En búsqueda de un país más justo y socialmente responsable

Corresponde a las autoridades públicas en todos sus niveles, como condición para el adecuado cumplimiento de los fines estatales, desarrollar sus competencias y funciones con arreglo a principios y normas propias de un Estado Social de Derecho, que centra su atención en el individuo -célula fundamental de la sociedad-. Asimismo, articular a la sociedad civil para que, en interacción con el Estado y desde sus organizaciones, contribuya tanto al fortalecimiento de las instituciones públicas como a la comprensión y solución de problemas político-sociales en procura de alcanzar los objetivos y metas de la administración pública y altos niveles de desarrollo social integral, local, regional y nacional.

Es entonces necesario proveer al conjunto de la sociedad, el capital humano idóneo y competente que requiere el Estado, contando con profesionales vinculados o interesados en los asuntos públicos, del desarrollo social o familiar, cuyas competencias permitan diseñar rutas prioritarias de política pública y social, creando sinergias entre las comunidades, organismos internacionales, autoridades nacionales y locales logrando acordar planes de acción que articulen recursos, esfuerzos y capacidad técnica.

Es así como se deben unir los esfuerzos del estado, la empresa privada, y la academia como impulsores y actores principales en la búsqueda de una comunidad más justa y socialmente responsable.

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