Desafíos que la región Caribe debe superar para alcanzar una paz total

En un esfuerzo por abordar los desafíos que enfrenta el Caribe colombiano en su camino hacia la paz, un estudio realizado por dos docentes y una egresada del programa de Ciencia Política y Gobierno de Uninorte recalca la importancia de fortalecer las capacidades administrativas en los territorios afectados por la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este análisis destaca la necesidad de implementar medidas concretas que fomenten la transición de gobernanzas armadas a gobernanzas legales en las zonas donde opera esta guerrilla, sur de Bolívar y sur del Cesar, para sentar las bases de una paz sostenible.

El estudio, denominado Territorios, capacidades administrativas y paz total en el Caribe colombiano - El caso de las negociaciones con el ELN, fue desarrollado por los profesores Luis Trejos y Ángel Tuirán, y la politóloga Emely Villa Carpentier. Respaldado por la Embajada de Canadá en Colombia, el documento se enfoca en la territorialización de la paz total, subrayando la relevancia de actualizar la base catastral, crear esquemas asociativos para una mejor gestión de proyectos, fortalecer la capacidad técnica en la formulación de proyectos y profesionalizar las administraciones locales con bajos resultados en su desempeño.

"Dentro de la coyuntura política actual, estamos en un escenario de negociación del Gobierno nacional con diferentes actores armados, pero también hay acercamientos y mesas de negociación con el Estado mayor central y recientemente con la segunda Marquetalia. Entonces, históricamente, lo que hemos visto es que estos procesos, que pueden derivar en acuerdos, terminan diseñando, en términos de política pública, acciones que son coordinadas desde el centro y muchas veces dejan por fuera del proceso de implementación y negociación a los alcaldes y gobernadores. Para que estos procesos tengan continuidad es importante la participación de las autoridades locales", enfatizó el profesor Tuirán.

Uno de los hallazgos más significativos es la relación directa entre las capacidades administrativas deficientes en las administraciones locales y la dificultad para consolidar la paz y la gobernabilidad democrática en la región. El estudio evidencia que los altos niveles de desactualización catastral, la debilidad en el recaudo de impuestos y las bajas coberturas en servicios públicos, sumado a la presencia de violencia armada, minería ilegal y cultivos ilícitos, obstaculizan el avance hacia una paz duradera.

Por otro lado, el control ejercido por el ELN sobre las administraciones locales —señala el estudio—, tanto en términos políticos como económicos, ha generado un escenario de clientelismo armado que dificulta la legitimidad institucional del Estado en la región. Además, la regulación de la minería también ha sido una fuente de financiación estable para el ELN.

Bajo este contexto, el profesor Tuirán resalta la necesidad de incluir activamente a los alcaldes de las zonas afectadas en las negociaciones de paz con esta guerrilla, garantizando su participación en la formulación de políticas públicas alineadas con el Plan de Desarrollo Nacional en materia de paz y seguridad. Asimismo, destaca la importancia de fortalecer las instituciones existentes, como la JEP, y utilizar enfoques territoriales, étnicos y de género para promover una paz inclusiva.

De acuerdo con el profesor Luis Trejos, lo que se plantea en este caso es que, junto al proceso de negociación, que debe llegar en algún momento a la desmovilización y desarme del ELN, también se dé el fortalecimiento de la capacidad administrativa de las alcaldías, es decir, “un acompañamiento sostenido desde el nivel central, en términos técnicos, financieros y administrativos”.

“El ELN ha ofertado durante muchos años bienes y servicios públicos en estos municipios, especialmente en los territorios rurales. Por ejemplo, en esas zonas rurales presta servicios de seguridad, administra justicia, recauda el tributo y regula economías legales e ilegales. Lo que se busca es que una vez el ELN salga de esos territorios sea la administración local la que asuma las funciones de regulación, y no que llegue otro grupo armado a llenar el vacío que dejaría esta guerrilla", agrega Trejos.

En las reflexiones finales del estudio, la actualización de la base catastral, la creación de esquemas asociativos para una gestión más eficiente de proyectos, el fortalecimiento de la capacidad técnica en la formulación de proyectos y la profesionalización de las administraciones locales con bajo desempeño son señaladas como acciones clave para avanzar hacia una paz duradera en la región. Estas medidas no solo contribuirían a mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino que también ayudarán a restar legitimidad a los actores armados y promover la transición hacia gobernanzas legales.

Además, se enfatiza la importancia de involucrar activamente a los alcaldes de las zonas afectadas en las negociaciones de paz con el ELN y en la formulación de políticas públicas alineadas con el Plan de Desarrollo Nacional en materia de paz y seguridad. Asimismo, se subraya la necesidad de aprovechar las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en lo referido a la Paz Territorial como insumos clave para la formulación de acuerdos que promuevan la paz y la reconciliación en la región.

Gracias a la Embajada de Canadá en Colombia, el documento fue enviado al equipo negociador del Gobierno colombiano en la mesa con el ELN, al Alto Comisionado para la Paz y a los alcaldes de los municipios afectados. Se convierte en un insumo para la negociación y el estudio del conflicto armado.

Conoce aquí el estudio completo Territorios, Capacidades Administrativas Y Paz Total En El Caribe Colombiano - El caso de las negociaciones con el ELN.