Retos para la implementación del Acuerdo de paz en el Caribe

A tres meses de cumplirse tres años de la firma del Acuerdo Final de paz con las Farc, su curva de implementación es lenta pero progresiva. De los 578 compromisos radicados en el documento, hasta el momento solo el 24 % se han implementado por completo frente a un 28 % que no ha iniciado ninguna acción para ello. En algunos casos se debe a frenos legislativos, como la no aprobación de las circunscripciones transitorias especiales de paz o de una reforma político electoral.

Este y otros pormenores sobre la consumación del Acuerdo fueron dados a conocer el 22 de agosto durante la presentación del tercer informe de seguimiento a la implementación y sus principales hallazgos en el Caribe, realizado por el Instituto Kroc, entidad designada por el Acuerdo para identificar los avances y las dificultades de este proceso. El evento, organizado en el Salón de Proyecciones por el Centro de Pensamiento UnCaribe, cerró con un conversatorio sobre los retos y oportunidades para una paz de calidad en el Caribe, entre los representantes del instituto, el público y profesores del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

“La implementación del Acuerdo Final de Paz ha sido resiliente, pero aún es un proceso poco transformador, sobre todo en los territorios más afectados por el conflicto armado”, puntualizó Luis Felipe Botero, representante del Instituto Kroc.

El Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Gobierno y la exguerrilla de las FARC, tiene un horizonte de 15 años, lo que significa que va más allá de tres gobiernos nacionales y otros tantos regionales, además de conflictos locales que no dejaron de existir tras la firma del Acuerdo.

El primer punto del Acuerdo trata la reforma rural integral, que no solo busca arreglar el problema de reordenamiento de la tierra, sino que, a nivel general, buscar disminuir la brecha entre el desarrollo rural y urbano del país. En el Caribe se han hecho pilotos del catastro multipropósito, un proceso que pretende clarificar justamente la propiedad de la tierra en regiones que tienen concentraciones muy altas de informalidad en su tenencia, como los Montes de María.

“En Magdalena se hicieron algunos planes de ordenamiento social, pero aún no han entrado en total funcionamiento. También hay dos zonas de reserva campesina constituidas en el Caribe: en la Serranía del Perijá y otra en los Montes de María. Hay otras dos en proceso para estas mismas zonas y una para el sur de Córdoba. Además, hay cuatro PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) en el Caribe. Estos son planes de desarrollo construidos con las comunidades y organizaciones locales que se ocupan de territorios muy afectados por el conflicto armado, la pobreza y la falta de servicios y bienes públicos. Buscan romper justamente la brecha”, explicó el investigador.

Sobre el tercer punto del Acuerdo, que trata la dejación de armas y la seguridad, el Caribe maneja dos caras del complejo proceso. En La Guajira y Cesar hay dos espacios territoriales de captación y reincorporación, pero muchos excombatientes se han desplazado a ciudades como Barranquilla, Montería, Cartagena y Valledupar para rehacer sus vidas. También está el caso de Sucre y Bolívar, con alrededor de 480 personas en proceso de reincorporación.

Pero en los temas de garantía de seguridad hay una tendencia preocupante de amenazas y ataques a líderes sociales, que, si bien en la región Caribe no ha sido tan aguda, en otras regiones donde se pensaba que las cosas estaban mucho más tranquilas, hay síntomas preocupantes de amenazas.

“En la región Caribe, en términos de seguridad, estamos viviendo realidades diferenciadas. Mientras en el norte se avanza en procesos de construcción de paz, entendido como ETCR consolidados que se muestran como ejemplo de hacia dónde debe conducir los procesos de reintegración en los territorios y no hay disidencias en este momento, eso contrasta con una continuación de viejas guerras o de conflicto tradicional en los sures del Caribe, teniendo como ejes el sur de Cesar, Bolívar y de Córdoba, la zona más convulsionada en este momento”, manifestó el profesor Luis Trejos.

En el tema de víctimas, tratado en el quinto punto del Acuerdo, se incluye el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Algunos de los avances que hace ese sistema en la región Caribe, por ejemplo, se reflejan en el caso 01 de la JEP, que trata secuestros de las FARC en el conflicto armado, el cual está abierto y se realiza una inscripción de víctimas. Hay otros casos que tocaron el Caribe, como el de los falsos positivos y los casos de violencia sexual.

Con la Comisión de la Verdad hay presencia en el Caribe con tres Casas de la Verdad: Valledupar, Barranquilla y Sincelejo, donde están adelantando procesos para conocer y hacer memoria de lo que sucedió durante el conflicto armado.

Juan Diego Gómez, miembro del Instituto Kroc que analiza la situación del sur de Córdoba y los Montes de María, hizo un llamado para siempre ver el conflicto más allá de las cifras, porque estas “esconden muchas realidades”.

“En los Montes de María poco más de 14 mil personas que hacen parte de las veredas, de las organizaciones campesinas y los corregimientos apostaron por diseñar y trabajar alrededor de casi nueve meses en la configuración de esos programas de desarrollo con enfoque territorial, que tiene apuestas de reactivación económica, seguridad alimentaria, de ordenamiento de la propiedad, etc. En el sur de Córdoba más de tres mil personas le apostaron desde sus organizaciones a erradicar los cultivos de coca que tenían ahí, para que no sean tratados como delincuentes. Es necesario reconocer eso”, recalcó el investigador.

Por José Luis Rodríguez R.