El desarrollo desigual es una característica inmanente del capitalismo, y ello se manifiesta en la concentración del ingreso y en la desigual organización espacial de la acumulación de capital. El capital organiza la espacialidad del territorio de acuerdo a su racionalidad, y por ello las políticas públicas deben tratar de afectar estas tendencias, para generar un desarrollo más equilibrado y más incluyente. Pero en países como el nuestro, donde ese desarrollo desequilibrado ha sido más evidente por razones políticas y económicas que incluyen las alianzas de las élites locales con el poder central en la reproducción de un régimen político específico, los desequilibrios siguen siendo cada vez más evidentes.

Cuando se examinan los movimientos sociales agrarios que hoy sacuden al país, se evidencia la impotencia del Estado a nivel de los territorios. Los bloqueos de vías se repiten cada tres años, en un ciclo caracterizado por firma de acuerdos que después sabemos que apenas se cumplen parcialmente. El problema no es solo de recursos, sino también de capacidad de las burocracias públicas en concretar dichos acuerdos, aplicando aquello que viene desde la Colonia: “se obedece pero no se cumple”. La causa de ello radica en que los cargos públicos son capturados por los mecanismos de reproducción política de familias y élites políticas y económicas, adonde no llegan necesariamente los más capaces y preparados. Un Estado así no puede funcionar bien.

Si miramos a los territorios la situación es preocupante.  Mauricio García Villegas, en “El mapa del país” (El Espectador, mayo 28/16), señala que en 137 municipios el Estado es precario (poca justicia local, pobre capacidad fiscal y bajo desempeño administrativo), dándose una tipología diversa de estados locales (local en disputa, local paralelo, local cooptado, local abandonado). Claudia López, en su reciente libro Adiós a las Farc, ¿Y ahora qué? nos cuenta de 15 millones de colombianos dispersos, sin Estado, en 455 municipios, en un país en el que la corrupción asciende al 3% del PIB (unos $34 billones de pesos aproximadamente).  Por otro lado, en este tema, los recientes hallazgos de la Contraloría sobre las siete Corporaciones Regionales del Caribe las dejan muy mal paradas. Acá en Barranquilla sentimos la inutilidad de  Corpamag con las quemas en la isla Salamanca.

En materia de regalías se han encontrado hallazgos en los departamentos por $30.8 mil millones de pesos, y todos sabemos que es la punta del iceberg. En el Caribe abundan los estados locales paralelos, los cooptados y los abandonados. En las grandes ciudades es el gobierno de los grandes contratistas y concesionarios, que financian a los políticos locales, capturando las decisiones en materia de inversión. Por ello, la autonomía regional del Caribe no se puede construir sobre el orden político actual: sería para ellos un delicioso festín burocrático.  Primero se impone la construcción de una nueva política ciudadana y de un Estado que responda a los intereses generales.