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Por José Rodríguez R.
Periodista
rodriguezjl@uninorte.edu.co
Investigación liderada por el grupo de investigación Proyecto UNI- Barranquilla.
Desde 2018 el departamento de Salud Pública de Uninorte lidera algunos estudios científicos sobre migrantes gestantes venezolanas que viven en condición irregular en Barranquilla y Riohacha. Un primer reporte señala que la inseguridad alimentaria y la violencia están entre sus principales afectaciones.
Dos mujeres. Una, colombiana, se convirtió en enfermera jefe para atender a personas vulnerables. La otra, venezolana, ha tenido dificultades con su segundo embarazo y se convirtió en niñera en un país vecino. El diálogo que sostienen arroja luces sobre la situación que guarda el cuidado de la salud materna y su impacto en las venezolanas migrantes gestantes que, en condición irregular, residen en Colombia.
“¿En los últimos siete días te has sentido deprimida?”, pregunta la sanitaria, Maolys Jiménez, a María Eugenia Hernández, de 36 años, en la sala de la casa arrendada donde vive, en el barrio Manuela Beltrán del municipio de Soledad, Atlántico.
“Uf, mucho”, expresa la gestante de ocho meses, fornida y de cejas pintadas, tras una mirada cómplice, pero de párpados caídos, a su esposo Carlos Marín, de 44 años, quien la observa desde un rincón. Una mecedora, una silla y dos mesas: una de plástico y otra de madera, son los únicos muebles del lugar, además de una cava de icopor que hace de butaca.
“Estar embarazada no es un problema. Ser madre es lo más hermoso del mundo, pero en esta situación es muy complejo”, enfatiza María, quien migró a Colombia en octubre de 2018, a través de Maicao, debido a la crisis económica y política de Venezuela. Hace cuatro meses la gestante entró a Emergencias del Hospital Niño Jesús, porque una ecografía evidenció poco líquido amniótico. Hace tres meses recibe atención prenatal. Hace tres semanas le diagnosticaron baja de peso a su bebé. En su siguiente respuesta, María confiesa que no puede evitar sentirse nerviosa o triste, y que en ocasiones tiene crisis de llanto.
Los síntomas depresivos, clínicamente significativos, son una tendencia que Maolys ha identificado en las venezolanas embarazadas que son migrantes en proceso de regularización. Su diagnóstico hace parte de una de las primeras investigaciones científicas sobre migrantes venezolanos en Colombia, que el departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte lidera desde 2018, en cabeza del profesor Julián Fernández, doctor en epidemiología.
Cada declaración de María queda registrada en el mismo formulario estandarizado que recopiló las voces de 530 venezolanas que, en condiciones similares, residen en las dos principales ciudades receptoras de migrantes del Caribe: Barranquilla y Riohacha. Los datos consolidaron el primer reporte del estudio multidimensional, que cuenta con el apoyo por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los resultados revelan, entre las problemáticas prioritarias, carencias nutricionales, diferentes tipos de violencia y síntomas depresivos. Ponen en evidencia retos en el acceso efectivo a los servicios sanitarios y la vulnerabilidad socioeconómica de las migrantes gestantes.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de un millón de migrantes venezolanos residen hoyen Colombia, de los cuales cerca de la mitad permanece de manera irregular. Casi 490 000 migrantes aún no habían regularizado para marzo de este año su situación porque ingresaron al país por pasos ilegales, o no tenían el Permiso Especial de Permanencia (PEP).
Sobre este fenómeno migratorio la opinión pública y los medios de comunicación han analizado y dicho de todo, especialmente lo relacionado con las mujeres gestantes. Es por eso que el equipo de investigadores que lidera Fernández busca una fotografía más certera de lo que realmente ocurre con esas mujeres. Según el estudio, cuatro de cinco hogares encuestados registra inseguridad alimentaria (87,5 %) y la mitad de la submuestra, anemia. Además, la violencia perpetrada por la pareja reporta un porcentaje superior al rango encontrado en otras investigaciones de Europa y América, donde la psicológica es la más usual (89 %), seguida por la violencia económica (31,4 %).
“Lo que pasa con los migrantes, en principio, es un diagnóstico de lo que pasa con el sistema de salud en general. Mejorar el sistema para los migrantes es mejorar el sistema para todos. Por eso nos urge comenzar a hablar de los migrantes desde una perspectiva humanitaria, y en el marco del respeto de sus derechos como nuestros iguales”, recalca el investigador en su oficina, mientras observa algunos de los datos desarrollados.
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFÍCAS DE GESTANTES VENEZOLANAS MIGRANTES EN CONDICIÓN IRREGULAR EN BARRANQUILLA Y LA GUAJIRA (2018-2019)
Caracterización
En 2018 más de tres mil partos de migrantes venezolanas fueron atendidos en la red pública hospitalaria del país, un incremento cuatro veces mayor respecto a 2017, lo que constituye un reto financiero y de gestión en salud pública. Sin importar el estatus migratorio, el plan de respuesta del sector salud procura la atención integral de las gestantes, además de su inclusión en los planes de intervención colectiva. Por ende, las migrantes venezolanas irregulares tienen derecho no solo a la atención de urgencias, parto y posparto, sino también al control prenatal y los beneficios de las acciones colectivas. Sin embargo, destaca Fernández, la medida no se traduce en todos los territorios del mismo modo para la población migrante.
