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La Convención Constitucional de Chile (CCC) fue instalada oficialmente el 4 de julio del 2021. Se trata de una asamblea constituyente inédita en la historia chilena: Está conformada por 155 convencionales (muchos de ellos independientes), de los cuales 17 son representantes de pueblos indígenas. Es la primera asamblea constituyente en la historia mundial que abre un canal directo de comunicación y participación ciudadana interactiva durante los debates. Y es además la primera asamblea constituyente paritaria del mundo, lo que representa una oportunidad para avanzar en materia de derechos de la mujer, los derechos sexuales y reproductivos, y la lucha contra la violencia de género, entre otros temas cruciales para la sociedad chilena.

La CCC está sesionando en el palacio del ex Congreso Nacional de Chile, en la ciudad de Santiago. El edificio albergaba al Congreso Nacional hasta 1973, tras el golpe de estado de Pinochet; desde el retorno a la democracia en 1990, el Congreso sesiona en la ciudad de Valparaíso. El edificio requería por lo tanto diversas obras de remodelación y habilitarlo para su uso en tiempos de pandemia, equipándolo con tecnología que permitiera la operación en múltiples salones para guardar el distanciamiento social y la participación y votación en virtualidad. Esto también explica por qué la ceremonia de instalación tuvo lugar en el patio del edificio. Para sesiones plenarias, también debido a las restricciones del coronavirus, los convencionales se distribuyeron los espacios del palacio entre el semiciclo y diversas salas alternativas que están habilitadas para seguir las sesiones a través de computadores y cámaras.

En un hecho histórico, la CCC eligió como su presidenta a Elisa Roncón, una reconocida activista mapuche. Esta es una poderosa señal de cambio en el único país de la región (aparte de Uruguay) que hasta ahora no ha reconocido constitucionalmente a los pueblos indígenas. En su discurso inaugural, Roncón instó a los convencionales a trabajar por el establecimiento de una Constitución intercultural que reconozca a Chile como Estado plurinacional. Sin embargo, Roncón ha sido víctima de amenazas que han llevado a que el Estado deba proveer protección especial. En redes sociales abundan mensajes racistas y misóginos en contra de Elisa Roncón, así como contra otras mujeres e indígenas que hacen parte de la Convención.

Durante esta primera fase se logró concretar la organización interna y la mesa directiva. Posteriormente, se establecieron comisiones transitorias para el inicio del proceso constituyente.  A continuación se detalla lo acontecido.

Primera semana (4-11 de julio): Instalación

La primera semana estuvo marcada por dificultades técnicas y logísticas en el palacio del ex Congreso, que impidieron el desarrollo de las sesiones, y por las discusiones relativas a un pronunciamiento en contra de la detención de los denominados "prisioneros de la revuelta y del Wallmapu" (detenidos en el marco de las protestas sociales desde 2019 y mapuches). Se hizo un llamado al reconocimiento de la existencia de prisión política contra miembros del pueblo mapuche (como una manifestación de la criminalización de la protesta social); se solicitó al Congreso avanzar en una ley de indulto a favor de los reos de las protestas y en una ley de reparación a víctimas de derechos humanos en el marco de las protestas; y finalmente, se pidió al poder ejecutivo la desmilitarización del Wallmapu (nombre que los mapuches dan al territorio que ocuparon históricamente en la Patagonia). Este pronunciamiento, que reúne varias demandas de larga data del pueblo mapuche, fue duramente criticado por sectores cercanos al gobierno, alegando que escapaba a las funciones para las que había sido convocada la Convención e intervenía en la esfera de los jueces penales y entes de investigación.

Segunda semana (12-18 de julio): Dos visiones de país en colisión

En la segunda semana, la Convención comenzó a definir su estructura interna y funcionamiento. El objetivo es lograr a finales de agosto un acuerdo sobre el reglamento interno. En otros procesos constituyentes el logro de consensos sobre el reglamento fue muy complejo; por ejemplo, en Bolivia tomó nueve meses para poder empezar a discutir la redacción del primer artículo de la Constitución. Pese a que el término de un mes resulta razonable en perspectiva de derecho comparado, en Chile ha generado muchas críticas, especialmente de los sectores conservadores que votaron por el rechazo a la Convención. Apenas con dos semanas de trabajo, ya se alega que los convencionales no están cumpliendo la única función para la cual fueron elegidos y están enfocados en debates de la coyuntura política, lo cual representa un despilfarro de recursos públicos que podrían haberse invertido en satisfacer algunas de las demandas sociales que llevaron a la situación actual. Se multiplicaron mensajes en las redes sociales donde se cuestionaba que no se hubiera comenzado a redactar el artículo 1 de la Constitución, como si las constituciones se escribieran en orden numérico, cuando lo que suele ocurrir es que primero se fijan los principios orientadores y los lineamientos generales sobre forma de Estado y gobierno (distribución vertical y horizontal del poder) y a partir de ahí se van construyendo consensos sobre materias concretas. Es perfectamente identificable que actores y medios que se alinearon al voto de rechazo a este proceso están aprovechando el desconocimiento sobre el tema y avivan debates sobre cuestiones que pertenecen a la naturaleza misma de un proceso constituyente en el que por primera vez se incluyen voces tan diversas.

Esta fuerte polarización se enmarca en el proceso electoral en curso: las primarias presidenciales de la alianza de derecha “Chile Vamos” y de la alianza de izquierda “Apruebo Dignidad”, que se celebraron el domingo 18 de julio. Es posible que este contexto electoral, de cara a las presidenciales de 2022, influya en los debates de la CCC. En ese sentido se ha alertado sobre una potencial “presidencialización de la Convención”. El tema es relevante porque quien ocupe la presidencia en 2022 será la persona que tendrá la responsabilidad de poner en marcha las reformas institucionales en caso de que la Constitución sea aprobada en el plebiscito de salida (el texto constitucional que adopte la CCC será sometido a voto popular para su aprobación o rechazo).

Tercera semana (19-25 de julio): Comisiones transitorias

Es importante mencionar las tensiones que se produjeron por el uso del idioma mapuche (mapudungun) por constituyentes indígenas durante las sesiones. Por ejemplo, en el caso de Machi Francisca Linconao. Se alega que la constituyente puede hablar en español y por lo tanto debería comunicarse en el idioma que todos pueden entender en lugar de “hacer un show”. Por esta intolerancia y discriminación hacia los pueblos indígenas y sus lenguas, este debate pone sobre la mesa la colisión entre dos visiones de Chile: la asimilacionista (una nación, una lengua) que ha dominado hasta la fecha, y la plurinacional, que busca “una nueva forma de ser plural”. Constituyentes destacaron la necesidad de respetar los instrumentos internacionales y establecer mecanismos eficaces para garantizar el derecho al uso de lenguas indígenas.

También continuaron los ataques a la CCC por los costos del proceso constituyente. El debate se produjo entre quienes afirman que el gobierno no ha destinado recursos suficientes y quienes alegan que el presupuesto para la CCC es excesivo.

Más allá de los enfrentamientos y tensiones políticas, se empiezan a consolidar alianzas temáticas al interior de la CCC. Ocho convencionales de diversa orientación sexual conformaron la “red de constituyentes disidentes”, cuyo objetivo consiste en plasmar dentro de la constitución un principio de diversidad, igualdad y no discriminación, con un enfoque de disidencias sexuales, para la incorporación de grupos históricamente discriminados. Esta iniciativa va de la mano con la propuesta de cuestionar el concepto actual de familia y su definición en la Constitución.

Por otra parte, se produjeron varios avances en la estructura interna. La CCC aprobó la creación e integración (con paridad de género y representatividad regional) de ocho comisiones transitorias, con sus objetivos específicos:

1. La Comisión de Reglamento, compuesta por 30 convencionales.

2. La Comisión de Ética, con 17 convencionales.

3. La Comisión de Presupuestos y Administración Interior, con 15 convencionales.

4. La “Comisión de Derechos Humanos, de Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, cuyo objetivo será “definir un marco común de lo que se comprende como derechos humanos, desde una dimensión individual, colectiva e intercultural (...) promoviendo garantías de no repetición de vulneraciones a estos derechos, asegurando la coherencia del trabajo Constituyente en sintonía con los lineamientos, principios e instrumentos internacionales sobre la materia, apuntando a consolidar una cultura de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos en nuestro país”.

5. La “Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia” cuyo objetivo será “generar los mecanismos que faciliten la entrega de información, la transparencia y el flujo de comunicación entre la Convención Constitucional y la sociedad”. La integran 17 convencionales, dos de ellos de escaños indígenas.

6. La Comisión de Participación y Consulta con Pueblos Originarios, para evaluar cómo ha de cumplirse con los estándares del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas en materia de consulta previa.

7. La Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial.

8. La Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial.

Cuarta semana (26-31 de julio): ampliación de la mesa directiva

A propósito del histórico centralismo chileno, la CCC revela un consenso mayoritario hacia la descentralización político-administrativa. Por primera vez, una asamblea constituyente es integrada por una diversidad de representantes de las regiones del país, lo que impulsa las demandas por un gobierno local fortalecido, autónomo, con más competencias y recursos. Adicional a los esfuerzos por lograr la mayor equidad posible en la representación por género (la mesa no puede tener más de 50% de hombres) y etnicidad (se reservaron dos sillas para pueblos indígenas), las comisiones también deben tener en cuenta la diversidad regional. El debate ha incidido en la definición de la operación de la CCC en regiones y en la posibilidad de los convencionales de visitar sus regiones durante el proceso constituyente para recibir retroalimentación de sus comunidades. Este enfoque también se impuso con la decisión de expandir la mesa directiva para que pudieran tener representación todas las fuerzas políticas de la Convención.

Desde la primera semana de instalación de la Convención, la Presidenta Elisa Roncón y el vicepresidente Jaime Bassa reconocieron la necesidad de ampliar la mesa y elevaron la propuesta a la plenaria. Varios convencionales consideraron que esta era una manera de incluir a la derecha, que en la CCC es una fuerza minoritaria pero que vota con fuerte cohesión. En la elección, efectivamente la alianza gobiernista de derecha “Vamos por Chile” logró una silla (Rodrigo Álvarez Zenteno, de la Unión Demócrata Independiente). El Partido Socialista de Chile también logró representación, con Pedro Muñoz Leiva (elegido por la región de Los Ríos con la Lista del Apruebo, y como representante de disidencias sexuales). Los dos escaños reservados a pueblos indígenas quedaron a cargo de Isabel Godoy Monardes (independiente, representante del pueblo Colla) y Tiare Aguilera Hey (independiente, representante del pueblo Rapanui). Complementan la mesa los convencionales Rodrigo Rojas Vade (independiente de la Lista del Pueblo, Distrito 13), Elisa Giustinianovich Campos (independiente de la Lista del Pueblo, región de Magallanes) y Lorena Céspedes Fernández (independiente, región Araucanía). La elección desfavoreció al partido Comunista, que se quedó sin representante en la mesa. Esto puede crear tensiones con las fuerzas de izquierda y centroizquierda al interior de la Convención.

Durante el mes de julio, la Convención Constitucional de Chile (CCC) culminó la primera fase de instalación formal con la conformación de varias comisiones transitorias: 1) Comisión de Reglamento; 2) Comisión de Ética; 3) Comisión de Presupuestos y Administración Interior; 4) Comisión de Derechos Humanos, de Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición; 5) Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia; 6) Comisión de Participación y Consulta con Pueblos Originarios; 7) Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial; y 8) Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial. Estas comisiones se diseñaron para debatir y acordar un reglamento y organización interna a más tardar el 24 de septiembre. En esta segunda fase que podría denominarse “reglamentación de la Convención”, las comisiones transitorias avanzaron durante el mes de agosto a diferentes velocidades. Los pasos más destacados serán considerados en el presente boletín.

Comisión de Reglamento

La Comisión de Reglamento es la comisión transitoria con el mayor número de convencionales y es la más importante durante la fase de reglamentación. En agosto, logró debatir y presentar una propuesta de reglamento (con reglas de funcionamiento y sobre votaciones) que debe discutirse en plenaria para su aprobación. Se suponía que a esta propuesta principal debían integrarse las propuestas de las otras comisiones transitorias y al final se aprobaría un único documento. No obstante, las Comisiones de Participación Ciudadana y de Ética argumentaron que debían producir reglamentos autónomos para sus temas y que los iban a plantear de este modo al pleno de la Convención. Si se sigue este modelo de varios reglamentos podrían generarse incoherencias entre articulados. En todo caso, se prevé un cronograma para septiembre: armonizar los reglamentos durante la primera semana; hacerle enmiendas durante la segunda semana; aprobar las enmiendas el 20 de septiembre, y publicar el o los reglamentos el 24 de septiembre; en la última semana deberían constituirse las comisiones temáticas permanentes. Entre octubre y febrero deberían producirse las deliberaciones en comisiones (con participación e iniciativas populares) y el tiempo restante de la Convención debería concentrarse en la deliberación y votación en pleno del articulado de la nueva Constitución. El cronograma definitivo debería quedar incluido en el reglamento.

La Comisión de Reglamento comenzó a tener debates sustantivos sobre temas cruciales relativos al nuevo diseño institucional. En el marco de la búsqueda de la sistematización de un reglamento definitivo para la Convención Constitucional, la subcomisión de Estructura y Funcionamiento por nueve votos a favor y dos en contra, aprobó eliminar el término “República” de Chile del reglamento. De este modo, según los defensores de la propuesta, se mantenía concordancia con el artículo primero que se aprobó, que definía al órgano constituyente como representativo “de los pueblos de Chile”. Por lo tanto, desde el reglamento se debía tomar partido por un enfoque plurinacional del Estado chileno, en lugar de resaltar en el nombre del país su carácter de república, que para los mapuches y otros pueblos indígenas se asocia con represión y violación de sus derechos de autonomía. Para los detractores, retirar el término “república” del nombre del país pone en duda la unidad como Estado y es un sinsentido, ya que el concepto sirve para distinguirse internacionalmente de países que adoptan la forma de gobierno monárquica. 

En cuanto a la estructura interna de la CCC, la Comisión de Reglamento discutió al menos tres opciones de diseño institucional de la Secretaría Técnica de la Convención: 1) órgano asesor (funciones archivísticas), 2) órgano de armonización (sistematización de normas, con lo cual debería tener un balance en términos de representatividad política para evitar redacciones favorables a alguna fuerza política), y 3) órgano de colaboración en materia de participación ciudadana (lo cual genera el reto de evitar su captura por grupos de interés).

Por otro lado, la Comisión de Reglamento rechazó incorporar en la normativa interna algunas propuestas discutidas en las Comisiones de Comunicaciones, Descentralización, y Derechos Humanos. En concreto, medidas que se refieren a la institución policial (Carabineros) y al informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (conocido como Informe Valech, por el monseñor que dirigió la Comisión encargada de esclarecer violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura de Pinochet). Para la convencional Manuela Royo, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, estas medidas deberían ser parte fundamental del reglamento, ya que son la esencia de la movilización social que llevó a la Convención. Entre otras propuestas se solicitaba “el reemplazo de Carabineros; que ninguna calle, monumento, entre otros lleve el nombre de algún violador de derechos humanos; y dejar sin efecto la norma que embarga por 50 años la información entregada a la [Comisión Valech]”. El argumento para rechazar la propuesta fue el respeto hacia las víctimas y sus familiares cercanos.

Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Ética

Adicional a los debates precedentes, la Comisión de Derechos humanos estuvo en constante tensión, revelando que muchas de las temáticas discutidas en ella no eran propiamente parte de la reglamentación interna de la Convención, sino que correspondían a los debates constituciones sustantivos que se deben producir en el curso de la redacción de la Constitución. Otro ejemplo de estas tensiones de fondo se produjo con la participación del ex comandante en jefe de la Armada y convencional, Jorge Arancibia, en dicha instancia. Nueve convencionales aseguraron que la participación del ex comandante "revictimiza y retraumatiza a las miles de víctimas y sus familiares"  del régimen de Augusto Pinochet y por lo tanto debería dejar la Comisión. Sin embargo, Arancibia se negó a esta petición alegando que él fue elegido por muchas personas y que se encuentra allí en su representación. En respuesta, diversos convencionales plantearon un voto político para impedir la presencia del también exembajador en las audiencias sobre derechos humanos y defender las peticiones populares frente a la salida de Arancibia de la Comisión. No obstante, se llegó a un acuerdo en el cual Arancibia se mantiene en la Comisión, pero no participará en subcomisión de Verdad Histórica, donde se escucharán a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el régimen.

Este debate estuvo atado a distintos discursos de negacionismo histórico que se mantienen en Chile respecto del terrorismo de Estado y los crímenes perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet.  Al respecto, tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Comisión de Ética se pronunciaron. La discusión giró en torno a si debían tolerarse esos discursos que niegan los crímenes de la dictadura y hacen apología al régimen de Pinochet durante el debate constituyente como parte del derecho a la libertad de expresión o si de debía proscribirse o incluso penalizarse, como ocurre en países como Alemania y Austria respecto de los crímenes durante el régimen nazi. Se argumentó que en Chile no hay derechos absolutos; es decir, todos los derechos pueden ser limitados por leyes siempre que tales limitaciones cumplan con el principio de proporcionalidad. Está por verse si el reglamento de la Comisión de Ética y el reglamento general establecen una norma que permita un adecuado balance en la libertad de expresión, y la Convención no se convierta en tribuna para apologistas de la dictadura, vulnerando los derechos de las víctimas.

Un avance destacado en la Comisión de Ética fue la fórmula propuesta para la regulación de conflictos de interés, que en el papel permitiría que intereses patrimoniales de los convencionales sean expuestos ante la opinión pública. Aunque algunos critican la propuesta por establecer normas demasiado estrictas de ética y transparencia, sus defensores alegan que  establece garantías muy valiosas que contrastan con la forma en que se ha hecho política en el país en las últimas décadas.

Comisión de Participación Popular

Una de las constantes del proceso constituyente chileno es la exploración de  mecanismos de iniciativa popular para que la sociedad civil, y en particular los pueblos originarios y el pueblo afrodescendiente puedan presentar sus propuestas de normas constitucionales para que sean parte de la nueva Constitución, esto hecho bajo los requisitos mínimos que establezcan las comisiones de Participación Popular y la de Consulta a los Pueblos Originarios.

