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Retos de la justicia transicional en Colombia y alcances de la amnistía e indulto para la construcción de paz
6 años después: Caso Duque vs. Colombia
8 años después: Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia.
9 años después: Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia.
10 años después: Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia
El proceso constituyente chileno
16 años después: El caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia
Por: Camilo Andrés Acosta, Sebastián Blanco, María Paula García, Jesús Mercado y Paula Silgado
Estudiantes de Derecho y Ciencia Política, Universidad del Norte
El 12 de Julio de 1997, alrededor de cien miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) arribaron al aeropuerto de San José del Guaviare en vuelos no registrados provenientes de la región del Urabá antioqueño. Posteriormente fueron recogidos por miembros del Ejército Nacional de Colombia sin la exigencia de ningún tipo de control o proceso, y los transportaron hasta la localidad de Mapiripán, ubicada aproximadamente a 230 km del Aeropuerto.
El 15 de julio de 1997, los paramilitares rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial. Al llegar al municipio, tomaron control del pueblo, y procedieron con lista en mano a sacar de sus casas a quienes en su criterio eran guerrilleros o colaboradores de las FARC, para posteriormente torturarlos y asesinarlos. Los cuerpos fueron arrojados al río Guaviare. Esta masacre generó el desplazamiento de unas 511 familias del municipio (el 70% de los pobladores).
La fuerza pública solo se presentó en Mapiripán el 22 de julio de 1997, después de concluida la masacre y con posterioridad a la llegada de los medios de comunicación, cuando los paramilitares ya habían destruido gran parte de la evidencia física. A pesar de los recursos interpuestos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. Por ello, el caso fue llevado al SIDH, y la Corte Interamericana profirió sentencia el 15 de septiembre de 2005.
Decisión de la Corte IDH
Si bien la masacre fue perpetrada directamente por un grupo paramilitar, la Corte IDH concluyó en sentencia del 15 de Septiembre de 2005, que por los hechos sucedidos en Mapiripán, el Estado colombiano era responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, los cuales están consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la CADH. Ello, considerando sus deberes generales y especiales de protección de la población civil, los cuales derivan no solo del DIDH sino también del Derecho Internacional Humanitario (artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y las normas del Protocolo Segundo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados de carácter no internacional). También consideró que hubo involucramiento directo de militares, violando con ello la obligación de respetar y la de asegurar los derechos reconocidos en la CADH. Durante el trámite ante la Corte, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional y desistió de algunas excepciones preliminares que había planteado inicialmente. De manera que, analizando las normas relevantes de la CADH, y establecida la vinculación de las Fuerzas Armadas con ese grupo de paramilitares al perpetrar la masacre y el reconocimiento estatal sobre los hechos del caso, la Corte IDH condenó al Estado colombiano a una serie de medidas de reparación.
Reparaciones
La Corte IDH condenó al Estado colombiano a cumplir con las siguientes obligaciones y reparaciones frente a los familiares de las víctimas de esta masacre, así como con sus deberes generales derivados de la CADH:
a. Investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los autores de la masacre y a las personas cuya colaboración hizo posible la comisión de la misma
b. Identificar a las víctimas mortales de la masacre y a sus familiares
c. Ofrecer garantías de seguridad a los ex habitantes de Mapiripán que decidan regresar
Adicionalmente, teniendo en cuenta la extrema gravedad de los hechos cometidos perpetrados por los paramilitares en complicidad con el Ejército Nacional, la Corte Interamericana ordenó reparar el daño inmaterial causado por medio de diversas medidas con alcance o repercusión pública:
e. Ofrecer disculpas públicas y reconocer su responsabilidad internacional
f. Adoptar medidas simbólicas de reparación (ej. construir un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre)
g. Implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos y DIH permanentes dentro de las fuerzas armadas colombianas.
Grado de cumplimiento
En septiembre de 2019, en el marco de las sesiones extraordinarias de la Corte IDH en las instalaciones de la Universidad Externado en Bogotá, se realizó una audiencia de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia del caso Mapiripán. Al respecto, los familiares de las víctimas denunciaron un “incumplimiento de tipo generalizado” por parte del Estado Colombiano.
Para analizar este punto, se pueden distinguir cuatro grandes tipos de medidas:
- Reparaciones monetarias: En relación con las indemnizaciones reconocidas a las víctimas, se constata que hubo una reparación económica efectiva. El Estado Colombiano entregó un total de $34 mil millones de pesos a las víctimas de esta masacre. Sin embargo, el proceso de pagos tuvo dificultades fácticas debido a los problemas para identificar a las víctimas; se dieron casos en los que personas que no tenían realmente esa calidad intentaron ser incluidas dentro de las reparaciones monetarias.
- Investigación y juzgamiento: Este un asunto parcialmente desarrollado. Aunque se reportan adelantos en las investigaciones, la Fiscalía ha solicitado la no divulgación de las mismas, dejando muchas preguntas sin esclarecer aún para las víctimas. Se reporta como avance la creación del Mecanismo Oficial de Seguimiento de las reparaciones (M.O.S Mapiripán), que permitió tener progresos en protección de testigos, individualización de víctimas, y desarrollo de investigaciones.
- Obligaciones de prevención y garantías de no repetición: Se resalta en el reporte de la Corte IDH de 2009 un cumplimiento parcial porque, a pesar de que el Estado emprendió acciones para la protección de estas personas, los pobladores desplazados no desean volver al municipio. Sin embargo, también hay que contrastar con el hecho de que este municipio aún sigue sufriendo la ausencia estatal. Esto resulta en que muchas personas residentes de este municipio aún padecen necesidades básicas que el Estado tuvo que haber resuelto hace mucho tiempo. Por otra parte, de la mano del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y consultorías internacionales, se adelantaron estudios sobre las fuerzas armadas colombianas con el objetivo del diseño de una política integral en cabeza del Ministerio de Defensa.
- Reparaciones simbólicas: A pesar de que el Estado Colombiano aceptó los cargos de la Corte IDH y publicó la sentencia en el Diario Oficial y en El Tiempo, aún no se han reportado unas disculpas oficiales. Por otro lado, pese a que sí se reportó la construcción de un monumento en representación a las víctimas de esta masacre, el mismo fue destruido a finales de 2017. De aquí surgió la necesidad de construir una Casa de la Memoria en este municipio, para así preservar el recuerdo de estos hechos. Sin embargo, aún no se han concretado acciones para poder volver este proyecto una realidad.
