Por: Manuel Góngora Mera

Profesor de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte

Lalibela es conocida popularmente como "la Nueva Jerusalén"; una ciudad perdida en las entrañas del norte de Etiopía, construida entre los siglos XII y XIII tras la caída del efímero reino cristiano en Jerusalén durante las Cruzadas como alternativa para los peregrinos. Su magnífico conjunto de iglesias fue declarado en 1978 patrimonio de la humanidad por reunir tres criterios exigidos en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, así como en los estándares operativos de implementación de la Convención por la UNESCO: 1) representa una pieza maestra del genio creativo humano; 2) es testimonio de un significativo entrelazamiento de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, o al interior de un área cultural del mundo, con desarrollos de elementos arquitectónicos o tecnológicos, artes monumentales, urbanística y diseño paisajista; y 3) es testimonio único de alguna tradición excepcional de alguna civilización, existente o extinguida. En efecto, hablamos de 11 majestuosas iglesias que se encuentran entre las estructuras monolíticas artificiales más grandes del mundo. Pero lo más asombroso es que algunas de estas construcciones fueron talladas a partir de una sola roca. Un guía local me explicó que primero se tallaba el contorno exterior de la iglesia (algunas a ras de tierra, por lo que solo son visibles en su cercanía); se cavaba un túnel en lo que sería el interior de la iglesia, y finalmente se extraía roca del interior, dando forma y decoración a lo que serían las paredes, las columnas, el altar y la audiencia. La más hermosa de estas impresionantes construcciones en mi opinión es Beta Girorgios (la iglesia de San Jorge), delineada en forma de cruz griega. Los templos continúan cumpliendo su función; al interior se encuentran monjes cristianos ortodoxos con sus características túnicas blancas y amarillas; y algunos de ellos duermen en espacios cavados alrededor o en las cercanías de estas iglesias. Un lugar sagrado, solo comparable con la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, donde según la creencia de los etíopes cristianos se conserva la mítica Arca de la Alianza.

Foto: Iglesia de San Jorge (Beta Girorgios), Lalibela, Etiopía.  ® Manuel Góngora Mera
 

Según reportes de prensa, el 5 de agosto el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) tomó el control de Lalibela, lo que dirige temporalmente la atención internacional hacia uno de los conflictos más sangrientos que están ocurriendo bajo el oscuro y letal manto de la actual pandemia. Desde noviembre de 2020, Etiopía sufre un conflicto armado entre el gobierno central y el TPLF, un poder regional al norte de Etiopía. A esto se suma la intervención del ejército de la vecina Eritrea, que combate a las fuerzas de Tigray en las zonas fronterizas. Existen reportes sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetrados por todas las partes combatientes a lo largo de 2021. Hasta junio de 2021 se habían reportado unas 230 masacres, incontables violaciones sexuales, y la destrucción masiva de infraestructura civil. Algunas ONGs hablan incluso de un genocidio en curso en contra de la etnia Tigray.

Para entender lo que está ocurriendo, es preciso mencionar que Etiopía es un Estado federal, con fuertes autonomías regionales, en gran medida basadas en las divisiones étnicas del país (sistema kililoch). Por eso la región en cuestión asume el nombre de la etnia Tigray, que es dominante en ese territorio, y en el que se habla tigriña (el idioma más extendido en Etiopía es el amhárico). Se trata además de una región fronteriza, que limita con Eritrea (país con el que Etiopía ha tenido fuertes tensiones tras su independencia en 1991, hasta el acuerdo de paz de 2018). Tigray es conocida como la cuna de la civilización etíope, ya que allí se consolidó el Imperio Aksum, que en su máxima expansión logró incluso controlar áreas de la península arábica (actual Yemen) y cuya referencia histórica más conocida en occidente es haber sido el hogar de la Reina de Saba. Se trata entonces de una región con una historia ancestral y con una lengua e identidad cultural propia. Es de resaltar además que el sistema kilil (que significa literalmente "resguardos" o "áreas protegidas") es controversial, porque tiene similitudes con las divisiones territoriales creadas durante el Apartheid en Sudáfrica (Bantustans) con el objetivo de concentrar ciertos grupos étnicos y mantenerlos étnicamente homogéneos y de este modo asegurar su separación con la población blanca que controlaba el país.