En esta línea, se han discutido mecanismos como la “iniciativa popular constituyente” o “mociones populares” (basadas en recolección de un número determinado de firmas que podrían ser equivalentes a mociones presentadas por convencionales), cuya regulación quedaría a cargo de la comisión de participación a través de su reglamento. Por otra parte, el 24 de agosto se concretó, tras un extenso debate, la propuesta de los denominados plebiscitos dirimentes. Se trata de un mecanismo de participación popular de carácter plebiscitario con sufragio universal por el que se podrá resolver la inclusión o exclusión de textos de artículos que logren una votación de 3/5 en el pleno pero que no alcancen la mayoría cualificada de 2/3 que se requiere para que una norma sea incluida en la nueva Constitución. Por ahora, se ha aceptado que las decisiones en las comisiones se logren por mayoría absoluta con quórum simple de los presentes, y que sólo cuando se discuten en el plenario deben alcanzar los 2/3. Posteriormente, el 28 de agosto, se decidió de forma unánime que los informes finales presentados por las comisiones de Ética, Participación Popular y Participación y Consulta Indígena se envíen al pleno para ser revisados de manera autónoma; se busca a su vez que se revisen los informes de las tres comisiones para verificar si existen contradicciones entre sus propuestas y la propuesta principal, planteada por la Comisión de Reglamento.

Comisión de Presupuesto

Uno de los temas más controversiales que ha acompañado los dos primeros meses de la Convención ha sido el debate sobre su presupuesto y en particular el aumento de las asignaciones por convencional. En respuesta a esta medida, los conservadores se opusieron completamente a estas asignaciones alegando que sus recursos eran suficientes; además, acusaron a los progresistas de darle la espalda a la ciudadanía con la aprobación del aumento de las asignaciones. Frente a estas declaraciones, los progresistas aseguraron que la derecha ha instalado maliciosamente afirmaciones sobre un supuesto aumento del sueldo para los constituyentes, cuando en realidad estas asignaciones van encaminadas a fortalecer los equipos de trabajo necesarios para cumplir con sus obligaciones. Agregan que a diferencia de otros convencionales, los conservadores tienen centros de estudios y más facilidades para cumplir con su labor.

Respecto a las asignaciones presupuestales a la Convención, se diseñó el denominado Comité Externo de Administración de Asignaciones. Según la propuesta, se trata de un “órgano independiente cuyo objetivo sería determinar los criterios y uso de las asignaciones que le corresponde a cada convencional y que deberán seguir las directrices de la comisión de presupuesto o el órgano que la reemplace”. En esencia, sus miembros revisarán las materias relacionadas con los distintos pagos a los constituyentes. Aunque no tiene todas sus funciones establecidas, se señalan entre otras las siguientes: separación entre las funciones de asignación de fondos y las de fiscalización, quórums reforzados y causales estrictas para el cese en el cargo. Lo cual influye positivamente en la cooperación de poderes, dado que funciones que antes estaban concentradas en un solo órgano, ahora pasan a distribuirse competentemente entre varios.

Temas transversales: Género

Paralelamente, en la Cámara de Diputados (poder legislativo de Chile) se aprobó la denominada Ley Dominga, que otorgará la posibilidad de ofrecer un acompañamiento clínico y psico-emocional por parte de instituciones de salud tanto públicas como privadas en caso de muerte gestacional y perinatal. Dentro de los aspectos abordados se tiene: brindar espacios de contacto digno con el hijo fallecido, autorizar acompañante en el proceso de cesárea, velar porque las pacientes que atraviesan el duelo no sean hospitalizadas en áreas de maternidad, aumentar el permiso laboral en caso de muerte gestacional y ante la muerte neonatal de un hijo, facilitar la información respecto al fallecimiento del hijo o hija, entre otras. La norma ya ha sido aprobada por unanimidad en el Senado y se espera que pronto sea revisada por el Ejecutivo.

Sin embargo, no todos los proyectos en el marco de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer chilena han tenido la misma acogida. El 9 de agosto se rechazó la propuesta de  despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, con siete votos en contra y seis a favor, llegando con informe negativo a la Sala, en la que se decidirá el futuro de esta iniciativa. En cuanto a los involucrados, como informa la revista Pauta, la presión se enfoca en Yasnia Provoste, la Presidenta del Senado y representante del Partido Demócrata Cristiano (actualmente en la oposición), quien asegura que “más allá de sus creencias espera cambiar el panorama de Chile, país en el que el aborto representa la tercera causa de muerte materna”, por lo que espera lograr cambiar la posición de sus colegas quienes se han mostrado reticentes al respecto. Todos estos debates tendrán incidencia en las discusiones que se produzcan al interior de la Convención sobre derechos sexuales y reproductivos.

Después de la fase de instalación formal (julio-agosto), la Convención Constitucional de Chile (CCC) avanzó en septiembre hacia la culminación de la reglamentación de su operación. A pesar de los numerosos obstáculos (incluyendo un brote de COVID-19 al interior de la Convención), el logro más destacado en este tercer mes de sesiones fue la aprobación del Reglamento General y del Reglamento de Ética. Con ello, se silencian las posturas más críticas contra el proceso constituyente, que aducían que la Convención tardaría meses antes que pudiera ponerse de acuerdo sobre estas cuestiones procedimentales, como ha ocurrido en otros procesos constituyentes latinoamericanos. Subsisten dudas, sin embargo, acerca del impacto de las normas definidas en el Reglamento de Ética, ya que su rigidez puede generar dificultades para la deliberación abierta. El 4 de octubre, después de diversas tensiones por el procedimiento, se aprobó también el Reglamento de Participación y Consulta Indígena. Aún falta la aprobación del Reglamento de Participación Popular, que ha generado tensiones por la propuesta de los denominados plebiscitos dirimentes, que se han propuesto para la aprobación o rechazo popular de normas que no alcancen en la plenaria la mayoría de 2/3 (103 votos) pero sí los 3/5 (93 votos).

De acuerdo al Reglamento General, las comisiones permanentes aprobadas son:

1. Comisión sobre sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral
2. Comisión sobre principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía
3. Comisión de forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal
4. Comisión sobre derechos fundamentales
5. Comisión sobre Medio Ambiente, derechos de la naturaleza y modelo económico
6. Comisión sobre sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional
7. Comisión sobre sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, artes y patrimonios

A la luz de las discusiones en torno a estas comisiones, se empiezan a vislumbrar cuatro ejes temáticos transversales sobre los cuales van a desarrollarse los debates constitucionales con mayor potencial transformador: plurinacionalidad, descentralización, feminismo y ambientalismo.

Los hechos y debates más destacados de este mes serán considerados en el presente boletín.

Aprobación del Reglamento de Ética y debate sobre el “negacionismo”

Durante la última semana de septiembre estaba aún pendiente la discusión del Reglamento de Ética. Algunos sectores de la Convención estaban especialmente interesados en el artículo 23, que definía el término “negacionismo”, por sus potenciales efectos (sanción de perder voz y voto). El Pleno rechazó cuatro indicaciones acerca de la modificación del artículo, para al final, con 80 votos a favor, 56 en contra y 11 abstenciones, aprobar el texto original. El término quedó establecido así: “Se entenderá por negacionismo, toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este. Así también, se entenderá como negacionismo toda acción u omisión, que justifique, niegue o minimice, las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la constitución del Estado de Chile”. Los convencionales de Vamos por Chile fueron quienes más cuestionaron la aprobación de este texto. Discutieron en redes sociales acerca de la libertad de expresión, adujeron la conformación de una dictadura del pensamiento y consideraron que representaba una forma de censura.

El debate sobre poder constituyente a la Sieyès

En la última semana de septiembre, desde las declaraciones del Vicepresidente de la Convención Jaime Bassa sobre posibles cambios en la duración del próximo periodo presidencial, se desencadenó una polémica discusión acerca de los límites de las funciones de la Convención. El vicepresidente comentó que si la nueva Constitución establece un régimen transitorio que modifique el periodo presidencial, el gobierno actual tendría que someterse a lo que ésta establezca; la ciudadanía al final tendrá la última palabra, dado que la Constitución debe ser aprobada por el pueblo mediante el Plebiscito de Salida. Esto planteó una discusión entre refundacionales  e institucionalistas; para los primeros, la Convención tiene poder constituyente originario como en la Revolución Francesa (es decir, tiene la capacidad para desmontar toda la institucionalidad vigente); para los segundos, su poder originario no excluye la necesidad de trabajar conjuntamente con las actuales instituciones y establecer un régimen de transición que permita un paulatino cambio constitucional, garantizando la continuidad de algunas instituciones y la reforma de otras. La discusión sin embargo puede ser meramente teórica; en la práctica, el proceso constituyente chileno se está desarrollando bajo las instituciones actuales que han habilitado este cambio constitucional, lo cual representa una característica particular de este proceso en el derecho comparado latinoamericano. Es interesante sin embargo evaluar cómo se desarrolla este debate, así como sus ramificaciones en torno por ejemplo a la tensión entre la actual Constitución y la que está surgiendo. Por ejemplo, algunos convencionales de derecha han planteado que normas que han sido aprobadas en plenaria serían inconstitucionales a la luz de la Constitución de 1980.

El escándalo Rojas y su impacto en la confianza pública

Uno de los sietes vicepresidentes de la Convención, Rodrigo Rojas Vade, ha sido tendencia tras revelar el engaño que escondía su historia de lucha contra el cáncer. Desde las manifestaciones del estallido social en 2019, Rojas comenzó a escribir un blog donde contaba detalles de su tratamiento; se llamaba “Cáncer, realidad sin filtro”, el cual hoy aparece cerrado. En su blog discutía sobre lo que significa tener la enfermedad del cáncer en Chile, con lo cual denunciaba las desigualdades del sistema de salud; su crítica, unida a su liderazgo en manifestaciones y a su carisma personal, lo llevaron a convertirse en una figura emblemática. Entre una de sus anécdotas destaca que la gente se acercaba a él como se acercan a una figura religiosa. Era como un santo de la primera línea. No obstante, a comienzos de septiembre reveló en una entrevista con La Tercera, que su enfermedad no es el cáncer, sino otra enfermedad que en Chile sigue siendo un tabú, por lo cual decidió ocultarla. Ante tal declaración, las reacciones fueron diversas. Por una parte, la constituyente conservadora Marcela Cubillos declaró que lo ocurrido generaba un daño irreparable para la Convención. Por otro lado, el alcalde izquierdista de Valparaíso Jorge Sharp, expresó admiración y aprecio a la declaración. Al final, tras las mayoritarias reacciones de rechazo e indignación, Rojas renunció a la Convención el 20 de septiembre; sin embargo, el impacto negativo en la institución tras su confesión sigue latente, e incluso la Presidenta de la Convención anunció que presentará una denuncia para que Rojas sea investigado por delito de perjurio ante el Ministerio Público.

Aprobación del Reglamento de Participación y Consulta Indígena

El viernes 1 de octubre se produjo una votación inédita en la Convención. Inicialmente se votaba la propuesta de Reglamento de Participación y Consulta Indígena redactada por la Comisión de Participación y Consulta Indígena. Sin embargo, representantes de pueblos originarios presentaron la enmienda 1, que prácticamente reemplazaba todo el texto de la propuesta de la Comisión. El fondo de la controversia radica en definir el carácter vinculante o no de la consulta indígena. En ese sentido, algunos convencionales de centroizquierda se acercaron a los representantes de los pueblos originarios y les advirtieron el posible rechazo que tendría un texto que obligue al pleno adoptar los resultados de las consultas indígenas.

Durante la votación, se aprobó la enmienda como una indicación sustitutiva del reglamento. La estrategia, aunque no viola las normas transitorias que rigen la Convención, causó rechazo entre sectores de la derecha, alegando principalmente aspectos relacionados a la transparencia del documento, afirmando que se trató de un truco jurídico para desconocer lo acordado en la Comisión e imponer la voluntad de los pueblos originarios. En los pronunciamientos respecto a la indicación sustitutiva encontramos posturas críticas de convencionales como Manuel Ossandón, quien reclamó la alteración de la naturaleza de una indicación al no realizarse un debate y análisis detallado como es debido; asimismo, aquellos que respaldan el reclamo de Vamos por Chile, afirman que la aprobación de la indicación significa hacer a un lado todas las audiencias públicas y todo la negociación sobre el reglamento en Comisión. Por otro lado, los firmantes de la indicación como Rosa Catrileo aclaran que realmente no existe alguna disposición que señale la forma que éstas deban tener, también señalan que es preocupante la acción de ciertos convencionales por bloquear la consulta indígena, siendo que realmente la nueva propuesta no es radicalmente diferente a lo que ya se había discutido, sino que por el contrario, sería una versión mejorada.

Frente a estas tensiones, la mesa se vio en la necesidad de buscar algún tipo de conciliación; al final se acordó votar en general el nuevo reglamento y dejar para el lunes 4 de octubre la votación en particular. Ese día se evaluó que numerosas indicaciones contradecían el Reglamento General, y finalmente se aprobó con una modificación en el artículo 18: “Mecanismos Generales. Los pueblos y naciones preexistentes al Estado de Chile tienen derecho a participar en todas y cada una de las etapas del proceso constitucional, a través de las vías establecidas por los Reglamentos que rigen la actividad de la Convención Constitucional”.

“Convencionalito”

Se ha generado el interrogante acerca de cómo el pueblo chileno podrá hacer un control político y estar informado de los debates más importantes en la Convención Constitucional. En respuesta, durante la votación del Reglamento General se aprobó, además de la elaboración de boletines y cápsulas informativas, la creación de un personaje institucional de ficción de la Convención, que contribuya a facilitar el entendimiento de las labores ejecutadas en la misma y por los convencionales constituyentes. Muchos convencionales han compartido y apoyado la iniciativa, argumentando que el pueblo podrá tener una experiencia más cercana a lo que sucede en el interior de la Convención. En Chile ya hubo intentos previos similares, que han llamado atención positiva y negativa en redes sociales, como lo ilustra el caso de “Contralorito”, un loro que explica las funciones y competencias de la Contraloría General. Esto ha servido para que algunos críticos al proceso constituyente ridiculicen la idea en medios de comunicación y redes sociales. Es también un reflejo de la alta polarización que se vive en el país en el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre. Algunos candidatos en campaña al Congreso, sin que aún se haya aprobado un solo artículo de la nueva Constitución, han orientado sus propuestas para coordinar el voto por el rechazo en el Plebiscito de Salida.

Entre septiembre y octubre, la Convención Constitucional de Chile (CCC) logró exitosamente cumplir con su segunda fase de funcionamiento, en la que logró establecer sus reglamentos internos. El 18 de octubre, a dos años del inicio de las protestas que activaron este proceso constituyente, se abrió oficialmente la tercera fase de la CCC (debate constitucional), que estará marcada por la negociación y redacción de propuestas de artículos constitucionales en las siete comisiones aprobadas y su debate en plenaria. Por iniciativa de la Mesa Directiva, también se definió un cronograma de trabajo a 12 meses, previendo que se apruebe la extensión al plazo inicial de 9 meses. Algunos convencionales de derecha cuestionaron esta decisión, argumentando que debería planificarse el cumplimiento del plazo de 9 meses y solo después de evaluar que no es viable y que se apruebe la prórroga deberían incluirse los 3 meses adicionales (5 de abril al 5 de julio de 2022). El cronograma, aprobado por el pleno el 3 de noviembre, contempla semanas territoriales para deliberar fuera de Santiago. La primera deliberación se realizará en la región de Biobío entre el 22-26 de noviembre.

Esta tercera fase de debate constitucional se dividirá a su vez en tres etapas:

1. Etapa de Instalación y Participación Popular, que durará entre el 8 de noviembre de 2021 y el 6 de enero de 2022, y en la que se recibirán iniciativas de normas constitucionales que surjan tanto de los convencionales como de la población, y paralelamente se diseñará el proceso de consultas indígenas;

2. Etapa de Deliberación y Votaciones (7 de enero-26 de abril), en la que las comisiones temáticas entregarán sus informes al Pleno, que debatirá y votará las propuestas en sesiones ordinarias, y en sesiones adicionales cuando no se logren los 2/3 de votos exigidos, pero sí alcancen los 3/5, lo cual deberá resolverse en abril; las propuestas que o logren los 3/5 serán desechadas, y las que nuevamente superen los 3/5 pero no alcancen los 2/3 serán sometidas a plebiscito dirimente el último domingo de mayo; y

3. Etapa de Armonización, que inicia el 27 de abril de 2022, fecha en la cual la Mesa Directiva debe entregar el proyecto de nueva Constitución, y se instala la Comisión de Armonización, que estará encargada de verificar la sistematicidad del texto y resolver incongruencias entre normas constitucionales, y entregar un texto final en junio, con lo cual el Pleno tendría hasta el 5 de julio para revisar y votar el texto.

Los hechos y debates más destacados de este mes serán considerados en el presente boletín.

Reglamento de Mecanismos de Participación Popular

El pleno de la Convención Constitucional terminó aprobando cuatro reglamentos que guiarán la labor de la Convención y las Comisiones: El Reglamento General, el Reglamento de Ética, el Reglamento de Participación y Consulta Indígena, y el Reglamento de Mecanismos de Participación Popular. El objetivo de este último reglamento es acercar el proceso constituyente a la ciudadanía y fomentar su participación en la redacción del nuevo texto; asimismo, se estipulan los parámetros y mecanismos para cumplir con dicho fin: cabildos, programas de educación popular constituyente, reuniones en centros de detención, encuentros virtuales, y reuniones para sujetos específicos (migrantes, trabajadores rurales, jóvenes, etc.).

El think tank neoliberal “Libertad y Desarrollo” ha cuestionado este reglamento bajo tres argumentos: 1) vulnera el Acuerdo por una Nueva Constitución al crear el plebiscito dirimente, ya que se había establecido que las normas constitucionales debían alcanzar acuerdos de 2/3 de votación, y a través de este mecanismo se puede flexibilizar esa exigencia al rango de 3/5 de los votos. 2) Se cuestiona que altere la conceptualización constitucional de ciudadanía al permitir la participación de mayores de 16 años. 3) Finalmente, el think tank critica que el reglamento establezca mecanismos diferenciados de participación y específicos para 12 grupos históricamente excluidos (entre ellos, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas de diversidades sexo-genéricas y pueblos originarios), afirmando que esta medida va en contra del principio de igualdad. Este tipo de argumentación refleja la postura de un sector de la sociedad afín a ideas libertarias y muy crítico de la Convención.

Reglamento de Consulta Indígena

Tensiones similares se produjeron durante el proceso de discusión y aprobación del Reglamento de Consulta Indígena, el cual fue finalmente adoptado en la Convención, aunque con la oposición de Vamos por Chile, que alegó que la aprobación de normas de iniciativa de pueblos originarios que reemplazaron las elaboradas en la Comisión fue una “jugadita jurídica”. Uno de los puntos más controversiales, la vinculatoriedad de las consultas indígenas, fue resuelto de manera procedimental: los resultados de la consulta indígena son vinculantes en el sentido de que deben ser integrados a los informes de las comisiones como propuestas de normas constitucionales, pero luego deben ser sometidos a votación del Pleno como todas las demás propuestas. También se creó una Comisión de Derechos y Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, que no fue aprobada en el Reglamento General (por lo que no es claro cómo va a funcionar con las otras siete comisiones), y que tendrá como objetivo planificar los procedimientos de consulta previa indígena. Estas noticias permiten dar cuenta de un proceso que, si bien es polémico tal y como se esperaba, ha sido guiado a un punto de respeto a aquellas voces silenciadas históricamente, y también a escuchar a la ciudadanía durante todo este proceso. Las situaciones que se han presentado estos meses han dejado ver que la Convención se ha enfocado en crear mecanismos internos para escuchar a la ciudadanía y a los pueblos originarios, y en dar oportunidades en igual nivel a las partes que conforman la Convención para manifestar su opinión en lo que respecta a distintos temas.