Impacto transformador de la sentencia en Colombia
El caso Mapiripán tuvo impactos significativos en la jurisprudencia nacional, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, sobre derechos de las víctimas y sobre responsabilidad del Estado por omisiones del deber de protección y posición de garante en situaciones similares. Aún sin sentencia internacional en este caso, la Corte Constitucional se había pronunciado reduciendo el fuero militar, estableciendo que los militares que hayan cometido delitos de lesa humanidad, serían juzgados por la justicia ordinaria (cf. Sentencia SU-1184 de 2001). Por otra parte, el planteamiento de reparación y protección a las víctimas proporcionado por la Corte Interamericana en este y otros casos sobre masacres causadas por actores armados no estatales se ve reflejado en el régimen constitucional diseñado para la protección de las víctimas en el marco del acuerdo de paz con las FARC de 2016, contenido en el Acto legislativo 01 de 2017, que tuvo por objeto la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y el Acto Legislativo 02 de 2017, cuyo fin fue conferir estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final. Este sistema está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD) y tiene como finalidad garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Mapiripán también ha tenido influencias en la agenda legislativa; la reparación a las víctimas de esta masacre ha sido tema de discusión recurrente en el Congreso. Además de ello, la Comisión de la Verdad se ha encargado de dar seguimiento y reconstruir la memoria sobre estos sucesos.
Con respecto al impacto local de esta sentencia, vale la pena mencionar que la visibilidad del caso generó respuestas de política pública y acción judicial para la protección de las comunidades de la zona. Un ejemplo ilustrativo de este punto es el Auto 265/19, que busca proteger la restitución de tierras a favor de la comunidad indígena Jiw. Además de ello, la protección urgente de esta población también fue ordenada por la Corte Constitucional. En esa línea, la Unidad para las Víctimas reconoció a la población de Mapiripán como sujeto de reparación colectiva y avanza con los miembros del Comité de Impulso en la definición de las acciones con las que aspiran a ser reparados. Sin embargo, las carencias de esta población aún son abrumadoras. A los habitantes de Mapiripán les preocupa mejorar sus condiciones de vida y que lo ocurrido allí nunca más se repita.
En relación con el impacto mediático, podemos ver esfuerzos de dar visibilidad a este y otros casos similares. Con ello, se crea conciencia sobre las tragedias que el país ha sufrido en el marco del conflicto armado. Se mencionan ejemplos como el reportaje de Caracol "hablando sobre la parapolítica", o el realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la masacre de El Salado, o por último, en películas como "El olvido que seremos".
14 años después: El caso Masacre de La Rochela vs. Colombia
Por: Sebastián Beleño González, María Clara Campo Vives, María José Díaz Polania y Daniel Márquez Villarraga
Estudiantes de Derecho y Ciencia Política, Universidad del Norte
El 18 de enero de 1989, quince funcionarios judiciales se encontraban en el corregimiento de La Rochela, ubicado en el bajo Simacota (Santander), adelantando investigaciones penales sobre casos de violaciones a derechos humanos cometidas por grupos paramilitares en el Magdalena Medio, dentro de las cuales se encontraba la masacre de diecinueve comerciantes (caso que fue objeto de pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del año 2004). Estos funcionarios judiciales fueron interceptados por un grupo paramilitar llamado “Los Masetos” que, operando con apoyo y connivencia con agentes estatales, abrieron fuego contra ellos, dejando doce muertos y tres heridos, quienes sobrevivieron al fingir estar sin vida. No fue posible sancionar a los responsables, ni investigarlos de manera efectiva, a pesar de la interposición de las acciones y recursos disponibles al interior del Estado.
Decisión de la Corte
En 2007, la Corte IDH concluyó que el Estado violó su obligación de respetar los derechos (artículo 1) en conexión con varios derechos: el derecho a la vida (artículo 4), el derecho a la integridad personal (artículo 5), y el derecho a la libertad personal (artículo 7), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con las detenciones ilegales y arbitrarias, el asesinato de doce funcionarios y las lesiones a los sobrevivientes. También se constató la violación de las garantías judiciales (artículo 8) y la protección judicial (artículo 25) de la Convención, debido a las demoras indebidas y obstrucciones en los procesos judiciales que se adelantaron internamente, dejando desprotegidas a las víctimas sobrevivientes y a sus familias (algunas de ellas tuvieron que cambiar de residencia o incluso refugiarse en otros países).
Reparaciones
La Corte adoptó las siguientes medidas de reparación:
- La sentencia de fondo, reparaciones y costas establece per se una forma de reparación.
- Aprueba el “Acuerdo parcial en relación con algunas medidas de reparación”, suscrito por el Estado y los representantes de las víctimas y sus familiares.
- El Estado debe realizar de manera efectiva los procesos penales abiertos que estén en trámite y los que se lleguen a abrir, y tomar todas las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos a fin de determinar la responsabilidad de quienes estuvieron involucrados en las referidas violaciones. Los resultados de estos juicios deben ser públicos para que la sociedad colombiana pueda conocer la verdad sobre los hechos.
- El Estado debe asegurar que los funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y demás actores del poder judicial cuenten con un sistema adecuado de seguridad y protección que les permita el desempeño de sus funciones, tomando en cuenta las circunstancias de los casos que les son encomendados y el lugar en los que operan para cumplir con la debida diligencia. Asimismo, en caso de graves violaciones a los derechos humanos, el Estado debe garantizar la protección efectiva de testigos, víctimas y familiares con respecto a la indagación de los hechos.
- El Estado debe brindar de manera inmediata y voluntaria el trámite medico y psicológico necesario a los familiares de las víctimas fallecidas, así como a la víctima sobreviviente y su familia.
- El Estado debe continuar implementando y, de ser necesario, desarrollar programas permanentes de educación en derechos humanos dentro de las fuerzas armadas colombianas y asegurar su efectiva implementación.
- El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en la sentencia de fondo por daño material, daño moral y reembolso de costas y gastos dentro del año de dictada la sentencia.
Grado de cumplimiento
El Estado realizó los pagos de las cantidades establecidas en la sentencia por concepto de daños materiales, daños inmateriales y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año de que la sentencia fue presentada. Sin embargo, desde que fue emitida la sentencia, se han presentado trabas en el cumplimiento de garantías de justicia. El Estado tenía la obligación de ofrecer de manera inmediata el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes, como también la implementación de oportunidades laborales y educativas para los familiares de las víctimas, pero después de 28 años no la había cumplido. En materia de protección, el Estado también ha tenido incumplimientos, ya que familiares de las víctimas siguen siendo amenazadas en su labor de búsqueda de la verdad y justicia. Por ejemplo, cuando se tomó testimonio en medida de aseguramiento de un paramilitar alias “Vladimir”, quien terminó muerto tras haber señalado a tres Generales del ejército de estar involucrados en la masacre.
