PhD en economía. Docente-Investigador del departamento de Economía de la Universidad del Norte.

 

La situación actual del país en los frentes sanitario, económico, político y social, sin duda, es una de las más complicadas en la historia de Colombia. Como todos sabemos, el detonante de esta coyuntura, la pandemia del Covid-19, era algo que estaba fuera de las previsiones y la capacidad de maniobra de cualquier gobierno y un problema que, en el contexto sanitario, continúa atacando tanto a los ricos como a la clase media y a los más pobres en todos los países. Pero una situación donde, en cualquier caso, la mayoría de los afectados son los más pobres (en Colombia el 83% de muertos estratos 1-3). 

Pero no se puede decir lo mismo de los otros frentes, el económico, el político y el social. Es cierto que la recesión económica, en Colombia como en el mundo, resultó como una consecuencia inevitable de las medidas de confinamiento social tomadas por prácticamente todos los países alrededor del mundo para tratar de contrarrestar la crisis sanitaria originada por la pandemia. También es cierto que, como consecuencia de la recesión local y global, se profundizaron las dificultades fiscales de los gobiernos nacionales.  

Por último, es importante reconocer que en el contexto internacional Colombia es una economía emergente, un país de clase media con menor margen de maniobra en el contexto financiero doméstico e internacional si se compara con otros países que tienen mayores niveles de ingreso. 

El programa de recuperación y fortalecimiento de la UE, para poner un ejemplo, es un paquete de ayuda por 750 Billones de Euros, de los cuales 390 Billones son créditos no reembolsables. Este paquete de ayudas equivale a 1,6 veces el tamaño del PIB colombiano en 2021. Adicionalmente, el BCE ha destinado recursos por 1.5 Trillones de Euros (6 veces el PIB colombiano) desde que empezó la pandemia. La mayoría de estos recursos usados para comprar títulos de deuda pública y privada con impresión primaria de dinero (dinero recién creado). Adicionalmente la tasa de interés de intervención del BCE es 0.0% (tasa normal) y -0.5% (negativa) para operaciones overnight (destinadas a facilitar el balance de los bancos comerciales en sus operaciones diarias). Estados Unidos, Japón, Inglaterra y otras grandes economías han adoptado paquetes de estímulo similares, cuyos detalles no podemos relacionar aquí por cuestiones de espacio.

Infortunadamente, un país como Colombia, que como anoté antes es una economía emergente—un grupo de países que no están entre los más pobres, pero tampoco alcanzan a figurar como países de ingreso alto. 

Como otras economías emergentes, en los mercados financieros internacionales Colombia es considerado un país en expansión, con perspectivas de crecimiento, y por tanto con la capacidad para atraer la atención de los inversionistas internacionales, de cuyos recursos financieros depende para consolidar su crecimiento. Pero esto también quiere decir que, en materia de política macroeconómica, el país necesita brindar confianza de que se trata de una economía estable con la capacidad para honrar sus compromisos de deuda. Esa estabilidad implica una tasa de cambio estable, una tasa de inflación baja y estable, un déficit reducido del sector público, estabilidad social y perspectivas positivas de crecimiento. Elementos que continuamente evalúan las agencias calificadoras de riesgo para otorgar o no el ansiado “grado de inversión” que marca la diferencia entre recursos de deuda caros o baratos (tasas de interés elevadas o reducidas).     

  
Después de establecer este balance, queda por analizar la responsabilidad del gobierno en el caso colombiano y su capacidad demostrada para enfrentar las consecuencias de la crisis sanitaria y económica en ese orden.   

El incremento del desempleo—todavía en niveles cercados al 15%-, y el consecuente aumento de la pobreza que ahora afecta a más de 21 millones de colombianos, eran consecuencias ciertamente inevitables de la pandemia. Como también lo fue la contracción de la producción nacional de -6.8% y la reducción tanto de la demanda como de los precios internacionales del petróleo, de los cuales tanto depende el país a pesar de no ser un país petrolero en permanente agonía por encontrar nuevos pozos. 

Como sabemos, el resultado de la reducción de ingresos tributarios, por cuenta del menor ritmo de actividad económica y la reducción del precio del petróleo, amén de la caída de otras exportaciones; así como el incremento de gastos por cuenta de los apoyos a la nómina e ingresos solidarios a los hogares afectados, llevo a que el déficit del gobierno se incrementara a 7.8% del PIB en 2020 (un año antes se ubicaba en 2,4%) y se espera que ese mismo déficit se incremente a 9% en 2021. Si bien es cierto por el evento de la pandemia, Colombia al igual que la mayoría de los países a nivel internacional metió al congelador la regla fiscal que se proponía mantener el déficit en niveles cercanos al 1% por lo menos hasta 2031, un desfase cercano a los 90 billones de pesos es algo a lo que es necesario prestar atención. El problema para el gobierno es entonces ¿Cómo tapar el hueco fiscal sin afectar la recuperación de la economía, evitando el incremento de la pobreza y sin poner nerviosos a los inversionistas internacionales? 