Reglamento de Ética

La legitimidad de la Convención Constitucional se basa en el actuar probo y transparente de sus integrantes, por lo que se consolidó la iniciativa de establecer un Reglamento de Ética que regulara la conducta al interior de la Convención. En este se contempla la creación de un Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de las Violencias, integrado por convencionales con funciones preventivas y sancionadoras por infracciones a la ética, así como funciones de promoción de una cultura de integridad. Así, abordará aspectos como el respeto, el enfoque de género, la prevención de las violencias, la rendición de cuentas, los riesgos de desinformación, el discurso de odio, la gestión de interés particular y lobby, entre otros. Asimismo, se habla de la necesidad de consecuencias reales ante la vulneración de la ética, que se impongan sanciones: amonestación (llamado de atención), censura (reproche por escrito), multa, y ofrecimiento de disculpas públicas. El Comité de Ética estará compuesto por cinco profesionales externos, de los cuales tres fueron elegidos por el Pleno el 25 de octubre, a proposición de la Comisión Provisional de Ética. Ahora bien, aunque esto es un logro significativo, atendiendo a su carácter externo que asegura imparcialidad en las decisiones y su contribución al estándar ético, la Convención cuenta con un gran desafío para incorporar todos los principios del Reglamento de Ética en el actuar cotidiano de sus integrantes, siendo fundamental disponer de todas las medidas y canales necesarios, puesto que de implementarse adecuadamente se fortalecerá tanto el proceso de deliberación de la nueva Constitución como la legitimidad del proceso constituyente. Con todo, uno de los grandes retos es cómo se va aplicar la regulación relativa a los discursos negacionistas de graves violaciones de derechos humanos, después de que se  confirmara la definición amplia de “negacionismo”. Al respecto, el constitucionalista Javier Couso opina críticamente que la definición es una especie de “tipo penal en blanco”, usando categorías del derecho penal, porque incluye como negacionismo la omisión (escuchar a un negacionista y no desmentirlo) y la minimización (término que califica como ambiguo). Y considera que lo más peligroso es que los negacionistas aleguen que son silenciados porque tienen la razón. Según Couso, “A mí me produce ira que personas tan primitivas, tan básicas que pueden negar violaciones groseras, genocidios y otros, por decirlo así, se den el lujo de decir que los acallan porque tienen la razón”.

Instalación de las Comisiones temáticas

El 18 de octubre, la Convención inició su tercera fase de funcionamiento con los discursos de apertura en el Pleno y la presentación de cada una de las Comisiones temáticas. Las Comisiones que se instalaron son: 1) Sistema Político (25 miembros), 2) Principios Constitucionales (19 miembros), 3) Forma de Estado (25 miembros), 4) Derechos Fundamentales (33 miembros), 5) Medio Ambiente (19 miembros), 6) Sistemas de Justicia (19 miembros), y 7) Sistemas de Conocimiento, Culturas, Ciencia y Tecnología (15 miembros).

La tarea de estas comisiones es desarrollar un debate público que permita seguir las bases planteadas durante los primeros meses de organización, que se han orientado a la definición de un Estado Plurinacional, reformar el hiperpresidencialismo e implementar mecanismos de democracia directa, entre otros temas. La Comisión de Derechos Fundamentales es la que más integrantes tiene, y abordará por primera vez en Chile temáticas no contempladas antes desde enfoques contemporáneos alternativos en materia de derechos humanos. Entre sus relevantes temas se destacan: los derechos civiles y sociales, la libertad personal, el derecho a la verdad y la justicia respecto de los delitos que constituyen violaciones a los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la tierra y al territorio, al trabajo y su protección, los derechos de las mujeres, de las disidencias y diversidades sexuales, y de los migrantes, entre otros. Por su parte, la Comisión de Sistema Político definirá si Chile será o no un Estado plurinacional y qué tipo de medidas se establecerán para la integración regional. La Comisión de Principios Constitucionales definirá quiénes serán nacionales y ciudadanos, así como los principios de la democracia a instaurar (directa, participativa o representativa). La Comisión de Forma de Estado resolverá la pregunta sobre la distribución territorial, descentralización, gobiernos locales y organización fiscal. La Comisión de Medio Ambiente establecerá si Chile se inclina por reconocer derechos a la naturaleza, si reconoce la función ecológica de la propiedad y el derecho al agua, y si integra principios de sostenibilidad y buen vivir. La Comisión de Sistemas de Justicia discutirá la arquitectura institucional del aparato de justicia, el Ministerio Público y el sistema de persecución penal, las acciones constitucionales y la creación de una Defensoría de los Pueblos. Finalmente, la Comisión de Sistemas de Conocimiento debatirá propuestas institucionales para la cultura, ciencia y tecnología, así como los derechos digitales, televisión pública y producción cinematográfica.

Respecto a las posiciones y tendencias ideológicas de cada una de las comisiones, se destaca la diversidad política. La composición ideológica de las siete comisiones es heterogénea, aunque dado que la derecha es minoritaria en la Convención, no sorprende que el promedio de las comisiones tengan prevalencia de fuerzas de izquierda. Según el análisis por posición ideológica de los convencionales, la Comisión de Medio Ambiente es la que tiene la mayor tendencia promedio hacia la izquierda, mientras que la Comisión de Principios Constitucionales es la que en promedio se ubica mejor en el centro ideológico. El promedio de las demás comisiones se ubica en la centroizquierda del espectro político.

La “división” de la derecha

La conformación de las comisiones tenía que conciliar varios criterios, incluyendo la paridad de género, plurinacionalidad y equidad territorial. Pero además cada fuerza política representada en la CCC tenía interés en contar con apoyos suficientes en cada comisión. Mientras que los partidos de centroizquierda e izquierda lograron apoyos transversales o cruzados con movimientos sociales y pueblos originarios, lo que les permite tener un peso relativo a favor en casi todas las comisiones, la derecha optó por dividirse en el papel para marcar distancia con algunos convencionales de extrema derecha que generan fuerte rechazo entre los convencionales, y lograr así patrocinios y acercamientos con el centro e independientes, así como para tener mayor representación en el uso de la palabra durante las sesiones plenarias. De este modo, de los 36 convencionales de Vamos por Chile, 20 se reagruparon en tres colectivos: Chile Libre, Chile Unido y Unidos por Chile. Al respecto, la convencional independiente Patricia Politzer declaró en una de las sesiones plenarias: “Quiero manifestar mi rechazo a la triquiñuela de la derecha extrema para dividirse en tres colectivos con nombres de fantasía”. De este modo, figuras de la extrema derecha muy reconocidas, como Teresa Marinovic, Margarita Letelier, Martín Arrau y Ruth Hurtado se reagruparon en “Chile Libre”, con lo cual por las reglas de otorgamiento de la palabra por colectivo, tendrán un espacio asignado específicamente durante los debates.

Los 16 convencionales restantes de Vamos por Chile, miembros de los partidos de Renovación Nacional, Evópoli e independientes, inconformes por la división de sus pares de la UDI y Republicanos, notificaron la creación de un nuevo colectivo propio de coordinación llamado “Independientes RN-Evópoli’’. Este nuevo grupo trabajará bajo 5 ejes, de los cuales se destacan: 1) dejar atrás la polarización para crear una Constitución cuyas bases sean el diálogo y los procesos democráticos, recuperando así la institucionalidad; 2) el proceso constituyente debe respetar las reglas y el mandato de la ciudadanía, ya que es la única manera de otorgarle legitimidad a la futura constitución; por lo tanto, es un eje fundamental en la nueva constitución la participación ciudadana; y 3) manifiestan su total apoyo al proceso constituyente, como la “puerta para mejorar la convivencia nacional, impulsar la estabilidad social y el desarrollo del país que se está construyendo”. Es importante recordar que UDI y Renovación Nacional fueron partidos que rechazaron el proceso constituyente y durante el plebiscito de 2020 promovieron votar por el no a la nueva Constitución, mientras que los líderes de Evópoli dieron libertad de acción a los militantes del partido, sin inclinarse por el apoyo o rechazo a la nueva Constitución.

Desarrollos ulteriores del escándalo Rojas

Se han presentado varias disyuntivas por el caso del Convencional Rodrigo Rojas Vade, quien anunció su renuncia el pasado 20 de septiembre, pero dado que no existe un mecanismo de renuncia aprobado, sigue percibiendo su sueldo. Esto llevó a que el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, emitiera un oficio dirigido a la Contraloría General para que se pronuncie sobre el hecho del pago de las respectivas remuneraciones a Rojas Vade (cuya enfermedad aún es desconocida, aunque afirmó que no era cáncer). La discrepancia del contenido del artículo 134 de la Constitución vigente (que regula el pago de remuneraciones a los integrantes de la Convención), sumado a la inexistencia de una norma que contemple la renuncia como causal de cesación del cargo de Convencional ha derivado en un vacío jurídico, por lo cual se está a la espera de la respuesta de la Contraloría como órgano de control de los recursos públicos respecto a la procedencia o no de la retribución.

En el mes de noviembre, la Convención Constitucional chilena (CCC) se enfocó en los debates por comisiones permanentes y cumplió con la semana territorial en la región de Biobío entre el 22-26 de noviembre. La deliberación se vio fuertemente influenciada por la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Los dos candidatos, Gabriel Boric (coalición de izquierda “Apruebo Dignidad”) y José Antonio Kast (Partido Republicano, extrema derecha) defienden posturas divergentes en torno a lo que sería la nueva Constitución chilena y su proceso de redacción. Boric fue protagonista del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que llevó al proceso constituyente actual. En contraste, Kast ha sido un detractor muy notorio del proceso. El tema es relevante porque en manos del próximo gobierno se encuentra el proceso plebiscitario de salida y, de ser aprobada, la implementación de la nueva Constitución. 

A partir de aquí se seleccionarán los debates más importantes desarrollados en la CCC, por Comisiones permanentes.

Noviembre de 2021

La Comisión Primera tiene como principales temas la definición del sistema político, las instituciones del gobierno, el poder Legislativo y el sistema electoral que tendrá Chile. Consta de 25 convencionales y tiene como deber deliberar y votar lo concerniente a las instituciones que hacen parte de la organización del Estado. El  pasado 2 de diciembre, la Comisión llevó a cabo una sesión acerca de las posturas sobre algunas normas constitucionales, incluidas entre otras las que tratan sobre el régimen presidencial. En esta sesión hubo consenso en aspectos como la necesidad de limitar las actuales facultades presidenciales. Sin embargo, los convencionales expusieron diferentes puntos de vista en relación con los mecanismos para limitar la figura presidencial, destacando dos de ellos: el modelo parlamentario y la plurinacionalidad.

Por un lado, se discutieron las propuestas de un sistema semipresidencial o uno parlamentario, aunque un cambio de estas dimensiones podría ser muy complejo de implementar. Convencionales como Jaime Bassa, Constanza Schonhaut y Guillermo Namor defendieron la propuesta de instaurar un modelo parlamentario, ya que permite una mejor distribución del poder. La convencional Patricia Politzer agregó que  un sistema parlamentario puede facilitar una mejor representación a través de la formación de coaliciones de mayoría; sin embargo, es importante explicar a la ciudadanía las ventajas de este cambio: “Si se plantea que los ciudadanos no eligen directamente al presidente, la sorpresa inicial suele convertirse en rechazo. Por el contrario, si se plantean los beneficios que podría tener un sistema parlamentario, de la sorpresa se pasa a la curiosidad y, en muchos casos, a la aprobación”.

Por otro lado, Rosa Catrileo, coordinadora de la Comisión, se destacó por su defensa de la adopción de la plurinacionalidad, afirmando que este modelo no contraviene la República ni implica la fragmentación del Estado, sino que abre la posibilidad de resolver conflictos mediante canales institucionales. El tema fue abordado en las sesiones especiales en la región del Biobío. Finalmente, las convencionales Alondra Carrillo y Bárbara Sepúlveda tocaron como puntos centrales garantizar la paridad de género como principio extensivo en toda forma de representación.

Diciembre de 2021

A inicios de diciembre, se planteó la discusión sobre el régimen político que se adoptará (presidencialismo atenuado, parlamentarismo o semipresidencialismo). Posteriormente, la Comisión se puso de acuerdo en un cronograma de trabajo hasta mediados de febrero, estableciendo diversas audiencias públicas y reuniones regulares con coordinadores de otras comisiones, así como con los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Se discutieron, entre otros temas, “materias de ley y formación de la ley”, “buen gobierno, probidad y transparencia pública”, “el rol de la Contraloría General de la República”, y los conceptos de eficiencia, ecología y ética pública (transparencia, acceso a información pública, responsabilidad y rendición de cuentas) como pilares fundamentales de la buena administración. Se discutió que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a la buena administración, y se define como el derecho de toda persona a que las instituciones de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. En esa línea, se instó por la consolidación de un sistema de integridad pública con normas de probidad y anticorrupción. En las actas de las audiencias no se reportan votaciones ni textos aprobados.

Enero de 2022

Los debates en la Comisión sobre Sistema Político lograron un gran dinamismo durante el mes de enero. El jueves 13 se llevaron a cabo más de 60 votaciones que dejaron como resultado la aprobación de las primeras normas sobre el nuevo régimen político. El jueves 27 también se tomaron decisiones trascendentales. Entre las normas que causaron más revuelo en las deliberaciones se encuentra la declaración de Chile como Estado plurinacional e intercultural, lo que implica reconocer derechos colectivos a los pueblos indígenas, y marca un hito en la historia del país como lo destaca la constituyente mapuche Rosa Catrileo, al afirmar que “Se ha aprobado una demanda que viene desde hace mucho tiempo, muchas décadas, no sólo para el pueblo mapuche, sino para la diversidad de pueblos originarios del país, y en especial para el pueblo Rapa Nui”.

Además, por iniciativa de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Chile Digno, Pueblo Constituyente (PC) y el Frente Amplio, se aprobó instaurar un Congreso Plurinacional unicameral de unos 205 miembros elegidos cada cuatro años; deberá ser paritario y con una representación efectiva de identidades trans y no binarias. Constituyentes como Alondra Carrillo (MSC) resaltan que este paso es trascendental "para acabar con el senado que le ha dado perpetuidad a una democracia elitista y excluyente". Ahora bien, respecto a las dudas sobre si la unicameralidad asegura la representatividad, la convencional Francisca Arauna (Pueblo Constituyente) defendió la propuesta argumentando que la representación no se aseguraba por el número sino por la pertenencia territorial de los representantes.  

Asimismo, los convencionales aprobaron otras propuestas, como la presentada por Bárbara Sepúlveda (PC), que consiste en la inscripción automática y el voto obligatorio para los mayores de 18 años, y voluntario para mayores de 16 y chilenos en el extranjero. También se logró avanzar en la búsqueda de la igualdad sustantiva de género, no sólo con la aprobación de la paridad en el Congreso sino con el respaldo de una iniciativa cuyo fin es que las organizaciones políticas reconocidas legalmente implementen paridad en su dirección. De igual forma, se avaló el reconocimiento de los movimientos político-sociales como “organizaciones públicas no estatales que constituyen expresiones de la pluralidad política de los pueblos”. Cabe aclarar que estas votaciones fueron en general, por lo que ahora procede la construcción de un texto con todas las propuestas que deberá pasar a la plenaria, para su inclusión en el texto definitivo de la que podría convertirse en la nueva Constitución chilena. En ese escenario podrían volver a discutirse y rechazarse, con lo que algunos temas podrían volver a la Comisión para estudiar otras alternativas.

Por otro lado, se presentaron propuestas sobre el sistema político, en las que se ve el acuerdo de los constituyentes en que Chile posee un presidencialismo exacerbado que debe ser superado. Para subsanar esto se proponen distintas fórmulas: 1) un presidencialismo de colaboración planteado por el colectivo del Apruebo, que mantiene la figura del presidente pero crea la de ministro de gobierno, encargado de ejecutar el programa de gobierno, para configurar “sistemas de desbloqueo” o “válvulas de escape” dentro del régimen actual; 2) un presidencialismo atenuado y balanceado, con una vicepresidencia paritaria y mecanismos de alineamiento entre las mayorías presidencia y parlamentaria, con bicameralismo, propuesto por  Chile Unido, con la intención de evitar un gobierno dividido y la parálisis institucional; 3) un “presidencialismo equilibrado”, propuesto por la derecha, que establece un Congreso bicameral en el que la Cámara Baja cumpla las funciones legislativas y el control político, y el Senado solo sea  una cámara de reflexión que mejore la calidad de las normas; 4) por último, se encuentra una propuesta de miembros del Frente Amplio, que reconocen que no están dadas las condiciones políticas para instaurar un régimen parlamentario, pero que optan por integrar algunos de sus elementos en el modelo presidencialista, para promover acuerdos y compromisos entre instituciones; proponen en esa línea la creación de un primer ministro que facilite la cooperación entre Congreso y Presidencia.

Febrero de 2022

El 16 de febrero en la Comisión de Sistema Político se llevó a cabo la votación general de las iniciativas indígenas constituyentes que llegaron a la Comisión. Para ilustración se puede citar la iniciativa N°259-1 sobre “Estado de Chile Plurinacional”, que fue rechazada. Asimismo, la iniciativa expuesta por la convencional independiente María Rivera sobre la creación de una Asamblea Plurinacional que disolviera los tres poderes del Estado, fue unánimemente rechazada y fuertemente criticada, incluso por el Presidente electo, Gabriel Boric.

Durante la Sesión N° 40 de la Comisión, la convencional Rosa Catrileo solicitó la votación separada del artículo que reconoce la existencia de los pueblos que se asentaron en el territorio antes de la formación del Estado Chileno, logrando su aprobación con 18 votos a favor y 6 en contra; este se considera como uno de los primeros pasos para visibilizar a estos pueblos y combatir la discriminación que han sufrido. El resto de las iniciativas propuestas en esa sesión fueron rechazadas; por ejemplo, la iniciativa N° 265-1, que pretendía crear el Congreso de primeras naciones, o la N° 276-1 sobre el reconocimiento de autoridades tradicionales Mapuche Huilliche.  