En 2019, la Corte IDH citó al Estado colombiano para que se pronunciara respecto del incumplimiento constante de las diferentes sentencias en las que se ha visto condenado ante los ojos de la comunidad internacional por las violaciones de derechos humanos, incluyendo la del caso de la Masacre de La Rochela. En el caso en cuestión, se ha visto que después de más de tres décadas de ocurridos los hechos, y 14 años después de la condena al Estado colombiano, estos crímenes siguen en impunidad y las investigaciones y sanciones ordenadas para los responsables no se han llevado a cabo. Existen avances en lo que compete a las reparaciones e indemnizaciones, pero las víctimas siguen viendo vulneradas por el desentendimiento del Estado por cumplir lo ordenado respecto de la búsqueda de la verdad y de la justicia.
Impacto transformador de la sentencia en Colombia
En la sentencia, la Corte IDH hace dos grandes aportes fundamentales y novedosos para su jurisprudencia. Por una parte, sobresale el análisis que se realiza a los casos de violación del derecho a la vida respecto de víctimas sobrevivientes a este tipo de fenómenos. La Corte IDH declaró la violación del derecho a la vida de personas que no fueron ejecutadas, refiriéndose a los tres sobrevivientes de la masacre. Se explicó que la violación a este derecho se ve configurada cuando se prueban “circunstancias excepcionales” como lo son: La fuerza empleada, la intención y la dirección de la voluntad para emplearla, así como la situación en la que se encontraban las víctimas. En este caso se vio claramente probada la intención de los victimarios de ejecutar a los agentes judiciales y usaron todo lo que se encontraba a su alcance para ver manifestada su voluntad, usando los llamados “tiros de gracia”, ráfagas de disparos y el aprovechamiento del estado de indefensión de las 15 víctimas; por lo tanto, la Corte decide que puede existir una violación al derecho de la vida de una persona que no fue ejecutada, en la medida que se pueda demostrar que existió un atentado en su contra.
Por otro lado, la Corte genera una serie de parámetros o reglas generales para el marco jurídico del proceso a nivel nacional de desmovilización de actores armados que han llevado a cabo crímenes como los realizados por los responsables de la masacre. Estos parámetros de nivel interamericano son fundamentales para Colombia, que debe respetarlos en el marco jurídico que establezca para las desmovilizaciones; para la época de la sentencia fue crucial en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Entre los parámetros fijados se destacan: 1) la obligación de hacer efectiva la participación de las víctimas en todas las etapas procesales, su derecho a formular pretensiones y presentar pruebas para que éstas puedan ser tenidas en cuenta; 2) la aplicación del principio de proporcionalidad de las penas, el cual debe complementar el principio de favorabilidad; 3) el principio de cosa juzgada implica la intangibilidad de una sentencia como parte del debido proceso; sin embargo, las investigaciones se podrán retomar si aparecieran hechos y pruebas nuevas que eran desconocidas para el proceso, inclusive si ya se hubiera proferido sentencia absolutoria; y 4) el Estado es responsable de manera principal y directa de reparar por las violaciones ocurridas. Las anteriores reglas expuestas por la Corte IDH resultan de suma importancia ya que establecen con claridad que todo proceso de desmovilización en Colombia debe llenar mínimos estándares internacionales de derechos humanos, sentando un precedente muy importante para el proceso de negociación con las FARC, cinco años después.
14 años después: El caso Escué Zapata vs. Colombia
Por: Danielys Romero Sarmiento y Valentina Rodríguez Guerrero
Estudiantes de octavo semestre de Derecho, Universidad del Norte
Este caso se enmarca en el patrón de violencia contra los pueblos indígenas del país y sus líderes. Germán Zapata Escué era un cabildo gobernador del resguardo indígena de Jambaló, en el departamento del Cauca, quien al igual que otros miembros de su comunidad, se dedicaba a la agricultura y a la defensa del territorio. El 1 de febrero de 1988, agentes del Ejército colombiano entraron de manera violenta en su domicilio. Allí lo amarraron y lo sacaron de su casa haciendo uso de la fuerza. La madre de la víctima se dirigió a la vivienda de unos familiares que vivían en las cercanías, sitio desde el cual pudo escuchar una serie de disparos. De inmediato salió en busca de su hijo, cuyo cuerpo encontró sin vida en las inmediaciones del caserío; su cuerpo mostraba signos de maltrato. En el caso, se alegó una falta de debida diligencia en la investigación de los hechos. Por esto, se interpusieron diversas acciones judiciales para que se investigara y sancionara a los responsables de la muerte del señor Escué Zapata.
El caso fue remitido a la Corte IDH el 16 de mayo de 2006, para verificar si el Estado colombiano violó los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal) y 7 (derecho a la libertad personal) de la CADH, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Germán Escué Zapata; así como por la violación del derecho contemplado en el artículo 5 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares de la presunta víctima y por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana.
Decisión de la Corte y reparaciones
El Estado colombiano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, libertad e integridad personal de Germán Escué Zapata, pero negó la existencia de un patrón sistemático de violencia estatal contra el pueblo indígena Nasa. La Corte IDH por su parte concluyó que efectivamente el Estado colombiano incumplió con su obligación de investigar las lesiones y muerte de Escué Zapata dentro de un plazo razonable. Con todo, la Corte no encontró demostrado que su ejecución se debió a su rol como líder comunitario ni como parte de un patrón de violencia sistemática contra la comunidad, aunque existiera evidencia que permitiera inferirlo. En sentido similar, tampoco encontró violación a los derechos políticos de la víctima ni de la comunidad.
La Corte IDH con respecto al fondo de la sentencia, decidió que el Estado debía:
- Pagar por los daños materiales e inmateriales, además de las costas y gastos en un término de un año, tras la notificación de la sentencia.
- Investigar los procesos penales que se hayan causado con estos sucesos, y velar por que se realicen eficazmente los que ya están en curso, para imputar cargos a los responsables de estos actos y les sean aplicables las consecuencias que impone el ordenamiento jurídico.
- Destinar US $40.000 en un fondo a nombre del señor Germán Escué Zapata, para la comunidad de Jambaló, para que se pueda continuar con las obras al servicio a la comunidad que realizaba este líder social.
- Reconocer y entregar a Myrian Zapata Escué, de la manera más rápida y diligente posible, una beca que le permita continuar con sus estudios universitarios, que incluya los gastos de manutención, alojamiento y transporte, por ser una de las principales víctimas con los hechos ocasionados a su padre.
- Brindar los tratamientos especializados necesarios de carácter médico, psiquiátrico y psicológico que requieran los familiares de la víctima.
