Andrés Sánchez-Jabba, investigador del Banco de la República, estuvo el 6 de agosto en la Sala de Proyecciones para hablar sobre los efectos de la reconstrucción del municipio de Santa Lucía, tras la ruptura del Canal del Dique, ocurrida en 2010. El evento, llamado Después de la Inundación, fue organizado por Uninorte Social. 

El investigador señaló que uno de los hallazgos que tuvo durante el trabajo que viene realizando desde hace varios años fue que, tras el desastre natural y el plan de reconstrucción de las autoridades, no solo se revirtió el choque inicial sino que las condiciones de vida de sus pobladores han mejorado en aspectos como el mercado laboral y el acceso a créditos. Para el estudio tomó en cuenta datos desde 2008, previo a la ruptura, hasta 2018 de 3.455 hogares que suman 14.514 personas. 

Para contextualizar, la ruptura del Canal del Dique resultó en 2.400 metros cúbicos de agua que entraron al municipio. Cerca del 92 % de la población fue desplazada, 23 % perdió su empleo y el 23 % de las viviendas se reportaron como daño total. La reconstrucción de Santa Lucía fue un plan que se organizó desde el Gobierno Nacional y que fue ejecutado por el Fondo de Adaptación y el departamento de Prosperidad Social, quienes según cifras de Sánchez Jabba, aportaron conjuntamente recursos por más de $50.000 millones. De acuerdo con el conferencista, al menos 90 % de la población reportó haber recibido algún tipo de ayuda, apoyos que iban desde nuevas viviendas hasta electrodomésticos y mercados. 

Uno de los aspectos que analizó Sánchez-Jabba fue el hecho de que en Santa Lucía habían fallas en el mercado de crédito por factores como ausencia de colaterales, debido a que los pobladores de esta región no poseen escrituras formales de sus casas y no tienen una educación financiera adecuada, ni tienen historia crediticia. Para combatir esta problemática, el Gobierno lanzó el programa Produciendo por mi Futuro (PxMF), que entrega hasta $1.5 millones para apertura de empresas, sin la cantidad de prerrequisitos que tienen las líneas de crédito convencionales. 

El 99 % de las aplicaciones en Santa Lucía fueron aprobadas. Sánchez Jabba halló que PxMF incrementó la probabilidad de incursión en empresas no agrícolas en 8 puntos porcentuales. Así también, los datos revelaron que el 82.5 % de los encuestados deseaban incursionar en mercados no agrícolas. Para el investigador, una de las respuestas a esta tendencia está relacionada con el nivel de ingresos, superior por 200 mil pesos en promedio, de otros mercados por sobre el trabajo en el campo. 

Así también, señaló que el mercado laboral del municipio se ha revitalizado a raíz de las obras de infraestructura que se realizan. En 2008, el 38 % de la fuerza laboral se dedicaba a la agricultura, esta cifra pasó al 16 % en 2018. “45 % de los cambios observados corresponden a personas que empezaron a trabajar en las construcciones del gobierno(...) Algunos de ellos (17 %) se dedicaron a la comercialización de bienes agrícolas no transables, y otros (7 %)  a la prestación de servicios”

Otro de los factores analizados por el conferencista fue la reducción en los gastos de salud a raíz del mejoramiento de las viviendas del sector. De acuerdo con Sánchez Jabba, el mejoramiento en las condiciones generó un ahorro por persona de alrededor de 43 dólares mensuales en gastos médicos y choques trimestrales. Alrededor del 15 % del ingreso mensual, que es alrededor de 900 mil pesos. 

El investigador encontró también durante su estudio algunas ineficiencias en la distribución de la ayuda. Una de las situaciones que resaltó fue que el 54 % de los beneficiarios de las viviendas palafíticas no residían en Santa Lucía. Además encontró que el 15 % de las 217 casas entregadas por el Gobierno se encuentran ocupadas en arriendo. Esto demuestra que algunas de las ayudas fueron otorgadas a aquellos que no las necesitaban con mayor urgencia, y esto es para Sánchez-Jabba una situación a estudiar para optimizar la entrega de ayuda. 

por Leonardo Carvajalino