Asimismo, el 23 de febrero se discutió sobre la nueva estructura del Poder Legislativo, que reemplazaría a la actual Cámara de Diputados, quedando aprobado que el “Congreso Plurinacional” esté compuesto por no menos de 205 parlamentarios que serían elegidos a través de un sistema electoral mixto y que habrá escaños reservados para pueblos originarios y tribales. Además, la tensión entre unicamericalismo y bicameralismo parece decantarse a favor de esta segunda modalidad, pero con un Congreso asimétrico. Se aprobó la indicación presentada por las convencionales Marcela Cubillos y Constanza Hube para otorgar al “Consejo Territorial” o “Cámara Territorial” (que reemplazaría al Senado) mayor injerencia al momento de tramitar ciertos proyectos de Ley. A esta Cámara le correspondería “conocer” (es decir, participar en su debate e introducir modificaciones) los proyectos de reforma constitucional, las leyes interpretativas de la Constitución, la ley anual de presupuesto, la ley sobre la división política y administrativa del país, las leyes que afecten las competencias de las regiones, entre otras cuestiones.

También fue aprobada con 15 votos a favor y 10 en contra la indicación propuesta por los convencionales de Independientes No Neutrales, el Colectivo Socialista y el Colectivo del Apruebo, que establece que sólo grupos políticos con al menos 4% de los votos en la elección podrán tener representación en el Congreso Plurinacional. Por otro lado, se aprobó la reducción de la edad para ser diputado de los 21 a los 18 años, teniendo como requisito ser ciudadano, contar con derecho al voto y haber cursado la enseñanza media, siendo este último aspecto objeto de polémica puesto que las cifras de chilenos y chilenas que no pueden acceder a este nivel de escolaridad son significativas.

Marzo de 2022

En el mes de marzo se logró la aprobación parcial del artículo 4 de la nueva Constitución, por medio del cual se establece que Chile es un Estado plurinacional e intercultural, reconociendo a los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk'nam, entre otros como naciones indígenas preexistentes. Asimismo, se aprobó totalmente el artículo 5, que dota de autonomía a las poblaciones antes mencionadas, por lo cual el Estado debe garantizar su participación en el ejercicio y distribución del poder, teniendo representatividad en los distintos órganos e instituciones, como también la implementación de políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural.

Por otra parte, continuaron las deliberaciones sobre el diseño del poder legislativo en Chile. Se ha propuesto un Congreso robusto, integrado por no menos de 155 diputados, además de la eliminación del senado para reemplazarlo por una cámara de las regiones, con un mínimo de tres integrantes por región que tendrán a su cargo la aprobación de leyes y presupuestos. Esta propuesta ha recibido el visto bueno de muchos constituyentes y del actual presidente Gabriel Boric, pero también la oposición férrea de algunos sectores que consideran que este modelo concentraría demasiado poder en un congreso de corte unicameral.

Por otro lado, esta comisión decidió la eliminación de las figuras del Vicepresidente y del Ministro de Gobierno, al considerar que no apoya al modelo en el que se está trabajando en la Convención.

Abril de 2022

En el mes de abril, se presentaron los resultados del informe de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas, elaborado a partir de una consulta a los pueblos indígenas. Esta consulta ha sido duramente criticada debido a la baja participación y a lo costosa que ha sido. La mayoría de los artículos fueron rechazados debido a que ya se encuentran plasmados en el borrador de la Constitución, y por cuestiones de coherencia y ajustes con lo ya aprobado, se decidió su rechazo. Dicho informe contaba con 38 artículos, de los cuales solo uno fue aprobado por el pleno de la Convención. Este versa sobre el derecho a la identidad e integridad cultural, y a que se reconozcan y respeten sus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias.

Asimismo, en la línea de conseguir una representatividad más eficaz, se aprobó el pasado 13 de abril, con 104 votos a favor, el reemplazo del Senado por la Cámara de las Regiones, que será un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional, y que aspira a convertirse en una genuina expresión de la voluntad popular. De igual forma, luego de intensas deliberaciones, se lograron acuerdos sobre las atribuciones que tendrá (art. 11 bis): deberá declarar si prosperan las acusaciones que se formulen en contra de quien ocupe la Presidencia de la República, así como Ministras o Ministros que por actos de administración hayan comprometido gravemente el honor o seguridad de la nación, o por infringir la Constitución y las leyes; también contra las juezas y jueces de las Cortes o contralores por abandono de sus deberes; y contra generales o almirantes de instituciones policiales, por comprometer la seguridad y honor de la nación. Del mismo modo, revisarán acusaciones contra gobernadores/as regionales, y autoridades en los territorios indígenas por infracción de la Constitución.

En cuanto al sistema de gobierno, con 105 votos a favor, se aprobó que la administración del Estado corresponderá a la Presidencia de la República; además, se estableció que el periodo presidencial tendrá una duración de 4 años, con posibilidad de reelección por una sola vez, y se mantiene la segunda vuelta.

Mayo de 2022

El 9 de mayo en el Pleno de la Convención se aprobaron normas respecto a la probidad y reglas para las autoridades. Se incorporó la prohibición de optar a cargos públicos o de elección popular para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y demás que establezca la ley. Dicha propuesta fue aprobada con 122 votos a favor, 1 en contra y 27 abstenciones.

De igual forma, se determinó que será una comisión la que fije los sueldos de los cargos de elección popular y sus asesores. Además, se definió que las instituciones policiales estén destinadas para garantizar la seguridad pública y el resguardo de los derechos fundamentales; por tanto, se destaca su separación de la función militar, su carácter centralizado, y la incorporación de la perspectiva de género en sus funciones y la paridad en la toma de decisiones.

Por otro lado, se aprobó la composición de lo que será el Poder Legislativo: el Congreso de Diputadas y Diputados, que será un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representará al pueblo. Estará integrado por no menos de 155 miembros electos en votación directa por distritos electorales y que tendrá entre sus funciones la fiscalización de los actos del gobierno. También lo compone la Cámara de Regiones, cuyos integrantes serán elegidos tres años después de la elección presidencial y del Congreso, con un número que quedó por definirse por ley. Dentro de las funciones de la Cámara se puede destacar el ser juez en las acusaciones constitucionales contra autoridades, estar a cargo de la ley del presupuesto y de las leyes que alteren la división política del país, entre otras.

Noviembre de 2021

La Comisión de Principios Constitucionales, que está conformada por 19 convencionales y cuyo temario es el más acotado de todas las comisiones, aprobó el cronograma que define el orden en que se tratarán los temas. Se acordó que la discusión se dividirá en bloques. En primer lugar, se tratarán los principios constitucionales y las bases del derecho internacional. Allí se plantea el debate entre Estado subsidiario y Estado Social, la igualdad de género y la adopción de la plurinacionalidad. En el segundo bloque se abordarán temas relacionados con democracia y mecanismos de participación. En el centro de la discusión estará el modelo democrático (directo, participativo, representativo). En el tercer bloque se discutirán los temas relacionados con la nacionalidad y la ciudadanía, que seguirá con la redacción de una propuesta de preámbulo.

Por otro lado, durante la semana territorial en la región del Biobío, la Comisión Segunda visitó la comuna de Curanilahue, en donde los integrantes escucharon a la comunidad, acostumbraba al abandono por parte de las autoridades. Las principales preocupaciones de la región son la escasez del agua, los derechos de la tierra, el acceso igualitario y las listas de espera en la salud, la modernización y mantención de los caminos rurales, la seguridad rural, la conectividad, el difícil acceso a la conexión de internet, la seguridad rural, entre otros.

Diciembre de 2021

La Comisión Segunda tiene la tarea de dialogar con las demás comisiones, dado que lo acordado en ellas tiene incidencia directa en los debates sobre las bases y principios en que se sostendrá el Estado chileno en la nueva Constitución; estos ejercicios transversales fueron desarrollados durante el mes de diciembre. Se propusieron la inclusión de varios principios constitucionales, como la protección estatal de la vida, la democracia directa, la plurinacionalidad y el derecho a participar en la vida cultural, la conciencia ambiental, la transparencia y acceso a la información, y la garantía del derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas. También se desarrollaron discusiones sobre las modalidades de integración de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno, y en particular se plantearon los argumentos relativos a la prevalencia del derecho internacional de los derechos humanos.

Enero de 2022

El 17 y 18 de enero se realizaron visitas en la Región de Atacama; una en la ciudad de Copiapó (Universidad de Atacama), y la segunda en Huasco.

Entre las propuestas que se discutieron durante el mes de enero se pueden mencionar las siguientes: 1) los emblemas nacionales; 2) normativas relacionadas con terrorismo; 3) concepto y ejercicio de la soberanía; 4) familia e infancia; y 5) planificación urbana. Entre los principios que se discutieron se pueden mencionar: 1) supremacía constitucional; 2) legalidad; 3) república democrática; 4) dignidad humana; 5) colaboración social; 6) plurinacionalidad y plurilingüismo; y 7) principios de la función pública. Se consideraron como principios del ámbito ecológico 1) el buen vivir; 2) el principio biocéntrico; 3) la ecodependencia e interdependencia; y 4) el principio precautorio. También se realizaron propuestas sobre deberes del Estado y deberes recíprocos entre los ciudadanos. A finales del mes, varias de estas iniciativas fueron sometidas a votación para su aprobación o rechazo.

Febrero de 2022

Siguiendo el cronograma establecido y publicado, en febrero empezó la etapa de deliberación y votaciones que va hasta mediados de abril. Así, el miércoles 16 de febrero se publicó un texto sistematizado que contiene las iniciativas aprobadas en general por la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía con lo referente al primer bloque de normas que debe despachar la Comisión, y diez días después, el 26 de febrero, se publicó un texto comparado que permite contrastar las propuestas. Estas se dividen en varias categorías: las propuestas acerca del rol del Estado, las personas, la soberanía, la plurinacionalidad, la democracia, la paridad y no discriminación, de las familias, la forma de Estado, el derecho internacional, el plurilingüismo, la relación Estado-Iglesia, entre otros. Las propuestas pasaron a deliberación en el Pleno, pero hasta finales de mes ninguna había sido aprobada.

Marzo de 2022

Desde el 15 de febrero, la Convención en pleno está votando por los artículos que emanaron de esta comisión y que harán parte del nuevo texto constitucional de Chile. La Comisión, que presentó propuestas sobre principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía, logró la aprobación de los siguientes artículos por dos tercios de la Convención: Democracia participativa (art. 1); garantías democráticas (art. 2); igualdad sustantiva (art. 6); naturaleza (art. 9); la definición de Chile como país oceánico (art. 9M); interculturalidad (art. 11); plurilingüismo (art. 12); probidad y transparencia (art. 14); y supremacía constitucional y legal (art. 15). Solo los artículos 11 y 9M fueron aprobados en su totalidad, mientras que el resto solo parcialmente.

En contraste, el órgano constituyente rechazó varios incisos del artículo primero acerca de los Principios Constitucionales, que definían a Chile como un “Estado social y democrático de derecho. Su carácter es plurinacional e intercultural y ecológico”. Asimismo, el inciso que establecía que Chile “es una República democrática, solidaria y paritaria que reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”, sosteniendo que algunos términos son imprecisos y vagos. El bloque de derecha defendió el mantenimiento del Estado subsidiario, mientras que los independientes y los partidos de izquierda promovieron la adopción del Estado social de Derecho. Este artículo tuvo que ser devuelto a la comisión, que tendrá que redactar una nueva propuesta.

Abril de 2022

Durante el mes de abril, con respecto a los principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía se pueden destacar cuatro temas importantes: los mecanismos de reforma constitucional, la democracia participativa, la nacionalidad y el voto. Con respecto al primero, cabe destacar que fue la Comisión de Sistemas de Justicia la encargada de despachar al pleno los artículos que regularían la manera en la que la nueva Constitución sería reformada. Así, la regla general aprobada por la mayoría de constituyentes de la instancia, indica que para reformar la nueva Constitución se necesitarán 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, exceptuando capítulos específicos, como los que tienen que ver con sistema político, principios y derechos fundamentales, forma de Estado, entre otros. Además de la mayoría anterior, para estos temas se requerirá un referéndum ratificatorio, a menos que el proyecto haya sido aprobado por 2⁄3 del Congreso. La reforma también se puede presentar por iniciativa de los ciudadanos, con mínimo un 10% de la ciudadanía conforme al último padrón electoral. Por otro lado, se discutió si los derechos fundamentales podían servir como limitantes a la facultad de reformar la nueva Constitución. En uno de los artículos se establecía que “los proyectos de reforma no podrán suprimir derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución”. Sin embargo, en general el pleno rechazó la propuesta, sobre todo por la preocupación tanto de la derecha como de sectores de la izquierda con respecto al establecimiento de cláusulas pétreas en la nueva Constitución.

Por otro lado, las propuestas acerca de la democracia participativa, directa e incidente de la ciudadanía que fueron aprobadas por los y las constituyentes, y que harán parte del borrador de la Constitución, expresan que un mínimo del 3% de los ciudadanos habilitados para sufragar, de acuerdo con el último padrón electoral, podrán presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación en el Congreso. Toda vez que no verse sobre materias tributarias o presupuestales del Estado y que no estén en contra de los derechos fundamentales. Adicionalmente, un mínimo del 5% de los ciudadanos del último padrón electoral podrán presentar una iniciativa de derogación total o parcial de leyes al Congreso.

En esta misma línea, también se presentó el informe de la segunda propuesta de la Comisión de Principios Constitucionales. En la instancia, aprobaron en particular que el voto sea obligatorio y que mayores de 16 años puedan sufragar. Se precisó lo siguiente: “El sufragio será personal, igualitario, secreto y  obligatorio. No será obligatorio para las y los chilenos que vivan en el extranjero y para las y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años”. Esta norma obtuvo 103 votos a favor, 31 en contra y 18 abstenciones. Por tanto,  obtuvo los votos suficientes para alcanzar los dos tercios.

Asimismo, se aprobaron artículos referentes a la nacionalidad chilena y la ciudadanía, referidos a las condiciones que se tienen que cumplir para ser nacional de Chile, las causales de pérdida de la nacionalidad (renuncia voluntaria o cancelación de la carta de nacionalización, por ejemplo) y su recuperación. Como puntos a destacar se tiene el acceso a derechos políticos a los extranjeros expresada en el artículo 21 (“las y los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 20, podrán ejercer el derecho de sufragio activo en los casos y formas que determine la ley”), y la prohibición de que los chilenos que cumplan con todos los requisitos expuestos en la Constitución sean desterrados, exiliados o relegados.

Mayo de 2022

La Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía fue la primera en terminar su trabajo de bloques temáticos. Los 18 integrantes prepararon y presentaron siete informes en total de los bloques I de principios constitucionales; II y III de democracia, nacionalidad y ciudadanía; y el IV de derechos fundamentales. Y aprobaron 42 artículos ya incluidos en el borrador constitucional.

La Comisión aprobó tres artículos que pasaron completos o que en parte, complementan algunos derechos que ya estaban presentes en el borrador constitucional provenientes de la Comisión sobre Derechos Fundamentales: 1) sobre personas mayores, se acordó que se les deberá garantizar prestaciones de seguridad social con un sistema de pensiones que les asegure un vida digna; también el derecho a gozar de una vida libre de maltrato por motivos de edad, y el derecho a la accesibilidad al entorno físico, económico, cultural y digital, a la participación política y social. 2) Respecto a personas con discapacidad, se creará un sistema nacional de atención que deberá preocuparse por llevar a cabo políticas públicas que apunten a mejorar aspectos de sus vidas. 3) En cuanto a niñas, niños y adolescentes, se reconoció su derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que les permitan su pleno desarrollo y estableció la obligación de velar porque no sean separados de sus familias, salvo como último recurso.

La Comisión Tercera se encuentra conformada por 25 constitucionales, y en ella se debatirá sobre la forma de Estado que se debe implementar. Muchos convencionales han aceptado la necesidad de dejar atrás el Estado unitario centralizado e implementar un Estado regional o alguna otra variante con mayor autonomía administrativa, financiera y política para las regiones. Durante el mes de noviembre, la discusión giró en torno a los gobiernos locales, su nivel de competencia, atribuciones y la carga tributaria, y los pueblos originarios. Los miembros de esta Comisión han detectado las intersecciones y colisiones que podrían generar algunos temas con la Comisión de Sistema Político, además de las correlaciones que esta comisión tiene con las demás. En estos momentos la descentralización parece ser el punto de encuentro entre las diferentes vertientes políticas; sin embargo, se anticipa una controversia en la discusión sobre el Estado plurinacional y la posible autonomía de los pueblos originarios. Siendo así indispensable que la Constitución sea escrita o tenga aportes de habitantes de los diversos rincones del territorio nacional. Al respecto, se dio apertura a la plataforma sobre Participación Popular.

Diciembre de 2021

Durante el mes de diciembre, la Comisión Tercera ha enfocado su debate en la descentralización y autonomía de las regiones. Los convencionales afirman que es necesario superar el centralismo y transitar hacia una nueva forma de Estado, por lo que presentaron una iniciativa para consagrar un Estado Regional con entidades territoriales autónomas. A través de este modelo se propenderá por la cooperación y desarrollo armónico, adecuado y justo entre las entidades territoriales. Las entidades territoriales se planean como regiones autónomas, comunas, autonomías territoriales indígenas, territorios insulares y territorios especiales; cada una con personalidad jurídica, patrimonio propio, estatutos y la capacidad para autogobernarse, además consolidando la solidaridad, conformando una unidad para la integridad del Estado.

Un punto fundamental a destacar es la admisión de propuestas de entes territoriales con un significativo apoyo popular. En particular, el establecimiento de una asamblea legislativa regional, la cual sería un órgano con la competencia de dictar leyes aplicables en las diversas regiones autónomas; también podría participar en decisiones relativas al “Plan de Desarrollo Regional”; establecer impuestos dentro de los parámetros de la Constitución, entre otras competencias y privilegios que gozaría este órgano, con la siguiente observación: La votación y elección de los miembros de la Asamblea debe garantizar la igualdad, la paridad, y la participación de representantes de pueblos indígenas. Este órgano, en el marco de esta nueva división territorial del poder, puede hacer la gran diferencia, en un país tradicionalmente unitario y centralista.

Otra propuesta normativa destacable es el artículo relativo a la definición de “territorio”, que define a Chile como “país oceánico” y comprende explícitamente todos los territorios marítimos chilenos, incluyendo ecosistemas marinos y marino- costeros continentales, insulares y antárticos, así como por las aguas, el lecho y el subsuelo existentes en el “maritorio”, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y su extensión.

La Comisión cumplió con el despliegue territorial con audiencias públicas en Puerto Cisnes, comuna de Cisnes, Región de Aysén.

Enero de 2022

Una decisión clave en la Convención ha sido la declaratoria de Chile como Estado plurinacional e intercultural. Esto representa un progreso histórico hacia el reconocimiento de derechos colectivos como el de libre autodeterminación para los pueblos indígenas y la garantía de los mismos a través del nuevo marco constitucional. Durante el mes de enero, se continuó la discusión y redacción de un texto, incluyendo las distintas propuestas sobre el tema y sus implicaciones en la forma de Estado. Se espera que el 15 de febrero se desarrollen los debates en pleno correspondientes.

