Consultorio Jurídico defiende los derechos de los más vulnerables en crisis energética y tarifaria

Las recientes protestas que han paralizado la movilidad en Barranquilla en respuesta a los excesivos costos y las frecuentes suspensiones del servicio de energía eléctrica tienen un nuevo capítulo legal significativo. El 29 de agosto, el Tribunal Administrativo del Atlántico tomó una medida trascendental al admitir la demanda de acción popular presentada por el Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, uniéndola al proceso instaurado previamente por los personeros del departamento del Atlántico con las mismas causas como motivo.

Esta acción legal, dirigida contra el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, tiene como objetivo primordial la protección de los derechos colectivos de acceso a los servicios públicos y la garantía de su prestación eficiente y oportuna.

Juan Barrero Berardinelli, director del Consultorio Jurídico, explicó que diariamente reciben a usuarios en sus instalaciones que se ven afectados por las elevadas tarifas del servicio público. Estos usuarios, en su mayoría pertenecientes a estratos bajos, "manifiestan que mes a mes se ven en la difícil situación de tener que decidir entre pagar el recibo de la luz o proporcionar alimentación y educación a sus hijos, así como solventar las demás necesidades básicas", por lo que como medida provisional se solicitó la cesación inmediata de las suspensiones de energía por falta de pago a todos los usuarios de estratos bajos en las zonas donde opera la empresa AIR-E S.A E.S. P; así como la suspensión de las Resoluciones 010 del 30 de enero de 2020 y 078 del 24 de junio de 2021 proferidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Barrero Berardinelli argumentó que esta demanda se basa en la Ley 2113 de 2021, que exige a los consultorios jurídicos promover acciones de litigio estratégico de interés público. También se respalda en estudios realizados por Fundesarrollo y Frontier Economic, los cuales concluyen que las tarifas del servicio de energía en la región del Caribe colombiano son desproporcionadamente elevadas en comparación con el resto del país, teniendo un impacto significativo en la pobreza multidimensional de los hogares.