Entre las décadas de 1990 y 2010, el TPLF tuvo representación a nivel del gobierno federal como uno de los cuatro grandes partidos de la coalición de gobierno. Sin embargo, a finales de 2019, Abiy Ahmed (de la región y etnia Oromo), el actual Primer Ministro de Etiopía, decidió la disolución de la coalición y la conformación del Partido de la Prosperidad, que integraría al Partido Oromo (del cual era presidente). Tigray rechazó hacer parte de esta nueva coalición. Por su parte, Abiy Ahmed inició una serie de reformas políticas que fueron interpretadas en Tigray como un retroceso en la descentralización administrativa en curso. En 2020, el Primer Ministro ordenó retirar a varios líderes del gobierno local de Tigray bajo alegaciones de corrupción. En respuesta, en septiembre de 2020, el gobierno local de Tigray decidió realizar sus propias elecciones, pese a las restricciones por la pandemia. A su turno, en octubre, el Primer Ministro suspendió el financiamiento a Tigray, lo que fue considerado una “declaración de guerra” por el gobierno de Tigray. Abiy Ahmed ordenó el 4 de noviembre el despliegue de tropas en  Tigray. Existen reportes que aseguran que durante el avance de las tropas se produjeron masacres y otras graves violaciones al DIH. Por su parte, a mediados de noviembre, Tigray lanzó cohetes al territorio de Eritrea, en un intento por atacar la capital, Asmara, lo que derivó en una invasión de las fuerzas armadas de Eritrea en Tigray. Además, el TPLF lanzó cohetes a las ciudades de Gondar y Bahir Dar, en la vecina región de Amhara. Estas acciones están claramente proscritas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales. El 29 de noviembre, Abiy Ahmed anunció que había logrado tomar el control de Mekelle, la capital de Tigray, y daba por concluido el levantamiento de la región. Sin embargo, el TPLF y sus aliados conformaron una organización armada denominada Tigray Defense Forces (TDF) e iniciaron una guerra de guerrillas contra las tropas etíopes en Tigray. En abril, TDF había retomado el control de las áreas rurales, forzando al ejército etíope a replegarse en Mekelle. A partir de ahí, TDF aplicó una estrategia de guerra de desgaste, aprovechando el profundo descontento popular por la presencia del ejército etíope. El 28 de junio pasado, TDF retomó la ciudad de Mekelle y al siguiente día decidió iniciar una ofensiva más allá de los límites de Tigray, hacia el sur (en la vecina región de Amhara) y hacia el oriente (a la región de Afar). Durante el mes de julio, sus fuerzas capturaron varios pueblos de Amhara, en un corredor que el 5 de agosto alcanzó la ciudad de Lalibela.

Las agencias de noticias internacionales han dedicado numerosos artículos sobre Lalibela y su importancia como patrimonio de la humanidad. El gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado sobre estos eventos, llamando a las partes en conflicto a “poner fin a la violencia e iniciar discusiones para negociar un alto al fuego”, y en el caso de Lalibela, a “proteger esta herencia cultural”. Samantha Power, directora de la USAID, estuvo esta semana de visita en Etiopía para verificar la situación de la ayuda humanitaria. Previamente, esta alta funcionaria había expresado su preocupación por el curso que está tomando este conflicto armado hacia una guerra civil de gran escala, con un Primer Ministro que emplea una retórica deshumanizante contra la etnia Tigray, y regiones del país que se alinean en bandos opuestos. Como académico, he estado haciendo seguimiento al conflicto en Tigray desde su estallido en noviembre de 2020. Durante los últimos meses se han producido graves violaciones al DIDH y al DIH en la región, que han pasado prácticamente inadvertidas en la prensa internacional. Más allá del efecto que la pandemia puede tener en la cobertura internacional de noticias, la impresión que me queda es que sólo cuando la guerra amenaza bienes culturales que hacen parte del patrimonio de la humanidad se presta la atención debida a un conflicto que ha causado miles de muertos y cerca de dos millones de víctimas de desplazamiento forzado, y que ha expuesto a cientos de miles de personas a condiciones de hambre, como víctimas de un bloqueo de ayuda humanitaria ordenado por el gobierno etíope. Reconozco el inmenso valor histórico y religioso de las iglesias de Lalibela, pero ni la más perfecta de estas imponentes construcciones se puede equiparar con el significado infinito de una sola vida humana sacrificada en esta guerra fratricida. Es tiempo de que la comunidad internacional mire hacia la crisis humanitaria en Etiopía y presione a las partes a un cese al fuego y a resolver sus diferencias a través del diálogo.

Foto: Monumento de la masacre de Lukodi (19 de mayo de 2004) perpetrada por LRA, Gulu (Uganda)
Fuente: Malaika Overcomer / Creative Commons