Por otra parte, la Comisión se centró en la revisión de 14 iniciativas para la votación de normas constituyentes relacionadas con la estructura del Estado. Entre ellas, la regionalización, la plurinacionalidad e interculturalidad, la descentralización y la autonomía territorial e indígena; también con los límites territoriales; la relación entre la Constitución, las leyes y los tratados vigentes en Chile; el establecimiento de una “Asamblea Social Regional” (órgano de control democrático por la ciudadanía), las competencias de las regiones autónomas, la regulación de las atribuciones y el ejercicio de competencias entre los niveles del Estado, entre otras.

Febrero de 2022

Entre los temas más relevantes y con mayor impacto mediático, se encuentra la aprobación del que podría convertirse en el artículo 1 de la nueva Constitución, donde se declara a Chile como un “Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”.

Adicionalmente, en la Comisión de Forma de Estado se debatieron artículos relacionados con las regiones, autonomías y comunas autónomas; ello respecto a las capacidades y facultades que tendrían, al igual que sus limitaciones. En este sentido se realizó otra propuesta de las normas constitucionales, dando lugar a modificaciones que quedaron del siguiente modo: “Las entidades territoriales autónomas tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la República, de acuerdo a la Constitución y la ley, teniendo como límites los derechos humanos y de la Naturaleza”, para su posterior aceptación por parte de la Comisión. Asimismo, es de resaltar la participación de los pueblos originarios a través del amparo constitucional de su derecho a la libre expresión, estableciendo un discurso garantista para todos, así como la inclusión y voto de grupos más desfavorecidos. Según la presidenta de la Convención, para la consulta indígena habrá un financiamiento dual, con un 60% a cargo de aportes de instituciones del Estado y el otro 40% con fondos propios del gobierno y en particular la Secretaría General de la presidencia. Esta última iniciativa es acorde con el artículo aprobado por la Comisión de Derechos Fundamentales en favor de  la libertad de expresión, el derecho de opinar e informar, el acceso a información, y la fundación de medios de comunicación.

Marzo de 2022

En el mes de marzo, la Comisión de Forma de Estado debatió temas relacionados con los servicios públicos, la propiedad indígena, y la creación de empresas públicas por comunas autónomas. Respecto a los servicios públicos, la convención aprobró en general la iniciativa de servicios públicos dignos y de calidad. Sobre esta decisión, entes como la internacional de servicios públicos han señalado que se reconoce la base de una sociedad justa y sostenible, que permite su adaptación y ampliación según el contexto social. En esta iniciativa se propone que se conecte con una política fiscal que permita garantizar los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones estatales tanto nacionales como internacionales.

Sobre la propiedad indígena, el proyecto fue rechazado en su totalidad con mayoría absoluta.  Se dice que la discusión sobre la propiedad indígena es un problema histórico, cuya única solución se puede ir planteando lentamente, ya que no se cuenta con todas las herramientas y el tiempo para resolverlo. Este debate se mantiene aún en la Convención y será discutido nuevamente en la Comisión de Derechos Fundamentales.

Por último, se rechazó la creación de empresas públicas por parte de comunas autónomas. No obstante, se aprobó la creación de una asamblea social comunal y el incentivo por parte de las entidades municipales para promover y garantizar la participación ciudadana de la comunidad local en gestión. Así mismo, se aprobó un bloque de normas para despachar por parte de la Comisión, en materias como los tributos, gestiones administrativas y financieras, valores intrínsecos, unidad, democracia, modernización, ruralidad, medio ambiente, gobierno, y ordenamiento territorial, entre otros.

Además el segundo informe del bloque 2, constata la aprobación y rechazo de normas que contienen materias sobre protección ambiental, ordenamiento territorial, personalidad jurídica, subrogación y derogación, entre otros.

Abril de 2022

Chile dejará de ser un Estado subsidiario (que predica que no le incumben las materias que los particulares y sociedad pueden asumir por sí mismos, y que simplemente interviene en aquellas actividades que los privados no puedan desarrollar adecuadamente o no sean suficientemente eficaces, como por ejemplo la seguridad interna y exterior), y se consolidará como un Estado social y democrático de derecho (un Estado garantista del bienestar social, brindando y teniendo un papel más activo dentro de la sociedad con miras a un desarrollo colectivo e individual y con el objetivo de enmarcar una democracia paritaria y humanitaria).

Por otra parte, el 12 de abril se aprobaron varios artículos relacionados con: 1) el deber de pagar impuestos; 2) la autonomía financiera de los gobiernos regionales y municipales y los principios de coordinación, equilibrio presupuestario, responsabilidad fiscal y eficiencia económica; 3) la prohibición de creación de impuestos a través de la Ley de Presupuestos; 4) la obligación estatal de establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza; 5) el deber estatal de proveer de servicios públicos universales y de calidad a todas las personas que habiten el territorio chileno; 6) el deber estatal de definir los mecanismos de modernización de sus procesos y organización; y 7) el deber estatal de promover el desarrollo integral de los territorios rurales, entre otros aspectos.

Mayo de 2022

La Comisión de Forma de Estado aprobó aproximadamente 96 normas para que pasen a la nueva constitución (entre ellas 32 nuevas), lo cual revela su influencia en el conjunto de la reforma constitucional. Entre las normas a resaltar se puede mencionar la que fomenta la comercialización y desarrollo de los mercados, ferias, etc. que son de materia rural. También uno de los artículos mejor acogidos por la Convención fue el relacionado con la prevención de la violencia y mejora de oportunidades para las mujeres y niñas rurales con el fin de superar la desigualdad. Asimismo, respecto a la comunicación entre las regiones y las periferias del país, el pleno aprobó un artículo que busca fomentar la conectividad regional y mejorar la atención a los territorios aislados, zonas rurales y cualquier otra área de difícil acceso. Adicionalmente, se aprobaron normas sobre distribución de impuestos, transparencia tributaria, y sobre el compromiso estatal con la educación. Al respecto, se acordó una norma que versa sobre el establecimiento de una institución de formación técnico profesional y la promoción de universidades públicas en cada región del país, fortaleciendo la formación académica de los chilenos.

Noviembre del 2021

La Comisión de Derechos Fundamentales ha comenzado a discutir la regulación de los derechos (estructura, limitaciones y medios de protección). Una de sus primeras labores ha sido atender a diversos expositores de la ciudadanía, quienes asisten, cooperan e integran el debate. Así, el programa y enfoques conversados en noviembre en la Comisión incluyen temáticas como la educación, en especial la pública, haciendo referencias a que se debe promover porque no trabaja bajo la ideología de “ningún dueño”; debe ser inclusiva y de excelencia en diferentes niveles educativos. También se ha hablado sobre el trabajo decente, centrándose en los derechos laborales. Humberto Villasmin, de la Organización Internacional del Trabajo, planteó cuatro puntos fundamentales como el considerar los convenios internacionales del trabajo. También invitó a reconocer por primera vez el trabajo decente y a crear mecanismos de protección.

Adicionalmente, se trataron derechos relativos a la calidad de vida y cuidados, en donde se tuvo en cuenta la importancia de resguardar los derechos de las mujeres, recién nacidos/as, bebés, niñas y niños, y tener en cuenta la maternidad e insistir en su protección y cuidado. Claudia Miranda, del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE), hizo referencia a la importancia de considerar el cuidado como un derecho fundamental, considerando el impacto del cuidado en la salud física y mental. Por esto, se planteó que se establezca una política pública con el fenómeno del cuidado, teniendo una perspectiva de flexibilidad de adaptación a las necesidades de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en Chile.

Diciembre de 2021

En diciembre, la Comisión de Derechos Fundamentales continuó escuchando a diversos expositores de la ciudadanía, quienes asisten, cooperan e integran el debate. Se trabajaron en detalle los derechos a la educación (en especial la pública) y al trabajo decente. En relación con la calidad de vida, se tuvo en cuenta la importancia de considerar el deporte como un agente de cambio, siendo la actividad física un punto importante a trabajar en la nueva Constitución. Por otro lado, a finales de diciembre hubo problemas con las iniciativas populares de norma (IPN), porque de las 1.965 iniciativas ciudadanas ingresadas en la plataforma al 30 de diciembre, solo 494 han sido publicadas, por falta de firmas en las demás, y solo 2 de las IPN habían cruzado el umbral de 15 mil firmas que se requiere para que lleguen a la Comisión: “Será ley” (aborto libre) y “Con mi plata no” (impedir expropiación de ahorros previsionales); una propuesta de articulado sobre el derecho a la libertad religiosa y de conciencia se aproximaba al umbral, con unas 13 mil firmas.

En las audiencias públicas se trabajaron diferentes propuestas e iniciativas sobre el contenido que se sugiere abarcar en la Comisión. Algunos constituyentes expusieron el importante peso de la titularidad, ejercicio y límites de los derechos fundamentales; manifestaron que estos deben ser incluidos de una forma estricta dentro de la Carta Magna. El objetivo principal de la propuesta radica en abordar un sistema de derechos fundamentales que desarrolle de manera integral las normas y presupuestos de aplicación de estos derechos. Otro objetivo es que con la titularidad se determinen quiénes son los sujetos que pueden exigir los derechos. También es importante la provisión relativa al deber general, en donde se consagre explícitamente que el Estado es el principal encargado del cumplimiento, protección, respeto y goce de los derechos fundamentales. Por último, el principio de progresividad está contenido en la iniciativa, proponiendo que el Estado adopte todas las medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Enero de 2022

El contenido programático de la Comisión sobre Derechos Fundamentales ha variado debido a las propuestas e iniciativas populares de norma (IPN) que ha recibido; es de hecho la Comisión que más temas debe abordar y que más iniciativas tiene. Recordemos que hasta diciembre, solo tres de las IPN habían cruzado el umbral para llegar a Comisión: 1) “Será ley” (derecho a elegir libremente entre el aborto o la maternidad); 2) “Con mi plata no” (proteger los ahorros previsionales calificándolos como heredables, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables, e impedir que puedan ser objeto de nacionalización o estatización); y 3) la propuesta sobre la inclusión del derecho a la libertad religiosa y de conciencia en estos términos: “El Estado no puede coaccionar a persona alguna para actuar en contra sus convicciones o creencias religiosas y toda persona puede abstenerse de realizar conductas contrarias a ellas”. En relación con esta propuesta, de iniciativa de varios líderes y organizaciones religiosas, en el mes de enero se abrieron debates tanto en la Comisión como en la academia. Un ejemplo de ello fue el foro constitucional de la Universidad Católica, un evento realizado el miércoles 19 de enero. En la charla se destacó la importancia, protección y promoción del derecho a la libertad religiosa y de creencias de las personas, así como su relación con otros principios y reglas constitucionales.

En este apartado también se destacarán dos iniciativas adicionales, relativas al derecho al mínimo vital y al derecho a la educación. Pese a que ninguna propuesta fue sometida a votación en enero, hay consensos significativos sobre varios puntos. Respecto a la iniciativa sobre el mínimo vital, esta sería garantizado a través de un Ingreso Básico Universal (IBU), el cual intente satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Se ha contemplado que el IBU se entregue periódicamente de forma individual, universal e incondicional.

En relación con los debates sobre el derecho a la educación, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), buscó llegar a las 15.000 firmas para sus dos iniciativas: 1) garantizar el derecho a una educación pública, gratuita, laica y de calidad; y 2) instalar al menos una universidad estatal por región, y ponerlas a trabajar por el desarrollo local y del país. El rector de la Universidad de Chile afirma que “esto permitirá que cada joven chileno pueda desarrollar sus talentos y al mismo tiempo que la sociedad chilena pueda beneficiarse de la inteligencia y capacidad de cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas”; es decir, el objetivo es lograr que la educación sea accesible para todos, y no como hasta ahora, el privilegio de algunos.

Por otro lado, ha estado en el marco de discusión el tiempo en que se llevará a cabo los debates de derechos fundamentales dentro de la convención, dándole a cada uno de ellos cuatro horas para discutir los 48 derechos que se han identificado. Las deliberaciones se dividirán en cuatro bloques temáticos. El primero de ellos será la “Titularidad de derechos fundamentales”, donde se espera incluir no solo a las personas naturales sino también a la naturaleza como titular de derechos; también se espera que se reconozca el ejercicio individual y colectivo de los derechos. Estas posturas han generado protestas entre los convencionales de derecha, que además alegaron que los tiempos fijados para los debates por bloques serían insuficientes para un debate apropiado. Sin embargo, la coordinación de la Comisión de Derechos Fundamentales -encabezada por Matías Orellana (partido Socialista) y Damaris Abarca (Frente Amplio)- concluyó que los plazos para la reforma de la Constitución eran conocidos por todos y que aunque sean acotados los tiempos, son los que la Convención dispone para cumplir su labor.

Febrero de 2022

El día miércoles 16 de febrero se llevó a cabo la votación en particular del Bloque N°1 desde el artículo 5 hasta el artículo 15, donde las propuestas en pleno fueron aprobadas e introducidas como nuevos cambios realizados a los artículos de la próxima Constitución Política. Hay dos tipos de correcciones y debates acerca de estos artículos: el primero se basó en aquellos artículos que serían suprimidos por diversas razones. Una de ellas es que no eran tan específicos, usaban palabras incorrectas, o porque su contenido era abarcado previamente por otros artículos. Este fue el caso de los artículos 5-8, 11, 13 y 15, que finalmente fueron suprimidos. El segundo grupo es el de artículos que tenían ciertas características que se reformaron para que fuesen más comprensibles y específicos por déficits de claridad y alcance. Estos fueron los artículos 9, 10, 12 y 14, los cuales fueron aprobados por mayoría de votos y además tuvieron un amplio debate.

Entre los artículos discutidos y posteriormente aprobados por el 2⁄3 de la Convención en Pleno, destacan las siguientes temáticas: en primer lugar, la restitución de tierras de indígenas y el deber de reintegro. Esta norma tiene dos objetivos: 1) reconocer la usurpación de tierras de los pueblos aborígenes que hayan sido “ocupadas o confiscadas” a causa de “la violencia estructural e histórica” o por “desconocimiento de las reglas jurídicas”, y 2) conminar de manera permanente al Estado a que implemente mecanismos eficientes para llevar a cabalidad el proceso. Para ello, se propone la creación de una Comisión Plurinacional de Catastro, Demarcación y Titulación Territorial Indígena y un Tribunal Especial de Tierras, Territorios y Aguas Ancestrales Indígenas, que tendrá competencias de expropiación para asegurar el reintegro de tierras usurpadas. Reconocidos convencionales de derecha se opusieron a esta normativa.

En segundo lugar, la redacción sobre el derecho a la propiedad ha resonado discordante para los convencionales del sector político-ideológico de derecha, que defiende el régimen que aplica la Constitución de 1980 en materia de expropiaciones (a nivel global, una de las normas más restrictivas para su aplicación) y teme que se reviva el fantasma de la reforma agraria y las expropiaciones del período 1965-1973. En efecto, como norma inédita en el mundo, en Chile las expropiaciones se realizan por mandato constitucional solo con una indemnización pagada en su totalidad y al contado en dinero efectivo antes de la toma de posesión material de un terreno, con lo cual no se admite el pago en cuotas. Además, la indemnización se establece sobre el valor comercial de la propiedad, en lugar del valor del avalúo fiscal. Esto pretendía evitar que se repitieran los abusos que se produjeron durante el proceso de reforma agraria en el gobierno de Salvador Allende, donde el monto de la indemnización y las condiciones de pago se fijaban en equidad, considerando “los intereses de la colectividad y de los expropiados”.

Con todo, el 20 de febrero se ratificó la norma 293, que reconoce “a todas las personas el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes”, pero, a diferencia de la Constitución de 1980, solo propone amparar los bienes incorporales cuando lo determine expresamente la ley. Más adelante, la norma establece que “nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por una causa de utilidad pública o interés general. Esta ley determinará también el justo monto del pago, su forma y oportunidad; y deberá considerar tanto el interés público como el del titular”. Aunque esta redacción es estándar en el derecho comparado, para diversos observadores, al hablar de “monto justo” y delegar en el legislador la regulación de la modalidad de pago, reduce la protección al derecho de propiedad y abre innecesariamente un trauma histórico.

En tercer lugar, en el informe presentado durante la penúltima semana de febrero por parte de esta Comisión, se dio aprobación interna y particular a los artículos referidos al derecho a decidir de forma libre sobre el cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer, la anticoncepción y la interrupción libre del embarazo, considerar los derechos fundamentales como universales, inalienables, indivisibles e interdependientes entre sí, y consagrar el derecho a la libertad de conciencia y religión, estableciendo que “los pueblos y naciones indígenas, en el ejercicio de su libre determinación, tienen derecho a manifestar sus prácticas espirituales y religiosas de acuerdo a sus creencias y cosmovisión”. Además, la Comisión aprobó una indicación que agrega al artículo sobre libertad de expresión una obligación estatal específica hacia pueblos originarios (la promoción de su inclusión en los medios de comunicación públicos y privados, en sus respectivas lenguas), y un límite específico (la prohibición de la negación o justificación de violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos).

Marzo de 2022

Los artículos 11, 24, 25, 26 y 27 fueron aprobados por el pleno en los informes generales que le presentó la Comisión Cuarta. Entre estas normas se destaca el derecho a la integridad personal. Este derecho fue ampliado con la prohibición de la desaparición forzada y el desplazamiento forzado, e intentan condenar estas prácticas aún más, elevando a nivel constitucional la prohibición de la amnistía  sobre crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, tortura, genocidio y crimen de agresión. En el artículo 27 se defiende la prevención, investigación y sanción de estas conductas, para que no terminen en la impunidad los procesos concernientes a violaciones de derechos fundamentales. Así mismo, el artículo 14 defiende la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, mientras que el artículo 15 dictamina la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones. Cabe mencionar el carácter de no regresión que tienen todos los derechos fundamentales que se aprueben una vez se ultime el proceso constituyente, aspecto fundamental para derechos como la libertad de pensamiento, religión, conciencia, cosmovisión e identidad, que han sido aprobados mediante los artículos 12 y 7. Es llamativo precisar el énfasis que ha venido haciendo la Comisión en materia de proteger el respeto a la vida y dignidad humana, junto a la no intervención estatal en la privacidad de los hogares o de los emprendimientos; esto se materializa mediante los artículos que han aprobado hasta ahora.