- Publicar el contenido y parte resolutiva de la sentencia, en un diario de amplia circulación en el territorio del Cauca, específicamente en la zona en la que residen los familiares de la víctima, además, de que se traduzca en la lengua Nasa Yute.
- Por medio de un acto público reconocer la responsabilidad de los actos cometidos.
Todo esto en el plazo de un año, tras el cual el Estado debía rendir informe sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas.
Grado de cumplimiento de la sentencia
En el momento en que la Corte dictó la sentencia, se activaron las investigaciones penales contra los responsables. Sin embargo, para los familiares y la comunidad, no hubo un esclarecimiento real de las razones del crimen. Las reparaciones a los familiares de Escué Zapata se encuentran en la Resolución del 18 de mayo de 2010, donde se establece que el Estado ha dado cumplimiento total de los puntos sobre pago por concepto de daño material e inmaterial, reintegro de costas y gastos, la creación de un fondo que lleve el nombre de “Germán Escué Zapata”, para que la comunidad lo invierta en obras o servicios de interés colectivo en su beneficio, y la realización de un acto público, donde se reconozca la responsabilidad.
Por otro lado, en la Resolución del 21 de febrero de 2011, la Corte señala que Estado colombiano ha dado cumplimiento a puntos resolutivos de la sentencia como el otorgamiento de la beca para realizar estudios universitarios, y la publicación de la sentencia en el Diario Oficial. En adición, la Resolución del 22 de noviembre de 2016, en la que se cumplieron puntos como la conducción de los procesos penales para determinar la responsabilidad por los hechos ocurridos. Sin embargo, la investigación para el cumplimiento sigue abierta, pues aún no se han cumplido plenamente todos los puntos. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a todo lo dispuesto en el fallo.
Impacto transformador de la sentencia en Colombia
Este caso resulta de gran importancia para el Estado colombiano, debido a que en su momento fue el primer caso indígena en el que Colombia fue condenada por un tribunal internacional de derechos humanos. Se ordenó una reparación individual a los familiares, sentando así un precedente que refleja la historia de la violencia contra los pueblos indígenas en Colombia. No obstante, la comunidad indígena no se siente satisfecha. No solo por la impunidad y la falta de cumplimiento de algunas medidas ordenadas por la Corte IDH, sino por la desatención a los efectos que el asesinato de uno de sus líderes tuvo en la vida comunitaria. También se ha criticado la falta de reconocimiento de la sistematicidad de la violencia contra los pueblos indígenas, lo que se refleja en la ausencia de medidas de no repetición, tema que es especialmente relevante en Colombia ante el notorio incremento de asesinatos de líderes indígenas y sociales en los últimos años. Por consiguiente, nos planteamos si las medidas que la Corte establece fueron realmente eficaces, no solo para la reparación de las víctimas, sino en cuanto a una aleccionadora sanción al Estado por sus actos abyectos, que prevenga la ocurrencia de casos similares en el futuro, debilitando la confianza en la justicia transicional y en la vigencia de normas internacionales vinculantes.
Desde la perspectiva de la comunidad afectada, se puede señalar que el proceso de reparación que llevó a cabo el Estado no aportó al restablecimiento de la armonía y el equilibrio dentro del territorio, lo cual debió haber sido un factor fundamental en la reparación. Por otra parte, el no cumplimiento a cabalidad de los puntos resolutivos de la sentencia pronunciada por la Corte IDH, y en particular, la impunidad ocasionada con el paso de los años, tal y como lo reconoce la Corte, generó una fuerte desconfianza de parte de las víctimas hacia el Estado.
16 años después: El Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia
Por: Isabella Cantillo Navas y Dayron David Escorcia Atencio
Estudiantes de cuarto semestre de Ciencia Política, Universidad del Norte
Según los hechos probados ante el SIDH, el 24 de agosto de 1994 el señor Wilson Gutiérrez Soler fue citado a un café en la ciudad de Bogotá por Ricardo Dalel Barón, uno de los directivos de una reconocida empresa de electrodomésticos y quien había sido teniente coronel del Ejército. Gutiérrez Soler, que había denunciado ante la DIJIN a la empresa por posible evasión de impuestos y lavado de activos, fue capturado por integrantes de la Unidad de Antiextorsión y Secuestro (UNASE) de la Policía, bajo las órdenes del entonces coronel Luis Gonzaga Enciso Barón, primo de Dalel Barón. Gutiérrez Soler fue llevado en una camioneta de vidrios polarizados al sótano de la UNASE, donde fue esposado a las llaves de un tanque de agua, y sometido a actos crueles, inhumanos y degradantes; fue torturado, golpeado, violado sexualmente, y quemado en sus órganos genitales, entre otras lesiones graves. Según Gutiérrez, el objetivo de la tortura era revelar la identidad de la persona que le suministró la información sobre los movimientos contables irregulares que denunció.
Bajo los actos anteriormente mencionados y tras más de tres horas de tortura, Gutiérrez fue inducido a declarar en diligencia de versión libre sobre los hechos que motivaron su detención. Durante el procedimiento, el señor Gutiérrez fue amenazado y se le advirtió que tenía que responder positivamente a todas las preguntas para así salvar su vida. Es así como Gutiérrez se autoinculpó por extorsión y se abrió un proceso en su contra por este delito. Durante los hechos mencionados y en el momento de la declaración, Gutiérrez no contó con la presencia de un representante legal o un defensor público.
Por todo lo acontecido, Gutiérrez Soler decidió presentar algunos recursos con el fin de sancionar a los responsables de los actos que cometieron en su contra, pero ni la jurisdicción ordinaria, ni la jurisdicción penal militar realizaron investigaciones adecuadas. Gutiérrez Soler tuvo que exiliarse con su hijo, y actualmente residen en Estados Unidos. Varios familiares residentes en Colombia han recibido reiteradamente amenazas y han sufrido hostigamientos por parte de miembros de la Policía Nacional. El caso fue llevado ante el SIDH y la Corte Interamericana profirió sentencia en 2005.
Decisión de la Corte IDH
En el presente caso, la Corte Interamericana precisó las violaciones encontradas en los artículos alegados. Partiendo del artículo 1.1 de la CADH, los Estados deben iniciar una investigación efectiva para juzgar a los responsables de una violación al artículo 5 de la CADH. Esto también se encuentra consagrado en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sobre esta base normativa se constató el incumplimiento de Colombia frente a estas previsiones, ya que hasta ese entonces no existía ninguna persona sancionada por las torturas al señor Gutiérrez.