Por: Manuel Góngora Mera

Profesor de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte

Una reciente sentencia de la Sala de Primera Instancia IX de la Corte Penal Internacional tiene una alta trascendencia para Colombia, en perspectiva del actual trabajo de la JEP en el procesamiento de crímenes sexuales y de género (CSG) en el marco del conflicto armado. Se trata del Caso Ongwen (The Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15). Es la primera sentencia de la CPI en la que se sanciona el embarazo forzado como crimen de lesa humanidad. Un antecedente sobre esta sensible temática fue el Caso Bemba (The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08). Inicialmente Bemba (presidente y comandante del Movimiento de Liberación del Congo) fue condenado por la sala de primera instancia a 18 años de prisión por violaciones perpetradas por subalternos como crímenes de guerra. Sin embargo, en una decisión muy controvertida, fue absuelto en 2018 por la sala de apelaciones en una votación dividida, al considerar que las operaciones en las que ocurrieron las violaciones tuvieron lugar en territorio extranjero y no tenía capacidad para vigilar las acciones (remote commander). Más problemático aún, el Caso Lubanga (The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06), en el que quedaron por fuera las denuncias relativas al crimen de esclavitud sexual y otros actos de violencia sexual (embarazos forzados, violaciones a niños reclutados), pese a la abundante evidencia sobre estas atrocidades. En 2019, en el Caso Ntaganda (Case: The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06-2442), la CPI tuvo oportunidad para pronunciarse sobre delitos de violación y esclavitud sexual como crímenes de lesa humanidad (CLH) y crímenes de guerra (CG).

Sin embargo, como se observa, la violencia sexual y basada en el género como CLH o CG había sido hasta la sentencia del Caso Ongwen uno de los grandes temas pendientes de la CPI. Por eso la sentencia del 4 de febrero de 2021 representa un hito histórico. Dominic Ongwen era el comandante de una brigada del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), una organización de extrema derecha cristiana que alega tener como objetivo el establecimiento de una teocracia cristiana. Esta organización tiene presencia en el norte de Uganda desde finales de la década de 1980, pero ha desarrollado acciones en Sudán del Sur y el nordeste de la República Democrática del Congo. Entre las prácticas atroces del LRA se cuenta la celebración de "matrimonios" simulados con mujeres y niñas secuestradas, quienes eran asignadas a combatientes del LRA como botines de guerra, y eran forzadas a mantener relaciones sexuales con ellos. Ongwen se encargaba personalmente de estas asignaciones y ordenaba los secuestros; de hecho participó directamente en la perpetración de algunos de estos crímenes. En algunos casos, como rito de iniciación, forzaba a sus "esposas" a golpear hasta la muerte a soldados del ejército de Uganda capturados por el LRA.

Entre los crímenes sexuales y basados en género por los que fue condenado Ongwen se cuentan: tortura (como CLH y CG), violación (CLH y CG), esclavitud sexual (CLH y CG), esclavitud (CLH). Además se incluyeron el embarazo forzado (CLH y CG, art. 7.1.g y 8.2.e.iv del Estatuto de Roma) y el matrimonio forzado, sancionados por primera vez en aplicación del artículo 7.1.k ("otros actos inhumanos que constituyen CLH", cf. pág. 20/1077 de la sentencia).

El caso tiene unas complejidades adicionales. Ongwen fue reclutado forzadamente cuando aún era un niño de 10 años y desde el comienzo fue obligado a cometer asesinatos y mutilaciones, lo que lo convierte en una víctima del LRA. La defensa había argumentado que esta condición lo exoneraba de su responsabilidad penal; sus acciones fueron realizadas bajo coacción y amenaza de muerte o lesiones corporales. La Fiscalía, por su parte, consideró que esta condición no lo eximía de responsabilidad penal individual (art. 25 del Estatuto de Roma) pero podría ser tomada en cuenta en la determinación de la pena. Esta cuestión es una dimensión crucial para analizar casos colombianos, dada la estructura de violencia cíclica de los conflictos armados, que genera ese doble carácter de víctimas y perpetradores para muchos combatientes. En el Caso Ongwen, la CPI optó por evaluar su conducta como adulto en el período 2002-2005; está por verse si en la definición de la pena es tenida o no en cuenta su calidad de víctima de reclutamiento forzado.

Por las consideraciones previas, el Caso Ongwen puede tener repercusiones sustanciales en diversos casos que adelanta la JEP; particularmente en los relacionados con violencia basada en género cometida por las FARC- EP (ej. Caso 007 sobre Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano). En los informes de la Fiscalía General se cuentan unas 874 investigaciones por violencia basada en género, que involucran a unas 945 víctimas (la mayoría por acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y 21 casos de aborto sin consentimiento). Existen otros reportes acerca de prácticas de planificación forzada y aborto forzado como políticas de las FARC que incluso se encontraban en sus estatutos. Se ha alegado además la sistematicidad de las violaciones sexuales a guerrilleras de bajo rango y a rehenes en poder de esta guerrilla. Es cierto que por el débil desarrollo del tema en las sentencias de la CPI aún no contamos con un cuerpo más sólido de jurisprudencia que permita tener fundamentos más elaborados acerca de la responsabilidad del superior por este tipo de conductas atroces, pero el Caso Ongwen es sin duda un paso significativo en la lucha contra la impunidad.