Otro derecho discutido y aprobado en el mes de marzo fue el derecho a la salud, que la Convención catalogó como un derecho social (la decisión obtuvo 25 votos a favor y 7 en contra). En su texto se tiene en cuenta la dimensión del derecho a nivel mental y físico, lo que  es novedoso dado que la Constitución actual solo hacía una referencia genérica a la salud física. Además, de manera expresa el texto sostiene que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a un “Sistema único y Universal de Salud” de carácter público y que éste deberá ser financiado por “impuestos progresivos de modo que las prestaciones sean gratuitas al momento de su realización” y que los actores que las presten “sean sin fines de lucro”. Algunos expertos se encuentran en desacuerdo con esta idea considerando que provocará la desaparición de clínicas y aseguradoras privadas como ISAPRES. También existe el desacuerdo por los costos asociados que tendría que asumir el Estado y las dudas acerca de si el sistema podría absorber a toda la población del país.

Por otro lado, tenemos un derecho importante que fue bastante discutido y al final se  rechazó y fue aquella iniciativa que apoyaba la creación de autonomías territoriales indígenas para que “se puedan establecer políticas diferenciadas en zonas extremas o lugares postergados, con el fin de terminar con las inequidades territoriales”. Al ser rechazadas estas autonomías, la propuesta fue devuelta a la Comisión para posibles mejoras y modificaciones.

Abril de 2022

Mediante el informe emitido por la Comisión de Conocimientos, se dio a conocer la aprobación del derecho a la muerte digna de todas las personas. Es importante señalar que aunque la Comisión de Sistemas de Conocimiento no se encarga del abordaje de esta temática, el pleno aprobó la idea de traspasar -con el fin de optimizar los tiempos- algunas de las iniciativas recibidas por la Comisión de Derechos Fundamentales a otras de las instancias temáticas; mediante ese traspaso se aprobó así el derecho a la muerte digna.

Así mismo, se aprobaron 7 de los 12 incisos del artículo 14, que consagra el derecho a la salud, después de haber pasado por la primera instancia. Por lo cual,  pasando al borrador de la nueva Constitución, se decide que el sistema de salud será “de carácter universal, público e integrado”, encargándose principalmente de la atención primaria, estando está financiado por las rentas generales del Estado. Esto abre la posibilidad de que sean cobradas por ley cotizaciones a empleadores y trabajadores “con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema”. Por otro lado, se revisarán nuevamente los incisos que tratan sobre los prestadores privados y el perseguir fines de lucro, programas de salud mental y las funciones del Estado como “rectoría” de salud. También volverán algunos puntos rechazados, como fueron los métodos de reproducción asistida, seguros voluntarios privados y planificación del Estado con el personal sanitario. A su vez, fue aprobado el derecho al acceso a la educación, sumado a la no discriminación por aspectos interculturales, lingüísticos o de cualquier otra índole que se presente entre los estudiantes. Respecto a las que serán regidas obligatoriamente tenemos la aprobación de la educación parvularia, media y secundaria. En este sentido, de la mano del derecho a la igualdad, no discriminación y libertad de cátedra, se construye una nueva educación.

Cabe destacar la aprobación de normativas sobre el derecho a la vivienda, seguridad social, libertad sindical, el derecho al trabajo, los derechos de las personas mayores, los derechos de las personas en situación de discapacidad, y el derecho a una vida libre de violencia de género. Este último derecho se convierte en un hito histórico, importante para dar respuesta a las demandas de las movilizaciones feministas en Chile. El artículo 127 dictaría en su segundo inciso: “El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida  diligencia para prevenir, investigar y sancionar dicha violencia, así como brindar  atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad en que puedan hallarse”.

Mayo de 2022

La comisión de Derechos Fundamentales presentó su último informe al Pleno de la Convención a mediados de mayo. Son varios los derechos fundamentales que empezarían a ser reconocidos constitucionalmente, de ser aprobada la propuesta final de Carta Magna elaborada por los convencionales. Los derechos más importantes se recogen en el último informe de mayo. Por un lado, se destaca el respaldo a derechos como la alimentación, no discriminación y el deporte. Por otro lado, después de regresar nuevamente a la comisión, fue reelaborado el derecho a la educación, siendo este aprobado finalmente por el Pleno de la Convención. Este derecho a la educación es completamente novedoso para Chile, ya que propugna por primera vez la creación de un completo sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, además que el Estado debe financiarlo de forma permanente y directa. A esto se suma, que será de acceso universal y obligatorio desde el nivel básico hasta la educación media. De la mano del mencionado derecho, se reconocen derechos laborales como por ejemplo el trabajo decente y su protección; remuneraciones equitativas, normas de negociación colectiva y sindicalización, entre otros.

En la misma aprobación de artículos, la Comisión ejerció una labor rápida e integral respecto a todo el conglomerado de artículos que presentó, siendo la mayor parte de estos aprobado por el Pleno de la Convención. Entre los más sonados, representativos y completamente novedosos para Chile, son el artículo 17 (educación sexual integral), artículo 20 (derecho a las tierras, territorios y recursos), artículo 44 (derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente), artículo 50 (derecho de petición), y el artículo 11 (reconocimiento al trabajo doméstico y al cuidado). A partir de este articulado se evidencia que la Comisión se orientó hacia un Estado social, paritario, con una nueva visión sobre los recursos naturales, que apoya la autonomía individual, respeta la protesta pacífica, y propugna por una mayor equidad social.   

Un tema objeto de constante controversia en Chile ha sido la regulación sobre la expropiación. Al respecto, la Convención Constitucional aprobó el concepto de “justo precio” en uno de sus nuevos artículos. Este valor es el que refleja lo que corresponde pagar por un bien en consideración a diversas circunstancias (ej. la forma en que se adquirió el bien y las circunstancias que se dieron en las transacciones sobre ese bien). Hasta ahora, la expropiación se realizaba sobre la base del valor de mercado del bien, que se equipara al daño patrimonial efectivamente causado. Para ilustrar la diferencia, el profesor de derecho Matías Guiloff (Universidad Diego Portales) cita el ejemplo de los derechos de agua en el norte (desértico) de Chile. Un derecho de agua puede haber sido solicitado en la década de 1990 por un particular y el Estado se lo pudo haber entregado gratuitamente; sin embargo, debido a la escasez de agua en la región, ese derecho puede valer actualmente miles de millones de dólares. Bajo el modelo actual, ese sería el valor de la indemnización; pero si se considera el justo precio, habría que tener en cuenta que ese derecho de agua fue adquirido gratuitamente.

Finalmente, en el último informe de mayo también ingresaron propuestas que quedaron en el borrador de la nueva Constitución. Específicamente, sobre adultos mayores, personas en situación de discapacidad, y niñas, niños y adolescentes. A grandes rasgos, estas fueron las últimas propuestas presentadas y aprobadas en la Convención, en el marco de las últimas dos semanas de competencias que ejerció la presente Comisión. 

Noviembre del 2021

En la Comisión de Medio Ambiente, conformada por 19 convencionales, se ha expresado que la nueva Constitución será llevada a cabo en una “emergencia climática”, por lo que es preciso dar prioridad en la agenda eco-constituyente a temas como los derechos de la naturaleza y su relación con el modelo económico, dado que el actual se basa fuertemente en la extracción de recursos naturales. Durante la semana territorial, los convencionales concluyeron que se debe instaurar una defensa medioambiental en las zonas que han funcionado como “sacrificio”, además de implementar normativas a las zonas desprotegidas, como las costeras. Se hace hincapié en la protección de los recursos hídricos, nacionalizando las aguas. Los hongos deberán reconocerse dentro de la Constitución, debido a su importancia en la biodiversidad. La explotación del cobre permitirá una mayor recaudación de impuestos, mediante el cobro de estos a las empresas que se dedican a su fundición y refinación. La cultura, en relación con la biodiversidad, deberá ser tomada en cuenta, vinculándola con la ciencia y tecnología. En simultáneo a las semanas territoriales y con el fin de impulsar la participación ciudadana, e informar a todos sobre la nueva composición de la Constitución, se realizaron actividades, integradas por las 7 comisiones, en las que se abrió la participación de diferentes comunas, además de visitas a instituciones educativas y los cabildos ciudadanos, en los que se fomenta la inserción de los jóvenes al proceso constituyente.

Diciembre de 2021

Teniendo en cuenta la relevancia que ha adquirido la Comisión de Medio Ambiente en medio de la “emergencia climática”, como ha sido denominada por la comunidad científica, los debates que se desarrollan en este espacio son percibidos como fundamentales y pioneros. Dada la diversidad y relevancia temática, la Comisión está dividiendo la discusión en bloques para cubrir un amplio espectro de materias. En el primer bloque se abarcan temas como la naturaleza y el medio ambiente y su conexión con la justicia y democracia ambiental, el acceso a la información en materia ambiental, los derechos de la naturaleza o seres sintientes, y los delitos ambientales. El segundo bloque está mayormente enfocado en temas específicos como el tratamiento jurídico de los bienes naturales comunes y desarrollará todo lo relacionado con elementos naturales como el agua, semillas, minerales, glaciares, entre otros. También trataría el estatuto constitucional de la energía. El bloque final se enfocaría en el modelo económico, la función ecológica y social de la propiedad y la política fiscal, entre otros.

En diciembre, la crisis hídrica que afecta la Zona Norte chilena ocupó la atención de la Comisión, con propuestas para superar el régimen de aguas privatizadas que rige bajo el actual Código de Agua y Minería. También se incluyó una propuesta para eliminar el uso, producción y comercialización de minerales tóxicos, para evitar los desastres que causó el asbesto al ser empleado en construcción y actividades industriales.

Digna de mención es también la propuesta para garantizar y proteger a la atmósfera (entendida como el aire que respiran los habitantes y el cielo a través del que se ve el espacio) como un bien natural común.

La conformación mayoritaria de la Comisión por los denominados “ecoconstituyentes” ha generado grandes expectativas entre distintos sectores poblacionales que apoyaron el movimiento social que llevó a la constituyente, y que plantean alternativas al modelo neoliberal y al extractivismo. De ahí el interés que generaron las audiencias públicas de esta Comisión. Para la participación se recibieron más de 1.700 solicitudes, que debieron resolverse por sorteo. Varios actores empresariales que quedaron excluidos en el sorteo cuestionaron este rechazo. En respuesta, la Comisión explicó que se hizo lo posible para que el proceso fuera “lo más transparente y equitativo posible, comprendiendo que no había organizaciones más importantes que otras ni más expertas que otras”. Antes del sorteo, la lista se redujo siguiendo, entre otros criterios, que se tratara de actores históricamente excluidos, para lo cual se dio preferencia a la representación territorial a partir de macrozonas. Esto redujo la lista a 250 personas, dejando de lado a actores relevantes como el Consejo Minero, la Confederación de la Producción y del Comercio, y varias universidades.

Enero de 2022

En el transcurso del mes de enero encontramos un hito que podría marcar un cambio trascendental en el territorio Chileno: la Comisión de Medio Ambiente le dio visto bueno a la propuesta efectuada por los constituyentes Cristina Dorador y Eduardo Unda, ambos miembros de “Movimientos Sociales Constituyentes” (agrupación de convencionales). La propuesta busca garantizar y proteger a la atmósfera como un bien natural común e imponer un deber tanto al Estado como a los ciudadanos frente a su cuidado, recuperación y preservación; buscando y dando lugar a una visión de un Estado que fomente el desarrollo sostenible, procurando la conservación del medio ambiente. La propuesta fue votada con 15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones y ahora deberá ser incluida en el informe, luego votada en particular para poder ser discutida en pleno y, si esta llega a ser aprobada, sería incluida en la nueva Constitución.

Por otra parte, los convencionales del colectivo Chile Digno propusieron, con el fin de incentivar la participación ciudadana y superar el modelo de democracia meramente representativa, la inclusión de iniciativas populares de norma, de ley y de reforma constitucional en la nueva Constitución, así como otros mecanismos de democracia directa como la revocatoria del mandato. Defienden la propuesta argumentando que el sistema democrático actual se basa y gira en torno a la representación, lo que causaría fenómenos como la abstención electoral o apatía con relación a los asuntos políticos, generando distanciamiento entre los ciudadanos y gobernantes, además de exclusión social. En esta misma línea se propone una ampliación democrática participativa que, por ejemplo, atribuiría a los mayores de 16 años el derecho al voto.

Con relación a los plebiscitos, podrán ser convocados por el Presidente, por el Congreso o por el pueblo, además de facultar a la ciudadanía para elegir si se deroga una ley o se revocan cargos. Se establece que aquellos que hayan sido separados de sus cargos, no podrán ejercer cargos públicos por cuatro años. Además, se busca que los ciudadanos, reunidos en juntas de vecinos u organizaciones territoriales con o sin personería jurídica, puedan presentar iniciativas populares de ley, para crear una, suspender una vigente, o proponer reformas constitucionales frente al Congreso. Al final de la etapa de elaboración de un proyecto de ley, se podría solicitar ante el Congreso la cancelación de este, si perjudica la soberanía popular.

Febrero de 2022

La Comisión de Medio Ambiente está mostrando un ojo crítico en la aceptación de artículos que son aprobados en plenaria y que consideran deben ser incluidos en la Carta Magna. Durante la última semana de febrero, solo 6 de los 40 artículos presentados fueron aprobados; entre estos el artículo primero que reconocería la crisis ambiental y la necesidad del Estado de estar al frente de la lucha contra el mismo; la relación de los pueblos y naciones preexistentes al Estado con la naturaleza; los derechos de los animales y en particular su derecho a vivir libre de maltrato; así como también diversos principios ambientales y el concepto de democracia ecológica y plurinacional. De igual manera es importante resaltar que el rechazo de algunos artículos en plenaria no implica su desaprobación total; se envían a las comisiones correspondientes para ser modificados según las aclaraciones formuladas en el Pleno, puesto que, como lo ha señalado la constituyente Carolina Sepúlveda, los cuestionamientos en muchos casos son de forma y no de fondo. Como punto final es importante mencionar la propuesta de creación de un Servicio Nacional Ecológico que funcione como un órgano autónomo, paritario y con financiamiento propio, que se encargue de abordar la Emergencia Climática y Ecológica de manera transdisciplinaria, interministerial e integrada.

Marzo de 2022

En cuanto a la Comisión de Medio Ambiente, y el proceso aprobatorio de artículos constitucionales, desde el 3 de marzo han sido aprobados siete artículos en segunda instancia por el pleno. El objetivo de estos es mitigar la crisis climática a través de la actuación del Estado; proteger a la naturaleza y reconocerle derechos, así como imponer restricciones a derechos de terceros que la pongan en riesgo; obligar al Estado a reducir la producción de riesgos e intervenir en ella y brindarle especial protección a la fauna, preservando la biodiversidad. Se establecieron los principios ambientales que son: progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa. Por último, se reconoció el derecho de participación informada en las materias que conciernen al medio ambiente, como lo determine la ley.

Estas normas aprobadas hacían parte de un grupo de 40 artículos; el resto fueron rechazados y devueltos a la Comisión. De este grupo de propuestas de artículos rechazados ya 28 han sido suprimidos. A pesar de ello, miembros de la Comisión aseguran recibir de buena manera la devolución de normas con el objetivo de perfeccionarlas y que se logre una Constitución ecológica.

Abril de 2022

En el mes de abril, la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico puso sobre la mesa un tema de vital importancia para el futuro de Chile: el rol social del agua dentro de la Constitución. Se llegó a aprobar el artículo que cambiaría los denominados “derechos privados de agua” por autorizaciones de uso de carácter transitorio, que no pueden transarse, venderse o darse en garantía. Dicho artículo fue aprobado en la Comisión y ahora debe ser discutido y votado en plenaria para pasar al borrador de la Constitución. Según comenta el convencional Bernardo Fontaine (Vamos por Chile), “esto significaría, de ratificarse en el Pleno, que se acabarían los derechos de aprovechamiento de agua futuros. También, posiblemente caducarían los derechos de los actuales 250.000 regantes agrícolas, y para las demás actividades económicas”.

De igual forma, refiriéndose a los derechos de la naturaleza, el Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Juan José Martin, ha destacado que se han precisado los contenidos y redacción jurídica para que tuvieran un mandato más claro; esto con la finalidad que los mismos artículos que hacen referencia a la crisis climática y ecológica, animales y democracia ambientales cumplan con su objetivo de proteger el medio ambiente, la biodiversidad y permitan afrontar las crisis ambiental misma.

Mayo de 2022

Durante el mes de mayo, el grupo de constituyentes de la Comisión de Medio Ambiente reiteró su postura a favor del reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos. En el informe correspondiente, en el que se incluyen 50 nuevos artículos al borrador de la Constitución, se encuentra el Estatuto nacional de aguas, en el que se establece que se trata de un bien común inapropiable, que obliga al Estado a tener un deber especial de protección y custodia ante él, y que su uso debe ser equilibrado; en este sentido, se da preferencia a un enfoque del agua como derecho humano. Adicionalmente, el pasado 7 de mayo, se aprobaron diversos artículos que buscan la protección íntegra de los glaciares, incluyendo el suelo chileno antártico, considerado como una zona especial.

Por otro lado, se aprobó un artículo en el cual se añade el deber del Estado de asegurar los derechos de la naturaleza y la protección de los ecosistemas, así como la posibilidad de que cualquier individuo exija su protección. Lo anterior también está plasmado en las áreas protegidas, en las que se deberá promover la preservación, restauración y conservación de espacios naturales.

Por último, es importante recalcar que se estableció la obligación del Estado de promover la producción, distribución, comercio justo y consumo de alimentos, así como garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación con responsabilidad ecológica. En el informe, se adelantó una nueva política de extracción minera, y se decidió que esta actividad debe realizarse considerando las problemáticas ambientales y las de los mineros de menor escala.  Se define de este modo el carácter finito, no renovable, medioambiental y de interés público de la actividad minera. En la Comisión se rechazó la nacionalización de la minería, en la que únicamente el Estado tendría la facultad de realizar la actividad de extracción. Finalmente, es menester del Estado, además de lo anteriormente mencionado, garantizar a los ciudadanos el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al igual que el acceso a la justicia ambiental.

Noviembre del 2021

Durante el mes de noviembre, la Comisión de Sistema de Justicia y Órganos Autónomos planteó algunos temas que serán objeto de atención en su agenda. En particular, el tipo de justicia constitucional que se adoptará, así como su relación con los demás poderes públicos. Durante el mes de noviembre, la Convención se trasladó a la Región Biobío, con el objetivo de cumplir con las semanas territoriales establecidas en la agenda. Pero ante todo, teniendo como propósito elemental poner en práctica la descentralización territorial de la Convención, pudiendo ésta intentar llegar a los rincones lejanos de la capital. El impacto fue muy positivo en general; el testimonio de Edwin Briceño es evidencia de esto. En su discurso como encargado del Cabildo Territorial de Parinacota, expresó la importancia de abandonar el hipercentralismo que ha generado una inequidad enorme en el país. Así mismo, en las semanas territoriales ocurrieron numerosas audiencias públicas y encuentros con comunidades locales,  cada una de las comisiones sesionó en un lugar diferente, teniendo como objetivo poder acaparar y escuchar al mayor número de habitantes en Biobío.