En relación con la integridad psíquica y moral, la Corte también reconoció la violación del artículo 5.1 de la CADH en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado ya que, de acuerdo al acervo probatorio del caso, el señor Wilson Gutiérrez y varios familiares (en particular, sus hijos), tuvieron que padecer temor constante, angustia y separación familiar.
Reparaciones
Posterior a la identificación de las violaciones al derecho internacional, la Corte IDH adoptó lo establecido en el artículo 63.1 de la CADH. Entre las reparaciones podemos encontrar las de carácter indemnizatorio (cf. párrafos 76,78, 85, 103 y 117 de la sentencia), que tienen el objetivo de reparar por concepto de daño material, daño inmaterial, gastos y costas.
Así mismo, se ordenaron garantías de no repetición relativas a la implementación de cursos o programas para servidores públicos de la Justicia Penal Militar y la fuerza pública, en sintonía con los estándares establecidos en el Protocolo de Estambul relativo a la investigación y documentación eficaces de la tortura; igualmente en la mejora de los mecanismos de control ya existentes.
Como medida de rehabilitación, la Corte IDH ordenó brindar gratuitamente tratamiento psicológico a Gutiérrez y su familia. Como medidas de satisfacción, la Corte IDH ordenó identificar, sancionar y juzgar a los culpables, así como la publicación de los hechos probados. Por último, la Corte dispuso medidas de restitución, que se pueden observar en la obligación de garantizar la vida y seguridad de toda la familia Gutiérrez y en el cumplimiento íntegro de la sentencia.
Grado de cumplimiento
La prensa colombiana no le ha dado una cobertura significativa a los hechos del caso ni al cumplimiento de esta sentencia. La mayor parte de la información disponible sobre este caso se encuentra hasta el año 2011; entre los medios que publicaron informes sobre la tortura y sus implicados se destacan El Espectador, la revista Semana y el Canal Uno.
Después de revisar los registros de los medios que hablaron sobre el caso, podemos determinar que hay un cumplimiento parcial de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano. Por ejemplo, el Estado tenía la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los responsables. Sin embargo, el proceso penal presentó inconsistencias empezando por el hecho que solo se investigó y juzgó al ex coronel Luis Gonzaga, excluyendo del proceso a otros posibles implicados, lo cual dificulta la clarificación de los hechos. Adicionalmente, el caso dio un giro copernicano en 2018, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver al coronel, ya que no contaba con las pruebas suficientes para mantener la condena en su contra. Y hasta la fecha no hay ningún otro acusado. Esto significa que, tras más de dos décadas, el sistema judicial colombiano no ha logrado definir quiénes fueron los perpetradores de estas graves violaciones al DIDH.
Impacto transformador de la sentencia en Colombia
El caso Gutiérrez Soler fue tenido en cuenta en la reforma al Código de Procedimiento Penal en la década del 2000, en un esfuerzo estatal por garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos en el desarrollo de los procesos penales; esto se vio reflejado en una ampliación de los principios rectores y garantías procesales.
Por otra parte, se pudo evidenciar la actualización de los contenidos formativos del personal de las fuerzas armadas, Policía Nacional de Colombia, rama judicial, INPEC, entre otros. El objetivo principal fue la capacitación y difusión del Protocolo de Estambul. Esta instrucción fue inicialmente dada por la Corte IDH; sin embargo, también ha sido impulsada por el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. En su rendimiento de informes a ese Comité en 2007, el Estado Colombiano explicó que, en cumplimiento de la sentencia Gutiérrez Soler, se han organizado seminarios de formación en los estándares del Protocolo de Estambul. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha trabajado en esa misma dirección. Esto evidencia la variedad de fuentes de presión internacional hacia el Estado colombiano para combatir la tortura y para una correcta aplicación de lo establecido en la sentencia.
El hecho de que Colombia haya sido encontrado como responsable de un caso de tortura, considerado ante la sociedad como una de las peores violaciones a los derechos humanos, provoca indignación entre los ciudadanos. Por lo tanto, se hace necesario que el Estado tome medidas de reparación efectivas. Esto se consigue mediante la socialización activa de los programas que vayan encaminados a la eliminación de la tortura, y un cambio del discurso político donde tiene que prevalecer la intención de proteger los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración.
Es impactante que los perpetradores de la violación de derechos humanos planteados en la sentencia estudiada fueran agentes del Estado que usaron su calidad de miembros de la Fuerza Pública para servir a sus intereses personales, vulnerando gravemente la libertad e integridad del señor Wilson Gutiérrez Soler. También es altamente cuestionable que el aparato de justicia haya desestimado las denuncias de Gutiérrez, a pesar de las contundentes pruebas sobre estos graves hechos. Los responsables no deben quedar en la impunidad y se debe reparar plenamente los perjuicios a Gutiérrez y su familia, con la finalidad de ratificar que en Colombia sí hay justicia frente a las violaciones de los derechos humanos y se da respaldo a las víctimas.
Uninorte en el Jessup: Conversación con Germán Sandoval
Por: Conny Mercado Torres y Daniela Martínez Rojas
Estudiantes de tercer semestre de Derecho, Universidad del Norte
El pasado 28 de febrero, como representantes del ICCAL-Lab, tuvimos la oportunidad de conversar con el profesor Germán Sandoval Trigo, coach del grupo que representa a la Universidad del Norte en una de las competencias más importantes de derecho internacional a nivel mundial, el “Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition”, conocido como “el Jessup”. El grupo está conformado por tres mujeres, y por ello, el profesor Sandoval nos aclaró como primer punto que él se refiere al grupo como “nosotras”. Los destacados alegatos presentados este año, unidos a otros factores, le permitieron al grupo alcanzar el lugar de Primer Semifinalista de la ronda nacional. Con ello, Uninorte se convierte en la primera universidad de la costa Caribe colombiana en participar en tan prestigiosa competencia y en clasificar a las rondas internacionales.
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A lo largo de la charla, además de tener el gusto de escuchar la entusiasta voz de orgullo y emoción del profesor Sandoval al relatar sus historias sobre las horas de trabajo, estrés y preocupación que tuvieron como equipo durante la preparación y desarrollo del caso, le formulamos algunas preguntas que consideramos de interés de la comunidad universitaria.
Inicialmente quisimos indagar sobre el origen del grupo. El profesor Sandoval nos comentó que su inspiración para formar el grupo en la Universidad del Norte se dio gracias a que en la Universidad Nacional Autónoma de México (donde fue profesor) se hacían prácticas previas del concurso con preguntas específicas, para identificar las fortalezas y defectos de la argumentación en la teoría del caso. Cuando llegó a Barranquilla, notó que no había un equipo que representara a la universidad en el Jessup. Con la colaboración de colegas de la Universidad de los Andes, se propuso abrir el espacio para la preparación de un equipo uninorteño.
