los utilice con transparencia y que sea capaz de irrigar el territorio con un buen uso de la política fiscal de gasto. 

Siempre he pensado que la mejor política pública de desarrollo concebida por un gobierno nacional, puede quedar hecha trizas si la concreción territorial de las mismas se hace mal, o con los agentes inadecuados o se cae presa de la corrupción. En el manejo del estado las buenas intenciones no bastan y el camino es pedregoso. 

En las políticas de gasto siempre hay fugas e ineficiencias, pero ello no quiere decir que no deban hacerse. Lo clave es que se hagan de la mejor forma posible y evitando que las capturas de rentas por parte de particulares echen a perder los logros de la política.

El Informe del BID sobre las administraciones públicas de América Latina y el Caribe 2017 nos hace una radiografía de las mismas comparadas con los países de la OCDE. Se encuentra que el tamaño promedio del estado en términos del PIB es más bajo (31%) en la región que en los de la OCDE (42%). En Colombia es incluso más pequeño, pues se estima que no llega ni al 30%. 

Otro factor preocupante que apunta a la eficiencia social del gasto, es que el impacto del gasto público con sus transferencias no logra rebajar mucho el coeficiente de Gini de concentración de la riqueza, pues en Colombia apenas pasamos de 0,54 a 0,52, mientras en Europa la caída del Gini pasa de 0,50 a 0,29, mostrando mayor eficacia en las políticas de distribución. 

En el tema de la salud, se encuentra que hay mucha fragmentación de los servicios y aunque ha mejorado, el paquete que se le ofrece a los latinoamericanos es más limitado que en la OCDE. Otro tema clave es el rol del Gobierno central, que ha ido en aumento en este frente, pero se ha concentrado más en los procesos y trámites que en la evaluación y la eficiencia de dicho gasto. 

En Colombia lo hemos visto con claridad con las dificultades para implementar el proceso del posacuerdo, con muchos problemas para la ejecución de las obras en las zonas de concentración. La tramitología y la lentitud subsume la eficacia de los programas de gasto. 

También se hace en el Informe un examen cuidadoso de la contratación pública, y en eso Colombia sigue en el atraso, carece de procesos de licitación electrónica, ya en marcha en varios países de la región. En Colombia realmente tenemos un estado muy moderado en tamaño, donde el gasto social en términos del PIB apenas llega al 17%, mientras que en Brasil y Argentina ya está en el 40%. 

Para implementar las políticas de los acuerdos de paz en las regiones más pobres del país, esta dinámica sin duda tiene que cambiar. Los paros actuales nos lo indican. Los retos están a la vista.