Al respecto, cabe resaltar la visita de representantes de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Contraloría a la Comisión de Justicia. Este fue un hecho simbólico que busca reconciliar las diferencias políticas entre el actual orden constitucional y el nuevo orden que se está forjando en la Convención. Entre sus propuestas, se destacó la opinión del Presidente de la Corte Suprema, quien abogó por la importancia de jueces independientes y su apertura a la existencia de un órgano diferente que vele por ello. El Presidente de la Corte Suprema también hizo énfasis en la importancia de establecer la independencia judicial no como un acto favorable al juzgador, si no como una garantía para la ciudadanía; es decir, más que para beneficiar el trabajo de jueces o juezas, debe diseñarse para lograr una mayor protección a los derechos de la ciudadanía y, a su vez, mantener los principios que hacen posibles el cumplimiento de elementos vitales para el funcionamiento de la jurisdicción.

Entre las solicitudes de la ciudadanía a la Comisión del Sistema de Justicia, se destaca que sea tenido en consideración que la nueva Constitución reconozca el desplazamiento forzado como un crimen, la reparación de la salud mental de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y la devolución de los territorios a los pueblos mapuches.

Diciembre de 2021

La Comisión Sexta ha centrado su debate inicial principalmente en una de las iniciativas que tiende a ganar más apoyo hasta el momento; esta consiste en la eliminación del Tribunal Constitucional (que viene funcionando como órgano autónomo desde 1970). Las posturas entre los constituyentes al respecto difieren entre sí; unas oscilan entre eliminar el Tribunal para que sus facultades queden exclusivamente en manos de la Corte Suprema, mientras que otros siguen considerando que el Tribunal debe mantenerse, pero con grandes modificaciones, especialmente respecto a su integración, nombramientos y atribuciones. Existe amplio consenso, en todo caso, en los beneficios de eliminar la competencia preventiva (sobre proyectos de ley durante su trámite en el Congreso) y dejar solo la facultad represiva. En medio de estas discusiones, el 30 de diciembre se presentó una propuesta de norma para eliminar el Tribunal Constitucional en la nueva Constitución y trasladar parte de sus funciones a la Corte Suprema, con un control débil de constitucionalidad. Según la propuesta, si hay alguna discusión sobre la inconstitucionalidad de una norma, se presenta ante la Corte Suprema, a la que le corresponderá decidir si es o no constitucional; en caso de no serlo, se envía al Congreso para que la enmiende por vía de proceso legislativo simplificado. De esta forma, según sus defensores, se democratiza el control constitucional, y se evita que un tribunal constitucional sin legitimidad democrática actúe como legislador negativo. También se plantea cambiar la elección de los jueces de la Corte Suprema, para que no sean seleccionados por instituciones políticas sino por un órgano judicial autónomo como, por ejemplo, un consejo superior de justicia.

Enero de 2022

El pasado 24 de enero se adelantaron en la Comisión de Justicia las votaciones relativas al primer bloque temático (“principios de jurisdicción”), donde las iniciativas para las nuevas normas se encaminan hacia el reconocimiento del pluralismo jurídico. De esta manera, se espera sentar las bases para generar ya no un “poder judicial”, si no un sistema de justicia integrado en los principios de independencia, imparcialidad, gratuidad, plurinacionalidad y perspectiva de género, entre otros, garantizando así el acceso a la justicia. A su vez, se aprobó en general la norma N°324 que establece un “sistema de justicia feminista”, que propone la creación de tribunales especiales para tratar la violencia de género y el seguimiento de medidas cautelares, entre otros temas. Se espera que en febrero se discutan y voten las propuestas del segundo bloque temático, en materia de iniciativas populares indígenas. Esto incluye la creación de tribunales especiales de los pueblos originarios, que estarían ubicados en cada uno de los territorios indígenas, y conformados por cinco especialistas en derecho indígena y cosmovisión de los pueblos.

Febrero de 2022

En el mes de febrero la Comisión de Justicia adelantó el estudio de iniciativas populares constitucionales pertenecientes al segundo y tercer bloque temático. de la misma manera, se presentaron iniciativas indígenas, de las cuales fueron aprobadas en general la Iniciativa  popular  indígena No. 25-6, con 12  votos  a  favor  y  7  en  contra, y la Iniciativa  popular  indígena  No.  38-6, con 16 votos a favor y 3 en contra. En estas se plantea la creación de tribunales especiales de los pueblos originarios, que estarían ubicados en cada uno de los territorios indígenas, y estarían conformados por cinco especialistas en derecho indígena y cosmovisión de los pueblos. Este sería un componente central del pluralismo jurídico que se revela como tendencia prevalente en la Convención. Así mismo, finalizó la votación en particular de la sección de “Principios de la Jurisdicción”.

El capítulo referente a los temas de justicia se llama “Sistemas de Justicia” (nótese el plural) y fue el primero en incluirse en el borrador de Constitución.  Además, fue aprobado el inciso 1 del artículo 15 con 110 votos a favor, 41 en contra y una abstención; este define que la estructura que integra la función jurisdiccional se erige sobre los principios de Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Entre otros artículos aprobados se pueden destacar los siguientes:

- El artículo 3, referente a la independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad

- El artículo 5, en el que se estipulan deberes de atención oportuna, trato digno y respetuoso de los tribunales

- El artículo 6, que abarca la tutela jurisdiccional efectiva

- El artículo 10, sobre la gratuidad de la justicia

- El artículo 11, que establece el principio de responsabilidad jurisdiccional

- El artículo 12, donde se dispone que en los procesos donde estén niños y/o adolescentes se deberá reservar su identidad

- El artículo 13, titulado como “justicia abierta”

- El artículo 15, sobre plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad

- El artículo 16, sobre el deber del Estado promover e implementar los Mecanismos Colaborativos de Resolución de Conflictos.

Por último, la Comisión aprobó que los jueces de la Corte Suprema duren en sus cargos un máximo de 12 años sin posibilidad de reelección, y estableció la paridad de género, plurinacionalidad y descentralización como criterios de elección de los mismos. Cabe resaltar que el máximo tribunal estará formado por 21 jueces (es decir, no se modifica la composición actual); y se redujo la edad de pensión de los jueces de 75 a 70 años.

Marzo de 2022

Durante el mes de marzo la Comisión Sexta tuvo un gran avance en la etapa de votación en pleno sobre el primer bloque temático, donde se votaron en particular 34 artículos contenidos en el segundo informe, el cual se encuentra centrado en: la estructura del nuevo sistema de justicia; características de la justicia vecinal y administrativa; publicidad en las etapas de los procedimientos y las resoluciones judiciales; el nuevo gobierno judicial; sistemas propios de la justicia indígena; el fin de la concesión de centros penitenciarios; el fuero de los jueces; la composición de la Corte Suprema y, entre otras normas, la duración en sus cargos. 17 de los 34 artículos fueron aprobados, mientras que 8 fueron rechazados pero con respaldo de forma completa o parcial, lo que significa que cuentan con votación suficiente para ser mejorados y uno fue rechazado completamente porque no alcanzó el quórum. Todos los artículos aprobados pasarán directamente al borrador de la nueva Constitución.

Asimismo, se sometió a votación el bloque II y en este se esclarecieron puntos sobre el Banco Central, como su autonomía y sus funciones como responsable de la política macroeconómica de Chile; además se le atribuyen nuevas funciones como velar por el empleo, la sostenibilidad ambiental, contribuir al bienestar social y el desarrollo, sin sobrepasar su ámbito de competencia. Cabe resaltar que deben estar reguladas cada una de sus atribuciones en una ley orgánica; incluso la Comisión ha aprobado ampliar el número de consejeros de cinco a siete miembros que deben ser designados por la Presidencia de la República y la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara Plurinacional. Estos criterios de selección deben obedecer a estándares de paridad, plurinacionalidad y diversidad territorial e incluir procedimientos de selección basados en el mérito para el Consejo de la entidad. Otra norma aprobada es la referida a la creación de un Consejo del Banco integrado por nueve miembros con duración de diez años en su cargo, sin posibilidad de reelección; no podrán ser parte del Consejo aquellas personas que hayan sido representantes de bancos dentro de los 3 años anteriores a su designación en el Consejo del Banco Central.

Por último, es relevante mencionar que resultó aprobado el artículo 27 que propone la creación del Consejo de Justicia, órgano autónomo que tiene como propósito fortalecer la independencia judicial. Se le encargará el nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia; sus funciones serán vistas en consideración del principio de no discriminación, inclusión, paridad de género, equidad territorial y plurinacionalidad. El artículo propuesto respecto de la composición del órgano fue rechazado debido a, entre otras cosas, desacuerdo en la cantidad de integrantes.

Abril de 2022

El pasado mes de abril, esta Comisión adelantó decisiones en torno a diversos debates, entre los que podemos destacar la aprobación de la creación de una Corte Constitucional. De esta manera reemplazaría al tribunal constitucional y descartaría la idea de conferir la salvaguarda de la constitución a una sala especializada de la Corte Suprema. También se estableció la forma de elección y su composición.

Por otro lado, se votó en pleno el informe proveniente de la Comisión de Sistema de Gobierno, el cual establece que las Policías -Carabineros y la PDI- serían instituciones civiles. Esta propuesta fue rechazada, lo que implica que la norma volverá a la Comisión para ser corregida. Asimismo, la Convención aprobó el segundo informe de la Comisión de Sistema de Justicia sobre el Consejo de la Justicia. El ente será autónomo, paritario y plurinacional; además, lo integrarán 17 miembros por un periodo de 6 años en sus cargos, 8 serán jueces escogidos por sus pares, 2 funcionarios profesionales del Sistema de Justicia y elegidos por sus pares, 2 serán elegidos por los pueblos indígenas, 5 elegidos por el Congreso por ternas de concurso público. Las funciones del Consejo de Justicia serán: nombrar, previo concurso público a los jueces; adoptar medidas disciplinarias y correctivas en el Sistema Nacional de Justicia, gestionar la función integral de los tribunales que lo conforman y gestionar el presupuesto y recursos; entre otras. También, se aprobó el artículo 9  que versa sobre el acceso a la justicia intercultural. Sin embargo, el informe sobre las atribuciones del Banco Central, la Agencia Nacional del Agua y la Defensoría del Pueblo fue rechazado en pleno por la Comisión Constitucional.

Mayo de 2022

Durante el mes de mayo en la Comisión de Sistemas de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional se adelantaron diversas normas en torno a dos derechos: la paridad y la perspectiva de género. De esta manera, y como se estableció desde el inicio de la constituyente, la perspectiva de género ha configurado una cuestión transversal para las diferentes comisiones, logrando así un sistema democrático paritario, sistema político paritario, sistema de justicia paritario, y derechos fundamentales como los sexuales y reproductivos garantizados, y traduciéndose materialmente en normas como por ejemplo, el artículo 1 de la nueva carta constitucional. Siguiendo con los temas adelantados por la Comisión, es menester mencionar que el martes 3 de mayo se aprobó la disposición establecida en el artículo 65, donde se establece que “la Corte Constitucional es un órgano autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución”; sin embargo no se logró definir el quórum para la designación de los integrantes de la Corte Constitucional ni sus atribuciones.

Además, la Comisión de Justicia rechazó la creación de un Consejo del Ministerio Público, el cual designaría al Fiscal Nacional; sin embargo, se llegó a un acuerdo sobre el periodo de duración del Fiscal, que comprende seis años, sin derecho a reelección. Su nombramiento entonces dependerá de “las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta, a partir de una terna propuesta por la o el presidente de la República, quien contará con la asistencia técnica del Consejo de la Alta Dirección Pública, conforme al procedimiento que determine la ley”. Además, es el Fiscal Nacional quien debe presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité del Ministerio Público. Como requisitos para su posicionamiento, se estipuló que debe tener ciudadanía con derecho a sufragio; ser abogado titulado con mínimo 15 años de haberse titulado; y contar con competencias probadas. En cuanto a la Defensoría Penal Pública, ya se encuentran sus atribuciones dentro de la nueva Constitución junto a las competencias y facultades a cargo del Defensor Nacional, quien será el encargado de dirigirla por un periodo de seis años, sin derecho a reelección.

Noviembre del 2021

Durante la sesión en Biobío, la Comisión de Sistemas de Conocimientos se acercó a ciudadanos comprometidos con la comunidad y los agentes de cambio e innovación; entre ellos, expertos en genética, investigadores, y representantes del mundo de la cultura. Además, se contó con la participación de jóvenes en las 23 sesiones de audiencias públicas. Se abordaron temas como el patrimonio y la obligación estatal para convertirlo en un derecho, también la construcción de un espacio para desarrollar las actividades culturales y el permitir un acceso a una conectividad igualitaria debido a la desigualdad presentada. De todo esto, es importante mencionar la participación de la UNESCO, invitada por la Comisión, cuya contribución trajo a colación temas como interculturalidad, patrimonio cultural, etc. Se pudo observar, además, un ambiente de diálogo, esta comisión llevó a cabo sesiones de diálogo en la comuna de Tomé, se hicieron 23 audiencias públicas para dialogar con los ciudadanos, trabajo realizado entre todas las comisiones en distintas localidades, con énfasis en los temas que trate cada una.

Diciembre de 2021

Entre las iniciativas que se pueden resaltar durante el mes de diciembre se encuentra la Iniciativa Convencional Constituyente N° 9-2, en la cual se trataron temas como la interculturalidad y los derechos culturales. La propuesta se basa en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; en particular, la Declaración Universal (que establece el derecho de toda persona de participar libremente en la vida cultural de la comunidad), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (donde el desarrollo cultural se define como manifestación de la libre determinación de los pueblos"), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual los Estados deben respetar el derecho participar en la vida cultural. Se plantea definir a Chile como Estado intercultural, reconociendo la igual dignidad de las diversas culturas; garantizando su respeto y promoción, así como su protección. Esto impone al Estado la obligación de generar condiciones que posibiliten el intercambio recíproco y la creación de expresiones compartidas entre las diversas culturas.

Este tipo de propuestas son una especie de “bocetos” de los derechos que pretenden incluir en la Constitución y es importante que se profundicen sus implicaciones durante los debates de su redacción y aprobación.  

En los debates de diciembre también se incluyeron temas relativos a la situación cultural del país; de lo importante que es discutir el rumbo que va a tomar la Convención respecto a los derechos culturales de la población, y sobre cómo se van a manifestar en la nueva Carta Política.

Enero de 2022

Durante el mes de enero, la Comisión logró debatir varias iniciativas populares de norma (IPN) que superaron las 15 mil firmas, lo que permitirá que puedan ser discutidas por el órgano constituyente. En lo que respecta a la propuesta pertinente a la interculturalidad, la discusión continuó centrada en la iniciativa 79-2, presentada el 18 de enero de 2022, en la que se reitera la importancia de garantizar los llamados “derechos culturales”, tomando como referencia declaraciones de la UNESCO y de las Naciones Unidas, entre otras; en lo que refiere a la importancia de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Se han explorado fórmulas de regulación que mejor reflejen los intereses y necesidades de estos pueblos.

A lo anterior se añade lo discutido en la sesión del 6 de enero de 2022 sobre los derechos a la conectividad. Tal y como se plasmó en la iniciativa 93-7, el ponente expuso datos y cifras sobre las brechas y desigualdades sociales relativas a la conectividad y acceso a internet, con el fin de fundamentar la importancia de reconocer un “derecho a la alfabetización digital” que garantice el acceso más equitativo a internet y el principio de neutralidad de la red.

Febrero de 2022

En febrero, la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio sesionó para la votación de iniciativas sobre derechos a la conectividad, y en especial sobre el derecho a la protección de datos, mencionado el 1 de febrero en la iniciativa 416-7, en la que se habla sobre el derecho de toda persona a que se protejan sus datos. Además de lo anterior, entre las sesiones ordinarias realizadas se presentaron iniciativas que reconocen la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus datos e información, y otorga una especial protección al conocimiento ancestral para evitar que su información sea utilizada sin consentimiento de estos pueblos, lo que permite asegurar la conservación de sus culturas; una iniciativa sobre el derecho a salvaguardar la identidad cultural de los pueblos o naciones indígenas. También se abordó la promoción del acceso a las herramientas digitales, permitiendo una pluralidad informativa y garantizando el derecho a una conectividad digital, con la propuesta de un “Chile digital”. Esta iniciativa reconoce a la tecnología como protagonista de los cambios sociales, laborales, económicos y educativos que se han desarrollado en el mundo, por lo que se debe reducir la desigualdad tecnológica en todo el territorio nacional. También hubo una iniciativa de protección al patrimonio natural, cultural, material e inmaterial, en que el Estado asume el deber de adoptar medidas que garanticen su preservación; así como una iniciativa que establece el deber del Estado de proteger y fomentar las manifestaciones artísticas, culturales y deportivas que tengan origen en las costumbres y tradiciones del país. 

De las iniciativas que fueron enviadas al Pleno, 12 artículos fueron aprobados y 18 rechazados. Entre los aprobados se encuentran temáticas en torno a la conectividad digital, el pluralismo de los medios de comunicación, derechos digitales, y el deber del Estado por promover  el acceso y difusión de las culturas, las artes y los conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de colaboración e interculturalidad.

Marzo de 2022

En el mes de marzo hubo avances significativos en la Comisión de Sistemas de Conocimientos; en primer lugar destaca la aprobación de artículos que hacen referencia a derechos culturales y de pueblos indígenas. Uno de los más significativos es el artículo 4, en el que se reconoce la coexistencia de comunidades indígenas como los Mapuche, aunque dicho artículo fue aprobado parcialmente. Asimismo, el pleno ejercicio de derechos colectivos que se le reconoce a las comunidades y pueblos originarios en el artículo 5, que fue aprobado de manera total en la votación. Se puede observar que la interculturalidad y reconocimiento de los pueblos originarios ha sido un hito dentro de la discusión y, sobre todo, uno de los temas que se ha priorizado durante el mes. Varios textos aprobados durante este mes fueron artículos que habían sido rechazados en el mes de febrero, como el artículo 5.

Por otro lado, esta comisión logró consolidar la libertad de prensa, al aprobarse el artículo en el que se consagra junto con la prohibición de la censura previa. En ese mismo sentido fue aprobada la propuesta referente a los derechos culturales, en donde se consagró la libertad de participación cultural y la no discriminación por la diversidad de cosmovisiones. Finalmente, los derechos al ocio y derechos digitales fueron objeto de aprobación, destacando los derechos digitales con el derecho a la eliminación de la brecha de acceso, uso y participación libre de violencia del espacio digital.