Posteriormente dirigimos la conversación a la importancia de la competencia para los estudiantes que participan en ella, ante lo cual explicó que puede plasmarse en dos puntos: preparación y significado. En cuanto a la preparación, el primer paso fue formar el equipo, buscando perfiles con buena capacidad analítica y desempeño argumentativo, y con buen dominio del inglés; su conocimiento en derecho internacional era un criterio auxiliar, ya que se reforzaría en los entrenamientos. Las convocatorias se abrieron a partir del segundo semestre, y el requisito más importante era el idioma, ya que era imprescindible para los roles a desempeñar, como por ejemplo: las oradoras, la off counsel (encargada de escuchar los argumentos de la contraparte) y la scout de los documentos (quien busca y sintetiza la información).
Respecto al significado, nos explicó que la participación en un concurso es una forma de aprendizaje que deja una huella particular. Como coach, su método consiste en corregir a los estudiantes y guiarlos en el proceso; no se trata de hacer todo por ellos. ¿El resultado? Un estudiante responsable y autodidacta, con la capacidad de resolver problemas jurídicos por su cuenta. Este es el significado del concurso: formar abogados de primer nivel con dominio del inglés, reforzando sus virtudes cognitivas y capacidades individuales, y a la vez apreciando el trabajo en equipo y el talento para desarrollar colectivamente criterios jurídicos. Esto va mucho más allá de la obtención de una medalla; representa una marca distintiva en la hoja de vida; las firmas nacionales e internacionales más importantes tienen muy en cuenta a estos estudiantes.
Posteriormente nos interesó conocer el caso abordado durante la competencia. El profesor Sandoval nos mencionó que este año se centró en los problemas que surgieron entre dos Estados limítrofes relacionados con restricciones al turismo y al desplazamiento debido al establecimiento de cuarentenas asociadas a la expansión de una cepa parecida al COVID-19. Según uno de los Estados, se produjo una vulneración del derecho internacional dado que se habían vulnerado los tratados firmados entre ellos, así como estándares de la comunidad internacional. Se trataba ante todo de violaciones a la libertad de tránsito, pero también de cuotas compensatorias por el daño ocasionado con las medidas cautelares o preventivas derivadas de la cuarentena. El enfoque sobre la compensación, de acuerdo a la regulación internacional implica el estudio sobre la fragmentación del derecho internacional y la competencia de la Corte Internacional de Justicia.
Sumado a ello, hay dos situaciones que complejizan el caso: la primera se relaciona con una científica que publica un tweet sobre las medidas que se llevan a cabo por la cuarentena del Estado (A) de donde proviene; la publicación se califica como difamatoria y se inicia un proceso legal en su contra. Asimismo, se advierte que hay un problema de refugio o asilo político porque la científica logra el ingreso a instalaciones diplomáticas del otro Estado (B). Para la segunda situación se trataba de una amenaza por parte de una liga terrorista: “Friends of Justice”; los organismos internacionales alertan a los países de una amenaza inminente. En el Estado (A) sale un vuelo en un avión privado que sobrevuela el espacio aéreo y no contesta los llamados de la fuerza aérea del país, de tal manera que se lleva a cabo el protocolo de seguridad y se toma la decisión de derribarlo. Al caer el avión se encuentran personas del Estado (B) generando así una crisis internacional.
Como el profesor Sandoval nos explicó, cada año se propone un caso diferente que atiende temas de actualidad, y se realiza una convocatoria para su redacción por expertos del derecho internacional. Entre los redactores suelen incluirse personas cercanas a la Corte Internacional de Justicia, ex Jessup (ex participantes de la competencia) y coaches del concurso.
Para armar los alegatos, el equipo debe buscar casos análogos, jurisprudencia, doctrina y tratados internacionales. Usualmente el Jessup brinda una base de datos: envían el “First Batch” y el “Second Batch”, que son un conjunto de documentos prioritarios para la comprensión del caso, más el acceso a bases de datos de diversas fuentes. Pero lo realmente importante es saber buscar correctamente, lo cual requiere comprender el contenido de los documentos del “First Batch”, pues en cada nota o frase puede haber un significado o una fuente clave para la solución del caso.
A manera de estrategia, el grupo acudió a la práctica y la vivencia, es decir, estudiar casos parecidos para analizar lo que era aplicable. Esta es una recomendación de los ex Jessup de México: argumentar desde la analogía de los casos, pues ya hay universidades que tienen grandes grupos de investigación y especialistas en estos temas al momento de seguir la línea del razonamiento por condiciones o reglas en el sentido general. Así que para apropiarse del caso siguieron una línea del razonamiento lateral desde la praxis: emplearon casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras fuentes del derecho internacional, tratando de pensar out of the box. Esto se debe a que la abogacía no solo son reglas; ante todo es experiencia. Dado que aún faltan las rondas internacionales, el profesor no ahondó mucho más en su estrategia en este caso específico, pero estaría dispuesto a compartirla con el equipo al finalizar la competencia.
Terminamos nuestra charla formulando algunas preguntas sobre la experiencia con los equipos que enfrentaron en la ronda nacional, a lo que nos respondió que más allá de los alegatos y la teoría del caso, se desarrolló una sana competencia con todas las universidades, en especial con la Universidad de los Andes. Cada vez que Uninorte compite con esa universidad, nuestras compañeras se esfuerzan con especial ahínco, lo que lo llena de orgullo. Nos comentó que con el equipo de la Universidad de los Andes se han dado los rounds más memorables y a la vez conmovedores, dado que tiene muchos amigos que fueron sus compañeros de trabajo en su tiempo en esa universidad y que conoce a los coaches de ese equipo. Por esta razón, es motivo de satisfacción constatar cómo el equipo uninorteño está ganando confianza al enfrentarse con equipos colombianos con gran tradición en el Jessup.
Para finalizar, queremos darle las gracias al Profesor Germán Sandoval y a nuestras compañeras, por dejar en alto el nombre de la Universidad del Norte, demostrando lo que con esfuerzo y dedicación se puede lograr. También le agradecemos al profesor Sandoval por aceptar esta conversación y responder nuestras inquietudes. Desde el ICCAL-Lab les deseamos lo mejor en la ronda internacional; sabemos que darán lo mejor de sí.
