Reflexiones sobre la función del control fiscal en una sociedad democrática

Con el objetivo de abordar un tema crucial para el desarrollo económico y la transparencia gubernamental en el país, la Universidad del Norte organizó el martes, 15 de agosto, un conversatorio sobre el control fiscal en Colombia, en donde expertos en el ámbito económico y fiscal del país analizaron la importancia del control de los recursos públicos y su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, bajo la moderación del director del Departamento de Economía, Andrés Vargas.

Antonio Hernández Gamarra, economista y excontralor general de la República, analizó el control fiscal como una herramienta fundamental para el buen uso de los recursos públicos y su contribución a la construcción de una democracia eficaz. El rector Adolfo Meisel aportó su perspectiva como economista y académico, enfocándose en la importancia de la historia económica de Colombia, y Jaime Bonet, gerente del Banco de la República - sede Cartagena, enriqueció la discusión con su experiencia en economía regional y finanzas públicas territoriales. 

De esta forma, el coloquio se centró en tres modelos de control fiscal: el control previo, el control resarcitorio y el control preventivo. Se destacó que, aunque el control resarcitorio busca reparar el daño causado al patrimonio público, su eficiencia es limitada debido a la impunidad y la complejidad del proceso. Por otro lado, el control preventivo, enfocado en anticipar los problemas, fue analizado, ya que puede obstruir la administración y ser invasivo en las funciones de otros entes del Estado.

“El control es parte insustituible de un estado democrático, más en una sociedad como Colombia. Por eso es importante que sociedad se apercibe de la enorme debilidad que el control fiscal tiene en el país, y de la importancia de resolver sus problemas”, señaló Hernández.

Además, con un ejemplo ilustró el potencial de un control preventivo efectivo en la prórroga de la exploración del gas en La Guajira, caso que demostró cómo la anticipación y vigilancia de políticas públicas pueden tener “un impacto positivo” en la toma de decisiones y en la protección de los recursos públicos. “La elección de un buen contralor es condición fundamental de que haya división de los poderes públicos”, puntualizó.

El rector Adolfo Meisel repasó la economía colombiana en el siglo XIX, período en el que el país experimentó un estancamiento económico preocupante, evocando un crecimiento del PIB per cápita desalentador y un nivel de vida estancado. Colombia ocupaba una posición lamentable en términos de ingreso per cápita, junto con Honduras y Haití.

Sin embargo, partir de 1910, el país experimentó un auge en las exportaciones, principalmente a través del café. La deuda impagada y las dificultades de acceso al crédito internacional caracterizaron gran parte del siglo XIX. Fue solo con el auge cafetero que el país logró cierta liquidez y credibilidad en los mercados internacionales. Sin embargo, como señaló Meisel, el caos monetario y la falta de un sistema de control fiscal seguían siendo obstáculos.

Las intervenciones de los panelistas también exploraron el papel de la Superintendencia Financiera y la Contraloría General en la lucha contra la corrupción y la mejora de la calidad de vida. Se señaló que la corrupción no es el único obstáculo en el camino hacia una provisión efectiva de bienes públicos. La mala inversión también es un factor que puede debilitar la capacidad del sector público para ofrecer servicios y mejoras reales a la población.

“Uno de los problemas serios que tenemos es la provisión de bienes públicos y cómo lograrla, la Contraloría juega un papel importante. Aún si tuviéramos cero corrupción, con este Estado que tenemos no lograríamos los resultados que requerimos para hacer una buena provisión de bienes públicos”, reflexionó Bonet.