Abril de 2022

Pasado el mes de abril en la Convención, se pudo apreciar que, entre las normas que hacen parte del actual borrador de Constitución, se destaca el artículo 19, que menciona las autonomías regionales indígenas y su calidad de persona jurídica; a su vez, se deliberó un borrador del artículo que hace referencia a la propiedad intelectual, aprobándose por el Pleno su primer inciso, referente a la protección de los derechos de autor. Adicionalmente, el Pleno revisará el informe de la Comisión de derechos de los pueblos indígenas y plurinacionalidad, una propuesta muy ambiciosa en términos económicos que por primera vez será revisada. El informe consta de 37 artículos y está a la espera de ser debatido.

Vale la pena destacar también lo debatido y aprobado respecto al proceso de indemnización por expropiación, discusión que dio como resultado la concepción que evita la arbitrariedad en la expropiación, y da lugar a la indemnización previa a despojo de propiedad sobre el inmueble, reafirmando que la expropiación debe hacerse con fines sociales y no de manera arbitraria.

Por otra parte, en la línea del borrador de la nueva Constitución hubo avances interesantes respecto a las redes de comunicación. Por ejemplo, el primer artículo del informe define que la infraestructura de telecomunicaciones y redes de comunicación son de interés público. El artículo 5 regula los medios de comunicación públicos. También se aprobó el reconocimiento de las lenguas indígenas como patrimonio de la Nación (artículo 15), el fomento de la lectura por parte del Estado (artículo 17), el uso de los mejores avances en tecnología para mejorar los servicios públicos por parte del Estado (artículo 22) y el derecho a la muerte digna (artículo 29).

Tuvo lugar durante los meses de julio y agosto de 2021. Durante esta primera fase se logró concretar la organización interna y la mesa directiva. Posteriormente, se establecieron comisiones transitorias para el inicio del proceso constituyente.  A continuación se detalla lo acontecido.

Mayo de 2022

Durante el mes de mayo, dentro de la Comisión de Sistemas de Conocimientos surgieron 41 normas que se incluyeron en el borrador de la nueva Constitución, entre las cuales se encuentran temas importantes como: Las comunicaciones, los derechos culturales, el espacio digital y la bioética. Respecto al primero, se menciona que todas las personas podrán acceder a una diversidad de información y practicar la libertad de prensa, con lo cual está prohibida la censura; además, existirán medios de comunicaciones públicos, pluralistas, descentralizados y coordinados entre sí, y se creará una agencia nacional para la protección de los datos personales.

En relación con las propuestas para los derechos culturales, se establece que la nueva Constitución velará para que todas las personas puedan acceder, sin ningún tipo de limitación, a la vida cultural y artística, lo que incluye a su vez la posibilidad de que se pueda disfrutar libremente de la lectura. Además, esta normativa proporcionará una especial protección a los derechos de los autores sobre sus obras intelectuales y científicas. Por otro lado, las regulaciones que estas normas ofrecen para el espacio digital evidencian el deber del Estado en superar los obstáculos existentes para su acceso y disfrute, además de garantizar la neutralidad en la red y poder tener un espacio libre de cualquier tipo de violencia que se pueda ejercer. Otra de las normas relevantes que se han introducido en la nueva legislación es la creación de un Consejo Nacional de Bioética, encargado de guiar a todas las entidades que realicen acciones que afecten o modifiquen la vida de cualquier ser vivo.

En esta misma línea, durante las sesiones realizadas por los constituyentes en el Pleno de la Convención, se rechazaron la totalidad de normas planteadas por la Comisión de Derecho de los pueblos indígenas y plurinacionalidad con la justificación de que algunas de ellas ya hacían parte del borrador de la nueva constitución. Estas normas se referían a aspectos como la autoidentificación, el genocidio y los tratados históricos, los derechos lingüísticos, la plurinacionalidad, la educación y la salud indígena. Sin embargo, algunos convencionales han manifestado la importancia que tienen principios como la plurinacionalidad, ya que permitiría cambiar la historia de los pueblos indígenas en Chile. Por su parte, para varios convencionales es necesario aceptar constitucionalmente que se ha producido un genocidio indígena a lo largo de la historia chilena, y que, a partir del reconocimiento de este crimen, se busquen alternativas para generar una cultura de paz y reparación.

El trabajo de las siete comisiones permanentes concluyó el 16 de mayo, día en el cual se entregó un primer borrador de la nueva Constitución a las tres comisiones creadas en la fase de cierre del proceso constituyente, que se enfoca en la armonización de las normas aprobadas. Se trata de la Comisión de Preámbulo, la Comisión de Armonización, y la Comisión de Normas Transitorias. Se espera que el 23 de junio se realice la votación del primer informe de la Comisión de Armonización y que el 4 de julio se efectúe la entrega pública del texto final de la nueva Constitución, la cual será votada en plebiscito de salida el día 4 de septiembre. A finales de mayo también se realizó la última Semana Territorial.

En los primeros quince días, las comisiones se concentraron en concluir sus debates pendientes y se tomaron varias decisiones importantes en el Pleno, donde se votaron varios informes de normas que habían sido rechazadas y que fueron devueltas para ser reelaboradas en la comisión respectiva. Por ejemplo, el 3 de mayo se aprobó el informe de reemplazo de la Comisión sobre Sistemas de Justicia, que incluyó la creación de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Naturaleza; y el 4 de mayo se aprobó el informe de segunda propuesta de la Comisión sobre Derechos Fundamentales, donde se reconoció el derecho a las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas. El 5 de mayo se aprobó una reforma al reglamento de la Convención para optimizar la tramitación de los informes y el miércoles 11 se incluyó el derecho al trabajo decente como propuesta de la Comisión sobre Derechos Fundamentales. En la semana del 9 al 13 de mayo, se eligieron a los miembros de las tres nuevas comisiones y a sus coordinadores.

El lunes 16 de mayo, el Pleno entregó a las tres nuevas comisiones el primer borrador de la Nueva Constitución (de 499 artículos). Esta sesión (la No. 104 del Pleno) se realizó en el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca, en la región de Antofagasta. Las comisiones se repartieron por esta región en distintos eventos y conversatorios con actores sociales. Entre las decisiones más importantes que se adoptaron en estas comisiones se pueden destacar las siguientes: 1) la Comisión de Armonización definió los títulos de los trece capítulos que tendrá la nueva Constitución; 2) se definió un nuevo orden de las normas constitucionales; 3) se acordaron nuevos plazos de entrega de las indicaciones de armonización; y 4) la Convención aprobó una norma transitoria que impide la reelección inmediata del Presidente Gabriel Boric, en el marco de la discusión sobre la norma constitucional que permite la reelección presidencial inmediata o posterior por una sola oportunidad (actualmente la Constitución de 1980 no permite la reelección inmediata). Este último punto es relevante, considerando que toda la implementación de la nueva Constitución va a quedar en manos del Presidente, lo cual ha sido objeto de críticas. En el derecho comparado, como advierten los profesores Tomás Jordán, Pamela Figueroa y José Ignacio Núñez, se han probado modelos diferentes, como lo ilustra el caso de Kenia;  su Constitución de 2010 fue desarrollada por una Comisión de Implementación de la Constitución, que participó en la elaboración de los proyectos de ley necesarios para avanzar en los lineamientos constitucionales.

Comisión de Preámbulo

Originalmente, esta comisión no era vista como algo absolutamente indispensable. Sin embargo, con el desarrollo del proceso constituyente, se fue consolidando el consenso necesario para su conformación y fue contemplado de este modo en el reglamento. En particular, debido al valor interpretativo del Preámbulo sobre las normas consagradas en el resto del texto constitucional.

Durante las dos últimas semanas de mayo, en la Comisión de preámbulo se presentaron propuestas de redacción, que reflejaban iniciativas constituyentes, populares e indígenas sobre Preámbulo. Tal y como se mencionó en la sesión del 18 de mayo, el Preámbulo debe tener carácter inclusivo, con perspectiva de género, y muy orientado a los derechos sociales, que están en el origen de este proyecto de Nueva Constitución. Posteriormente, se aprobaron borradores del Preámbulo propuestos por los convencionales. Finalmente, en su último informe del 30 de mayo, la Comisión de Preámbulo aprobó el texto que va adoptar la Constitución, con una extensión de cuatro párrafos.

El Preámbulo adoptado contiene una breve mención de los sucesos que dieron origen a la Convención Constitucional, entre ellos el estallido social, el enfrentamiento de injusticias, los dolores del pasado y las demandas históricas de la juventud. El texto fue remitido a la secretaría técnica con el fin de recibir propuestas o recomendaciones sobre ortografía, gramática, estilo, etc. y en su última sesión la Comisión aprobó las mejoras y pasaron a ser parte del borrador final de Constitución.

Comisión de Armonización 

Mayo de 2022

La Comisión de Armonización quedó conforma por 40 convencionales, quienes se encargarán de velar por la concordancia y coherencia de las normas aprobadas en el pleno. Cabe mencionar que la Comisión sólo podrá consolidar un proyecto de Constitución con las normas ya aceptadas, puesto que dentro de sus funciones no está el poder alterar el contenido de las normas, solo dar recomendaciones. El tiempo de funcionamiento de la comisión se toma desde el 17 de mayo del año en curso, hasta el 9 de Junio donde deberán presentar su informe. Después de presentado, se dan cinco días hábiles para que los convencionales presenten sus indicaciones al texto que, finalizado el plazo, deberá ser revisado por el Pleno. Las fechas donde se debatirán estas indicaciones son: jueves 23 de junio, viernes 24 de junio, martes 28 de junio, y miércoles 29 de junio hasta total despacho.

El Reglamento General, en su Artículo 77, precisa que la Comisión de Armonización tiene entre sus funciones:

a) Velar por la concordancia y coherencia de las normas constitucionales aprobadas por el Pleno.

b) Elaborar informes sobre posibles incongruencias en las normas constitucionales aprobadas para estructurar la Constitución.

c) Incluir, en sus informes, una propuesta o recomendación dirigida a superar la inconsistencia detectada. En ningún caso la Comisión de Armonización podrá alterar, modificar o reemplazar una norma constitucional aprobada. Asimismo, en cumplimiento de esta función, la Comisión deberá respetar los principios rectores y normas generales del presente Reglamento.

d) Revisar deficiencias de técnica legislativa, omisiones y contradicciones de sintaxis y correcciones gramaticales, ortográficas y de estilo.

e) Consolidar un Proyecto de Constitución con las normas constitucionales aprobadas por el Pleno y aquellas aprobadas en plebiscito dirimente intermedio conforme al reglamento específico correspondiente.

f) Recibir y sistematizar las indicaciones de corrección al Proyecto de Constitución que propongan las y los convencionales.

g) Sugerir al Pleno el orden en que deben aparecer las normas constitucionales aprobadas y la estructura de secciones, capítulos o apartados que mejor corresponda a ellas.

Las dudas y reticencias que existían sobre esta Comisión, muy enfocadas en el potencial ejercicio arbitrario de sus funciones y del poder de cambiar normas constitucionales discutidas y aprobadas en las comisiones y el Pleno, hasta ahora no se han concretado. En cumplimiento del Reglamento, la Comisión ha actuado de manera responsable y limitada. Sin embargo, el alcance de sus atribuciones no siempre es del todo claro.

Hasta finales de mayo la Comisión presentó dos borradores. Cada uno de ellos ha trazado los temas de la siguiente forma, y mediante la priorización de los artículos de mayor relevancia en la Comisión. En cuanto al primer borrador, la coordinadora de la Comisión de Armonización, la abogada Tammy Pustilnik, difundió por Twitter “un bloque o consolidado de normas aprobadas” con un orden coherente pero no definitivo:

1. “Principios y disposiciones generales” (Ej. De la democracia, Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos de personas privadas de la libertad).
2. “Derechos fundamentales y garantías” (Ej. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, Libertad de asociación, etc.).
3. “Naturaleza y medio ambiente” (Ej. Estatuto constitucional de las aguas, Defensoría de la Naturaleza, etc.)
4. “Participación democrática” (Ej. De la democracia participativa y sus características,  De la elección de escaños reservados, etc.)
5. “Buen gobierno y función pública” (Ej. Servicio Civil)
6. “Estado regional y organización territorial” (Ej. De la plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado regional)
7. “Poder Legislativo” (Ej. Del Congreso de Diputadas y Diputados)
8. “Sistemas de Justicia” (Ej. Del Estado regional)
9. “Órganos autónomos constitucionales” (Ej. De la Contraloría General de la República).

Aunque la discusión sobre el orden fue extensa, para ilustración de los argumentos en juego se cita la cuestión sobre el orden de los poderes. El objetivo general es reflejar en el esqueleto de la Constitución las prioridades que llevaron al estallido social del que se deriva este proceso constituyente. Si se deja primero al Poder Legislativo, reflejaría el deseo popular de reducir el hiperpresidencialismo y se le daría un rol más protagónico al legislativo, como órgano deliberativo y democrático. Esta prelación simbólica rompería la tradición histórica del constitucionalismo chileno de darle más relevancia al Poder Ejecutivo.

En cuanto al segundo borrador, al momento de realizar las votaciones, los convencionales tuvieron en cuenta aquellos detalles dentro de cada norma que podrían generar posibles problemas futuros, presentando una propuesta final de la nueva Constitución. En palabras de la convencional Tammy Pustilnick: “En una sola jornada votamos las 538 indicaciones de lo que podríamos hablar que es la tercera fase de la comisión de Armonización, donde se levantaban alertas de posibles duplicidades, incoherencias, incompatibilidades de los 499 artículos del borrador de nueva Constitución”. Ahora solo restaría entregar el informe al pleno de la convención el día 19 de Junio y así pasar a la votación de esta última propuesta de la Comisión.

Junio de 2022

La comisión de armonización constituida por 40 constitucionales, inició el proceso de redacción de cada propuesta constitucional desde el día 17 de mayo del presente año. En el mes de junio presentaron la propuesta constitucional con las normas ya aprobadas, buscando que estas fuesen concordantes y no tuviesen alguna incongruencia que obstaculizara la presentación de la nueva constitución que llegará a manos del presidente Gabriel Boric el día 4 julio. La comisión de armonización en sus reuniones llegó a trabajar y presentar varios borradores, los cuales fueron enumerados hasta el borrador 3.0, votado durante su última sesión el día 17 de junio. Con las decisiones tomadas se lograron realizar las últimas correcciones al borrador, votando en total más de 500 indicaciones, con lo que se solucionaron los errores formales, haciendo el texto más claro y comprensible, además fusionaron normas, siendo que de los 499 artículos iniciales que tenía la propuesta, se redujo a 380 artículos. Así mismo, se intentó no dejar lado las principales propuestas con la cual se impulsó este proceso constitucional como las garantías a los derechos sociales, la protección del medioambiente, la reivindicación de las mujeres y dar reconocimientos a los pueblos indígenas; temas surgidos y evidenciados en las protestas realizadas en el territorio chileno en 2019. Así mismo, se destaca en la revisión, la enmienda al capítulo de reforma y reemplazo de la constitución, estipulando como regla general un quorum de 4/7 en el Congreso de diputadas y diputados, y de la Cámara de las regiones para modificar la nueva Constitución.

Al obtener el borrador final, la votación en la instancia máxima del órgano constituyente se realizó y se logró obtener grandes resultados. El proceso consistió en llevar a cabo una votación desde el 24 de junio hasta el 30 de este mismo mes donde se esperaba en un principio que la decisión para los artículos de la constitución fuese llevada con tres jornadas consecutivas, debido a las solicitudes de votación separada (pedida por convencionales de “vamos por chile”), sin embargo, esto no se llevó a cabo de esta forma, pero si agilizó el proceso y lo hizo más efectivo, haciendo que culminase rápidamente.

Por último, es necesario recalcar que además de la comisión de armonización, durante el último mes también concluyeron su trabajo las comisiones como la Comisión de Preámbulo, encargada de elaborar el texto que abre la Carta Magna, y la de Normas Transitorias, a cargo de los artículos que regularán la transición entre una Constitución y la otra.

Comisión de Normas Transitorias

Hay dudas acerca de la necesidad real de tener una comisión sobre normas transitorias, ya que las propias comisiones temáticas podían haber propuesto medidas concretas para la transición institucional en sus materias específicas. Por ejemplo, sobre las dudas relativas a los procesos constitucionales en curso ante el Tribunal Constitucional, la Comisión de Justicia podía haber diseñado el mecanismo para trasladar esos casos a la nueva Corte Constitucional y las reglas específicas para el conocimiento de esos casos. Sin embargo, el artículo 97 bis del Reglamento estableció la creación de esta Comisión, atribuyéndole la función de elaborar y tramitar las propuestas de normas constitucionales transitorias. Para ser incluido en ella se requerían cinco patrocinios, y los escaños reservados, dos patrocinios. Al final quedó compuesta por 33 convencionales constituyentes, de los cuales 4 corresponden a representantes de los escaños reservados de los pueblos originarios.

La Comisión presentó su primer informe el pasado 27 de mayo, cuando terminó de votar las indicaciones presentadas a las propuestas de normas transitorias que serán enviadas al Pleno de la Convención para su deliberación. Entre las indicaciones ya ratificadas podemos enmarcar, por ejemplo, las siguientes:

“Las normas de Reforma a la Constitución establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026. Durante la presente legislatura, los proyectos de reforma constitucional serán aprobados con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y diputadas y senadores en ejercicio”.

“Disposición transitoria Nº XX.- Adquisición de la nacionalidad mediante solicitud. Las personas nacidas en Chile que, a la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, estuvieran inscritas como hijas o hijos de personas extranjeras transeúntes, podrán optar por la nacionalidad chilena”.

“Artículo x.- El período presidencial iniciado en marzo de 2022 terminará en marzo de 2026. La elección presidencial contemplada en el artículo 49 [art. 42] se realizará en noviembre de 2025 y el próximo período presidencial comenzará en marzo de 2026”.

A su vez, se puede identificar una gran tensión sobre el alcance de esta Comisión, ya que un sector opina que durante el período de duración de la Comisión de normas transitorias lo que se intenta es integrar normas rechazadas por el Pleno según los borradores de las comisiones desarrolladas durante los 10 meses anteriores. Sin embargo, para otros lo que se busca es que las normas integradas durante el período de transición faciliten el paso a las normas aprobadas por el pleno en el borrador de la Constitución. Sobre este punto, debe tenerse en cuenta que para introducir una norma rechazada hay que tener a favor 3/5 de la Comisión y 2/3 del Pleno.

También es importante resaltar que pese a las tensiones existentes se ha logrado determinar como norma transitoria el período de los actuales senadores, el cual finaliza en 2026: a partir de ahí deben ser elegidos y se le asignan las competencias conforme a la nueva Constitución; en el caso de los alcaldes, estos deberán terminar su período de mandato actual y las nuevas elecciones deben realizarse conforme a la nueva Carta Magna. Tal norma transitoria aplica para representantes de cámara y gobernadores, incluso el Presidente, con la salvedad que este no podrá ser reelegido.