La angustia del retorno: Una mirada a la realidad de nacionales mexicanos deportados
Por: María Alejandra Tejedor Cáceres
Estudiante de tercer semestre de Derecho, Universidad del Norte
Gabriela Pinillos, experta colombiana en migración y residente en México desde hace varios años, presentó al ICCAL-Lab y a estudiantes de la maestría en derecho su ponencia “Paradojas de la documentación: lecciones de la migración EEUU-mexicana para el proceso de regularización de migrantes venezolanos en Colombia”, el pasado 27 de febrero. Su charla se enfocó ante todo en comprender la estructura de la migración y sus impactos sobre la vida de las personas, porque a fin de cuentas son vidas que se yuxtaponen sobre la base de sistemas migratorios. Durante su investigación doctoral, Pinillos quería comprender por qué en Tijuana, ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, se hallaban aglomeradas tantas personas en situación de calle, viviendo incluso dentro de alcantarillas. Al continuar su labor investigativa se encontró con el hecho de que muchos de estos individuos habían vivido mucho tiempo en Estados Unidos y habían sido deportados.
Estados unidos es un país receptor de migrantes que buscan nuevas oportunidades y mejores opciones para optimizar su calidad de vida, atravesando las fronteras no siempre bajo condiciones de legalidad, lo que ocasiona que de acuerdo a la coyuntura política que atraviese el país se determine directamente la vida de dichas poblaciones. En tiempos restrictivos, pueden ser sometidos a procesos de deportación bajo la noción de removals (personas que lograron establecerse en Estados Unidos pero fueron detenidas y deportadas), o deportable/returned (aquellos que no logran pasar la frontera y se les devuelve en el acto).
Ante la situación de retorno, los nacionales mexicanos se ven no solo ante la necesidad de asimilar la expulsión de un territorio con el impacto económico, social y psicológico que ello significa, sino también a la frustración de probar su propia identidad: “volver a ser mexicanos”, puesto que durante la estancia en el extranjero no siempre se conservó la documentación que asegurase su nacionalidad mexicana, ni México como Estado conserva en su totalidad dicho registro nacional, dado que no se han completado las reformas tecnológicas que buscan agrupar la información en bases de datos. Parte de la documentación –registros civiles y documentos de identidad mexicanos- reposan en registradurías - o el ente que haga sus veces- en pueblos de las periferias del país donde no se conservan copias. De hecho, otra problemática en probar la ciudadanía de estos nacionales es el no conocimiento de su lugar de nacimiento, así que se hace imposible recuperar la identidad en una significativa cantidad de casos. Esto no solo transgrede su capacidad de ser reconocidos como nacionales por el Estado, sino que también reduce la posibilidad de encontrar un trabajo que permita su sustento.
En este orden de ideas, la deportación se configura como una forma de desplazamiento forzado que define quién está incluido y a quién se excluye. En Estados Unidos, la legislación migratoria tuvo efectos retroactivos y permitió imponer, desde la legitimidad que otorgan las leyes, la construcción del imaginario de la migración como asociada al auge de criminalidad, habilitando de este modo la expulsión de personas desde el interior del Estado, en nombre de una migración legal, regulada y segura.
Se destaca que todas las migraciones son distintas, en diferentes contextos y en diferentes motivaciones donde no solo se vincula la soberanía de un país sino el destino de personas, seres humanos que ven la migración como la mejor opción de derribar las barreras de estancamiento social y aseguren la posibilidad de un mejor futuro. De aquí que bajo el proceso de deportación, más que una mera actuación administrativa, se repercute directamente sobre los derechos humanos de los afectados, quienes en algunos casos terminan en condiciones de necesidad, insalubridad y relativa ausencia de protección estatal. Aunque existan organizaciones de apoyo, no son suficientes para las necesidades a las que se enfrentan.
Finalmente, la deportación de migrantes mexicanos establecidos en Tijuana supone una cadena de eventos traumáticos por los que tiene que pasar el migrante deportado y que se ve involucrado en condiciones deplorables a su regreso. En México, no existe una política clara encargada de reintegrar a la sociedad civil a dichas personas. Si bien se mantienen en albergues, estas medidas no hacen eco en la solución de raíz para mejorar su situación. Por ello, se hace notoria la importancia de introducir en la agenda nacional mexicana la recuperación de la ciudadanía efectiva de los retornados. Lo anterior nos ofrece luces para analizar la realidad colombiana con la situación de retorno de nacionales que fueron residentes en el vecino país, Venezuela, durante un amplio lapso de tiempo, entendiendo desde el Derecho las vías legales que pueden activarse y las obligaciones del Estado frente a sus nacionales. En últimas, todo esto ilustra en qué medida los recursos jurídicos afectan los destinos de las personas.
Sin más que agregar, se agradece muchísimo a Gabriela Pinillos por compartir su visión con nosotros.
Conflicto y derecho: Impresiones de la charla con Markus Ciesielski
El coronavirus en Perú: Análisis de proporcionalidad de medidas gubernamentales
Autores: Alexander Bueno, Isabella Cantillo y Gabriela García
Estudiantes de segundo semestre de Ciencia Política y Gobierno, Universidad del Norte
Imagen: Palacio de Gobierno del Perú, Lima. ® Manuel Góngora Mera
Tras la confirmación de la OMS de la covid-19 como pandemia que ponía en peligro el bienestar y la salud de todas las personas en el mundo, los países latinoamericanos implementaron medidas estratégicas para contrarrestar y mitigar las consecuencias en sus países. A pesar de las medidas tomadas en América Latina, varios países han alcanzado altos niveles de contagios. Uno de los casos que más resuena es el del Perú, que para el 14 de septiembre alcanzaba el quinto lugar mundial en el total de casos confirmados de covid-19, y una de las tasas de letalidad más altas a escala global. Martin Vizcarra, jefe de Estado de la república del Perú, fue uno de los primeros mandatarios sudamericanos en declarar cuarentena obligatoria en el país y llevar a cabo una serie de disposiciones que generaron diversas opiniones dentro de la población peruana sobre su efectividad. Además ha generado varios choques entre el ejecutivo y el Congreso (el más reciente, un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral), agregando a la crisis sanitaria una grave crisis política. En este blog se resumen los resultados de un ensayo en el que analizamos desde diferentes aristas las restricciones ejecutadas por el gobierno de Perú haciendo uso del test de proporcionalidad, determinando si estas medidas cumplen con los criterios de idoneidad, necesidad y ponderación.
Medidas analizadas
Desde la llegada del coronavirus a Perú, el ejecutivo ha hecho esfuerzos inmensurables para mitigar el impacto que este virus puede tener a nivel económico y social, esfuerzos que se han materializado en leyes y decretos oficiales que argumentan ser de carácter necesario para salvaguardar la seguridad y bienestar de la población peruana. Sin embargo, hay un factor clave que debe ser sometido a cuestionamiento y es si son necesarias las limitaciones a las libertades y derechos de los peruanos consagrados en la Constitución de 1993 y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Perú, o si estas medidas resultan ser excesivamente restrictivas llegando al punto de vulnerar los derechos de la sociedad peruana. Para resolver las dudas en torno a las restricciones sobre estas libertades individuales y colectivas se presentarán en este artículo cinco disposiciones del gobierno durante esta crisis, su impacto y cómo se han implementado.