La respuesta del gobierno, como sabemos, consistió en pasar una propuesta de reforma tributaria basada, principalmente, en incrementar y extender el IVA, y extender la base de los contribuyentes del impuesto de renta a trabajadores con menores ingresos. La reacción de la sociedad civil también la conocemos. Aunque el truco de mantener el ingreso solidario para los más pobres parecía atractivo, lo cierto es que trataba de dos medidas muy impopulares: incrementar los impuestos de una clase media de repente empobrecida por la pandemia. 

Este fue el detonante para la protesta social. Pero los motivos de la protesta no se iban a agotar con tumbar la propuesta de reforma. Había problemas en la agenda surgidos del manejo político de la pandemia y problemas en la agenda política pre-pandemia que nunca se solucionaron. Los manifestantes reclaman entre otros puntos, por el lento avance del programa de vacunación (mucho más lento que en otros países de la región), la situación de pobreza y desempleo, el asesinato de líderes sociales, el incumplimiento de los acuerdos de paz, la violencia policial contra los manifestantes.  

Infortunadamente, la protesta social en Colombia que tradicionalmente ha sido asimilada por las autoridades a actos subversivos con fines terroristas se desencadenó en actos de violencia de civiles contra militares y militares contra civiles. El desarrollo de la protesta unida al retiro de la propuesta de reforma tributaria llevó a una devaluación de la tasa de cambio (más pesos por cada dólar) cuyo efecto, de mantenerse o incluso empeorarse, no solo encarece y limita las ventas del país en el exterior, también encarece la deuda externa del país ahora en niveles cercanos al 50% del PIB, donde cerca de 2/3 partes son deuda del sector público.

La nueva iniciativa tributaria, que seguramente terminará consolidándose parte de la iniciativa de los gremios y los industriales, junto con la iniciativa de un nuevo ministro de hacienda con mayor aceptación entre gremios y partidos (El fuerte del ministro saliente sin duda no es la conciliación como el mismo termino reconociendo). La nueva propuesta de reforma va por menos ingresos (14 Billones frente a casi 27 Billones de la propuesta inicial). Esos ingresos, según lo exponen gremios, partidos políticos y minhacienda consistirá en echar para atrás la ley de crecimiento, la anterior reforma tributaria sancionada por el gobierno: descuentos en la tasa de renta a las empresas, devolución del impuesto de ICA, y sobretasa al patrimonio. En otras palabras, la nueva reforma pone en evidencia la solidaridad de los empresarios, que es digno mencionar. Pero también lo innecesario que era la reforma precedente para fomentar el crecimiento (ahora el plan de reactivación pasa por volver a poner los impuestos que se quitaron), y lo innecesario que era tener una misión de expertos diseñando una propuesta de reforma que se quemó en la salida junto con el ministro que la promovió.

Ante este estado de las cosas ¿Cómo vislumbramos el futuro? En el corto plazo, la tendencia devaluacionista se calmará cuando, en su orden retorne la estabilidad social y se solucione el panorama fiscal. 

El segundo punto parece más fácil de lograr, aunque esta será solo una solución de paso pues el déficit continuará siendo elevado en el mediano plazo. Infortunadamente, los pronósticos de crecimiento, reducción del gasto e incremento de los ingresos fiscales actualmente disponible (lo que conocemos de ellos) lucen desconectados de la realidad. Por ejemplo, el gobierno pronostica que la reactivación tomará solo dos años y el país retornará a su senda de crecimiento en 2023 lo que, como he comentado en otros espacios es irrealista frente a un proceso de reactivación y recuperación que seguramente tomará alrededor de 20 años. En el frente externo el país sigue dependiendo en gran medida de la inversión internacional y el descubrimiento de nuevos pozos, la demanda y los precios internacionales del petróleo, no de la competitividad o el incremento de la productividad. Entre tanto, la solución a los problemas dramáticos de desempleo y pobreza no figuran en un plan de gobierno realista. 

La esperanza parece estar puesta en que el crecimiento económico se traduce en mayor contratación, y aunque esto debe ser cierto en alguna medida—marginal de acuerdo con la experiencia histórica pues al país le tomo 12 años reducir el desempleo del 16% al 10% después de la crisis de fin de milenio en 1999—también es necesario dar solución al problema de la informalidad, la desigualdad salarial y la precariedad laboral que se esconde detrás de las estadísticas de la población ocupada. Con un 10% de la población ocupada que revela no recibir ningún tipo de salario (curioso mantener la clasificación como ocupados de trabajadores en estas condiciones) y más del 50% con niveles salariales inferiores al mínimo, y con una tasa de informalidad laboral superior al 50% no resulta sorprendente que los niveles de pobreza sean tan altos en Colombia y se hallan disparado más con la pandemia. Pero si resulta sorprendente la negligencia del gobierno para dar soluciones institucionales definitivas a este problema.