De acuerdo con la investigación, realizada entre agosto de 2018 y mayo de 2019 en centros de salud y la comunidad, el 17,3 % de las encuestadas estaba embarazada antes de salir de Venezuela, es decir, la mayoría (82,6 %) concibió durante el trayecto o después de haber llegado a Colombia. Solo en el 3,7 % de los casos las gestantes afirmaron estar afiliadas al sistema de salud colombiano, todas en el régimen subsidiado, excepto por un caso en el contributivo; y solo el 32,3 % dijo que les habían otorgado un carné materno para la atención en salud, mientras que dos de cada cinco habían recibido las pruebas prenatales y vacunas necesarias.
En más de la mitad de los hogares sondeados, el ingreso mensual no supera el salario mínimo colombiano, y en el mes anterior a la encuesta este dinero fue invertido, en su mayoría, en la compra de alimentos (59,3 %) y el pago del arriendo (29,3 %). La principal fuente de ingresos de las gestantes correspondió a los ingresos del cónyuge o pareja (67,5 %), seguido por el trabajo propio (18,3 %) y la colaboración de la familia (11,3 %).
“Mi esposo ahora está desempleado. Él estudió computación y contabilidad, pero ha laborado aquí como heladero y mesero. Yo soy costurera, pero cuido dos grupos (mañana y tarde) de niños durante el día, a $ 2700 cada uno. Ese dinero nos sirve para los gastos diarios de la comida. Nuestros familiares en el extranjero nos han echado una manita para pagar los $ 500 000 del arriendo”, manifiesta María, al tiempo que lava algunos platos en la cocina. Pronto llegará del colegio su primer hijo, Samuel, de 6 años, con algún pequeño vecino a cuidar.
“LO QUE PASA CON LOS MIGRANTES ES UN DIAGNÓSTICO DE LO QUE PASA CON EL SISTEMA DE SALUD EN GENERAL. MEJORAR EL SISTEMA PARA LOS MIGRANTES ES MEJORAR EL SISTEMA PARA TODOS”.
Vulnerabilidad
Las mujeres migrantes, particularmente en condiciones de irregularidad, dado su dificultad para encontrar empleo, tienen bajos ingresos, lo cual puede generar aislamiento social y mayores probabilidades de ser violentadas. No obstante, el profesor Fernández es claro al insistir que la migración no determina la mala salud o situación económica, sino las condiciones en las que se da el proceso migratorio.
En el caso de las gestantes interrogadas, cuatro de cada diez percibió su salud como regular (40,2 %), con peor percepción para las de Riohacha. El 26,7 % había presentado al menos un episodio de infección urinaria, el 5,6 % tenía diagnóstico de preeclampsia (hipertensión arterial y proteína en la orina), el 3,1 % de enfermedades bucodentales, el 1,5 % de diabetes gestacional y un 17,8 % refirió otra enfermedad sin especificar.
Se registró que el 23,4 % de las gestantes presentó síntomas depresivos, clínicamente significativos, con una diferencia de 21,4 puntos porcentuales entre las ciudades, con mayor proporción para las asentadas en Riohacha, mientras el 16,6 % consideró que estar embarazada era un problema. De la muestra, el 39,1 % de las gestantes indicó no haber recibido control prenatal durante el embarazo, y solo el 20,9 % inició controles en el primer trimestre de gestación.
“Los migrantes son un grupo heterogéneo. Las condiciones de salud de las migrantes gestantes se explican por los determinantes sociales de origen, tránsito y destino. A veces se echa toda la responsabilidad a Colombia y hay que entender que esto es algo más complejo, que tiene que ver con las condiciones que cargan desde su origen. Por eso la regularización es el camino al acceso de derechos”, puntualizó Julián Fernández, quien llegó en 2017 a Villa Caracas, el primer asentamiento informal de migrantes venezolanos en Barranquilla, para cuantificar la situación de salud del fenómeno migratorio.
Los resultados del primer informe ponen de manifiesto que la capacidad institucional de cada ente territorial, con el apoyo del gobierno nacional, es determinante para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de las gestantes migrantes irregulares; y se espera que los resultados aporten a la ejecución de medidas específicas de protección y atención a las migrantes gestantes, y ayude indirectamente a la superación de la vulnerabilidad.
A su vez, concluyen que el gran esfuerzo del Gobierno Nacional y de las administraciones locales se limita a la atención en el servicio de urgencias, donde las migrantes tienen una buena percepción de los servicios de salud, sin embargo, sin cobertura en atención primaria, no existirá disminución de riesgo para la salud individual y colectiva para las gestantes migrantes en temas como acceso oportuno y continuo a tratamientos y violencia de género, ni se verán los beneficios sociales de la promoción de empoderamiento, necesarias para que las madres y las generaciones que nacen en la ola migratoria tengan mayores oportunidades de bienestar.
María Eugenia Hernández es uno de los rostros de esta realidad. Llegó a Colombia porque consideró que el gobierno venezolano no le garantizaba un futuro a su familia, pero ahora también, junto a su esposo, busca traspasar esa frontera social que ve la gestación como un desenlace indeseable en la migración, como si fuera un efecto negativo. Busca simplemente ser feliz por ser madre, otra vez.
▲ En Barranquilla fueron atendidos, en 2018, más de 1700 partos de mujeres venezolanas. En 2019, hasta junio, se han registrado más de 900.
CARACTERÍASTICAS DEL PROCESO DE GESTANTES VENEZOLANAS MIGRANTES EN CONDICIÓN IRREGULAR EN BARRANQUILLA Y LA GUAJIRA (2018-2019)