1. Estado de emergencia
La primera medida fue implementada por el presidente Martin Vizcarra el 15 de marzo del 2020, cuando decretó el estado de emergencia nacional, incluyendo el cierre total de fronteras y el aislamiento preventivo, en virtud de lo establecido en el artículo 44 de la constitución peruana, el cual establece que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas en contra de su seguridad, y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación, además de otros artículos de la carta magna que buscan proteger el bienestar del pueblo peruano. Según las estadísticas que nos brinda Ipsos, a la fecha del 21 de marzo del 2020, se realizó una encuesta para evaluar las medidas tomadas por el gobierno para contrarrestar el Covid-19, obteniendo resultados positivos, especialmente la medida de decretar el aislamiento preventivo. En otra encuesta, también realizada por Ipsos en mayo del 2020 se puede observar que los ciudadanos estaban de acuerdo en cómo estaba evolucionando la gestión pública para contener el avance del virus. Para la redacción del ensayo base para este blog, se elaboró un sondeo a cincuenta personas peruanas elegidas aleatoriamente por medio de redes sociales y esta encuesta reflejó datos similares a los obtenidos por Ipsos.
2. Cierre de fronteras
Con el anuncio de la declaración del estado de emergencia y del cierre total de las fronteras mediante el decreto supremo N° 044-2020-PCM el 16 de marzo, la república del Perú suspendió la salida y/o entrada del país por cualquier medio de transporte por los primeros 15 días, plazo que se ha venido extendiendo por varias semanas. Por medio de una entrevista, el ministro de defensa Walter Martos dio el anuncio del cierre total de los aeropuertos el 21 de marzo e indicó que este sería el último día en el que el gobierno peruano brindaría ayuda a los peruanos que estaban en el exterior para retornar a casa.
3. Impunidad penal: La ley de protección policial
La ley N° 31012 de protección policial, publicada el 28 de marzo de 2020 tras ser aprobada por el Congreso de la república del Perú, trae consigo la modificación al numeral 11 del artículo 20 del código penal, que hace referencia a los sujetos exentos de responsabilidad penal. Aunque su redacción fue previa a la pandemia y no es una medida directa para mitigar la propagación del virus, la legislación ha causado preocupación en entidades como la Comisión Interamericana de Derechos humanos y la ONU, ya que en palabras de Jan Jarab, representante en América del Sur de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “en varios aspectos contraviene normas y estándares internacionales de Derechos Humanos.”
En relación con lo anterior, esta nueva norma ha sido altamente cuestionada ya que deroga el principio de proporcionalidad que principalmente imposibilita que miembros de la fuerza pública hagan uso de la fuerza de manera arbitraria, vulnerando principios fundamentales de la constitución del Perú.
4. Conmutación para evitar el hacinamiento en cárceles
El dos de mayo del 2020, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregó documentos de conmutación o indulto a reclusos que estuviesen pagando condenas y estuviesen privados de la libertad. En la lista de prioridad se encuentran mujeres embarazadas y madres con hijos dentro de penales, la salida de estas personas se facilitará para mejorar la situación dentro de los centros penitenciarios teniendo en cuenta ciertos criterios. Adicionalmente, el 19 de mayo del 2020 el gobierno le pidió facultades al Congreso para legislar en el tema del hacinamiento en los centros penitenciarios. Además, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario informó que gracias a las medidas establecidas por el ejecutivo la población en centros de reclusión se redujo aproximadamente un 8,1%.
5. Reanudación de actividades por fases
Otra de las medidas que fueron evaluadas con la aplicación del test de proporcionalidad es la decisión tomada por el gobierno peruano en el decreto supremo N°080-2020-PCM el cual indica la aprobación de la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. Esta reanudación está organizada en 4 fases de las cuales la primera fase fue aprobada para dar inicio en el mes de mayo con los sectores de minería e industria, construcción, servicios y turismo.
Para determinar si el gobierno peruano ha tomado las decisiones correctas para contrarrestar la propagación del virus se utilizó como herramienta la prueba de proporcionalidad el cual brinda tres criterios para identificar si medidas son realmente necesarias, cumplen con el fin que invocan y las limitaciones de estas libertades individuales representan la protección del bienestar y la salud de la sociedad peruana.
Al someter todas las medidas al análisis a partir de los criterios ya mencionados, se evidenció que las disposiciones 1, 2, 4 y 5 cumplen con todos los criterios, es decir todas son proporcionales al fin que invocan. La única que a la luz de este estudio no cumplió con los tres criterios fue la ley de protección policial. Esta ley no era necesaria ya que hay otros medios alternativos para garantizar la protección de la fuerza pública y, además, los beneficios de esta medida son inferiores a las ventajas que trae implementarla porque pone en peligro el derecho a la vida señalado en el artículo 2 de la Constitución del Perú y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que propicia el escenario perfecto para crear espacios de impunidad cuando algún miembro de la policía se extralimite en sus funciones.
Después de las interpretaciones nos queda por preguntar: ¿Realmente el gobierno peruano buscó con esta medida salvaguardar los derechos fundamentales de la población peruana o solo le está dando camino libre a la fuerza pública para atentar en contra de la integridad de su carta magna y el bienestar de sus ciudadanos?
Para terminar, además del test de proporcionalidad se debe tener en cuenta el contexto social donde se desarrollan estas limitaciones de derechos. Un ejemplo claro es la recepción que ha tenido la ley de protección policial. Pese a que no es idónea, necesaria ni proporcional desde un análisis constitucional y del DIDH, en diálogos desarrollados por los autores de este texto con ciudadanos peruanos se observó que muchas personas consideran que esta ley es necesaria debido a la pérdida de autoridad y los atropellos constantes que han sufrido las fuerzas militares y policiales del Perú a lo largo de su historia. En palabras de uno de los participantes de la encuesta realizada para el ensayo: “Desde mi punto de vista, las medidas han sido buenas. Pero la realidad peruana es muy diferente, uno puede plantear distintos planes teniéndolos como hipótesis, pero en la ejecución o práctica cambia totalmente”. Al parecer, medidas de corte autoritario cuentan con apoyo popular, como ha ocurrido en otros países en el marco de la pandemia.
¿Si soy presidiario salvadoreño he dejado de ser humano?